Clemencia sin vindicta. El perdón en la provincia de Antioquia entre 1816 y 1821

Ponencia presentada en el simposio “Perspectivas sobre la independencia en Antioquia” (16 de agosto de 2019)

Desde muy temprano en la narrativa de la revolución de independencia de Colombia se instituyó la idea que los indultos durante la campaña de Pablo Morillo no fueron otra cosa sino una farsa. Decía José Manuel Restrepo en las primeras páginas del séptimo tomo de la edición parisina de su Historia de la Revolución de la República de Colombia impresa en 1827:

Cuando se perdía la provincia de Antioquia, se hallaba Morillo en Mompox y en Ocaña de camino para Santafé. Llevaba consigo el consejo permanente de guerra, y muy activamente se ocupaba de esterminar á los patriotas que caían en sus manos, para saciar su ardiente sed de sangre americana. […] Morillo, que era hipócrita refinado, publicó en Ocaña un indulto que comprendía á los capitanes y demás subalternos que depusieran las armas y se entregaran cada uno con la tropa que mandase. […] Este indulto jamás penetró al territorio independiente, no produjo efecto conocido.[1]

Henao y Arrubla, base para el discurso histórico que se impartió en las escuelas de Colombia hasta prácticamente inicios de los noventas, decían respecto a las ofertas de clemencia de Morillo:

Las halagüeñas promesas del Pacificador eran falaces, su corazón no abrigaba la clemencia y el pasado no había de olvidarse; la protección ofrecida, con la cual engañó la buena fe de los hombres de la patria, corria parejas con la mismísima que se dispensara a los indígenas por algunos conquistadores.[2]

Es fácil entender por qué el término “Reconquista” caló en esta narrativa, pues así como la conquista había iniciado con la crueldad de los españoles que engañaban a los indígenas con el requerimiento para justificar la guerra y el sometimiento por la fuerza, Morillo habría usado el indulto únicamente como una estrategia para atraer a los patriotas, nuevas víctimas de la ambición hispana.

Aunque el historiador siempre aspira a matizar las expresiones exageradas, no es posible negar que en la campaña capitaneada por Pablo Morillo para la pacificación de las provincias de Venezuela y del Nuevo Reino de Granada predominó el terror antes que la clemencia. Pero no era esta una medida de simple crueldad, ni tampoco de psicopatía. Desde finales del siglo XVIII se hacía fuerte entre los oficiales, especialmente los militares, que el orden de las provincias solamente se podía garantizar con la fuerza, con la demostración de la potestad del rey y no con la flexibilidad con los insolentes que no se sometían a las autoridades del reino.

Mi hipótesis es que Morillo, Sámano, y otros oficiales encargados de las campañas de pacificación, fueron “herederos” de José de Gálvez, el afamado ministro de Indias que fungió en su cargo desde 1776 hasta su muerte en 1787. Gálvez fue premiado con ese oficio tras la exitosa campaña de pacificación del norte de Nueva España, en la cual primó el terror antes que el perdón. Al terminar su campaña dijo:

[…] la demasiado indulgencia, o más propiamente la absoluta impunidad que por mucho tiempo consiguió la gente popular de los reales de minas y otros pueblos del reino [de Nueva España], fue introduciendo el espíritu de rebelión hasta el punto de romper frecuentemente el vasallaje y la obediencia, a que sólo se sujetan los hombres de ningunas obligaciones por el temor del castigo, y como este Imperio estaba desarmado, no era fácil imponer respeto a los delincuentes cuando la justicia no llenaba los vacíos del poder.[3]

Tampoco era esta una idea original de José de Gálvez. De hecho podría considerarse como una expresión del “espíritu de la época” que, aunque no negaba que el rey tenía el poder de perdonar, consideraba que la clemencia debería manifestarse solamente como premio a la obediencia, no como una especie de resolución necesaria tras cada rebelión. Recordemos que tras la ejecución de José Antonio Galán se diseminó el texto del fraile Raymundo Azero, Premios a la obediencia: castigos a la inobediencia, y en un círculo más reducido se compartió el manuscrito del fraile Joaquín de Finestrad, El vasallo instruido, los cuales compartían la misma idea: al monarca, y por extensión a sus autoridades, se les debía el más absoluto obedecimiento, tanto en los actos como en el pensamiento, “os debéis guardar de ofenderle aun con solo el pensamiento”, decía el fraile Azero.[4]

Este circunloquio era necesario antes de entrar a la provincia de Antioquia pues es relevante resaltar que el perdón es primero un acto cultural y luego un hecho jurídico. El indulto general del rey, el de Morillo, y los que promulgaron sus capitanes, eran iguales desde un aspecto jurisdiccional: mandatos para que las justicias cesaran sus acciones sobre aquellos que habían ofendido al monarca o la república. El problema era cómo lo interpretaban aquellos encargados de aplicar el indulto: ¿Era el perdón una forma de garantizar la paz o en cambio es un fomento a la insolencia? ¿Acogía a cualquier vasallo por el simple hecho de presentarse a recibir gracia o lo merecían solamente aquellos que hubiesen demostrado arrepentimiento y verdadera lealtad? ¿Podía ser un instrumento para el aprovechamiento de los sancionados en beneficio del reino o debía ser un acto que acogiera a los menos en premio a sus servicios? Las cédulas de indulto no contenían la respuesta a esos interrogantes, por lo que solía predominar el arbitrio del oficial o juez encargado de decidir si alguno saldría libre o debería pagar por sus acciones. Antes de la revolución, los jueces más prudentes se acogían a lo que decía el fiscal o el asesor letrado, dilataban la respuesta pidiendo más testimonios o pruebas, y en no pocas ocasiones el expediente finalizaba en la petición de indulto sin que se resolviera si el reo estaba abrigado por la gracia real. Pero en tiempos de la restauración monárquica no había ni tiempo ni jueces, la Audiencia estaba en el exilio y no era práctico dedicarse a enviar expedientes para que se ratificaran las decisiones. Por ello, era el general, el gobernador, o el virrey, los encargados de decidir de la manera más expedita el destino del que se acercaba a acogerse al perdón.

Tampoco debería considerarse al indulto como una acción marginal dentro del proceso revolucionario y de restauración. La historiadora Rebecca Earle, en España y la independencia de Colombia, identificó más de veinte indultos promulgados por los realistas entre 1810 y 1820 que abarcaban a los reos americanos, si a estos les sumamos los indultos expedidos por las juntas, congresos y ejércitos revolucionarios, debemos aceptar que los indultos no fueron para nada excepcionales. Al contrario, representaron un elemento fundamental en la lucha por el control de los habitantes de Venezuela y el Nuevo Reino desde el inicio de la crisis de la monarquía hasta el establecimiento definitivo de la república de Colombia en 1821 (que, a propósito, también resultó en la promulgación de un indulto por parte del Congreso de Cúcuta).[5]

El caso de Antioquia

Es aceptado al día de hoy que en la provincia de Antioquia el proceso de restauración monárquica fue menos riguroso que en otras provincias del Nuevo Reino de Granada. Dos trabajos que considero sumamente relevantes para construir esta idea son la tesis de pregrado en historia de Elizabeth Chaurra Gómez y Sor Catalina Gutiérrez López, titulada “Reconquista e indulto”, publicada por la Academia Antioqueña de Historia; y el trabajo de Daniel Gutiérrez Ardila, La restauración en la Nueva Granada. En estos se deja ver cómo el proceso de control de la provincia por el comandante Francisco Warleta en los primeros meses de 1816 fue relativamente sencillo. Tras algunos combates menores, las tropas realistas entraron al corazón de la provincia sin enfrentar resistencia. Los jefes del gobierno antioqueño huyeron al conocer la inminente entrada de las fuerzas de Fernando VII e inmediatamente los soldados antioqueños se desbandaron, huyeron a los montes dejando su armamento atrás. De esta manera, Warleta tenía dos opciones: iniciar una campaña de sometimiento por la fuerza de los habitantes de la provincia o iniciar un proceso de control de la provincia sustentado en el conocido proceso de perdón de las faltas. Como es conocido, se optó por la segunda opción.

A diferencia de procesos anteriores en el que los indultos a los rebeldes se saldaban con promesas de obediencia, en la restauración monárquica se concibió la fórmula de la “purificación”, que en términos generales consistía en la averiguación de la conducta de los participantes en los gobiernos independientes y, en dado caso, imponer una pena corporal o pecuniaria para “purificar” al rebelde. Pues bien, Warleta asumió una estrategia interesante que consistió en purificar al indultar. De esta manera, con la promesa del perdón, se conminaba a quienes ocuparon cargos en el gobierno antioqueño para que, acompañados de los testimonios de tres testigos, declararan su grado de culpabilidad. La ventaja que tuvieron los habitantes de Antioquia era que podían inculpar al ausente, argumentar que habían sido obligados, amenazados con la pérdida de sus bienes, honra e incluso vidas, si no cumplían con los oficios a los que se veían conminados. Obviamente esta fue una conducta común en todas las zonas donde hubo acciones de purificación del ejército realista, pero una gran diferencia es que muchos de los jefes del gobierno, que tal vez en otras regiones habrían sido pasados por las armas, desterrados o condenados a presidio, fueron perdonados gracias a la oferta de donativos al gobierno restaurado. El ejemplo más reconocido es el de José Manuel Restrepo, quien habría ofrecido una importante cantidad de bienes que pertenecieron a las cajas del gobierno revolucionario a cambio de su indulto, el cual fue graciosamente concedido por Warleta.

El indulto de Warleta y la primera etapa de purificación dieron paso luego a otros perdones. En abril de 1816 el virrey Francisco de Montalvo decretó un indulto para Cartagena, que luego extendió arbitrariamente a Antioquia, acción por la cual sufrió la recriminación de Morillo; tanto así que el indulto no fue ratificado para Antioquia sino hasta abril de 1818.[6] Montalvo actuó de esa manera pues consideró que era la manera de “silenciar las pasiones y turbación de ánimos en aquella provincia”, pero también es una muestra de la preocupación del virrey, partidario de la negociación antes que del rigor, que prefirió apresurarse a enviar una oferta de misericordia, tal vez temiendo una posible toma de la provincia a sangre y fuego.

Por otra parte, el gobernador de Antioquia, Vicente Sánchez Lima, con el parecer del asesor del virrey y el fiscal de la Real Audiencia, publicó en noviembre de 1816 una proclama en la que exhortaba a los habitantes de la provincia a resguardarse en sus hogares, retomar a sus trabajos, y presentarse a recibir el indulto que les ofrecía.[7] El 10 de diciembre de 1816 se extendió para los reinos de las Indias el indulto general de Fernando VII, concedido tras contraer sus segundas nupcias (con Isabel María de Braganza). Este se recibió y obedeció en la provincia de Antioquia el 10 de julio de 1817.[8]

Es decir, en menos de un año los habitantes de la provincia de Antioquia tuvieron la necesidad de presentarse a impetrar cuatro indultos: uno militar, uno virreinal, uno provincial, y uno real. La lógica dictaba que acogerse a uno implicaría ser abarcado por todos, finalmente, el perdón indicaba la liberación de la pena y el consecuente mandato a las justicias del rey para que no fuese molestado aquel que recibía la gracia regia. Pero, a pesar de la calma no estaba el virreinato en condiciones normales. De hecho, era una eclosión de corregidores que poco contribuían a reforzar el orden. Por otra parte, si tenemos en cuenta que los perdones se acompañaban frecuentemente con la erogación de un donativo, es claro que podía generarse cierta desconfianza al asociarse a los indultos con una estrategia de enriquecimiento personal o de desangre de la provincia para el sostenimiento de la tropa española.

Aun así, los indultos se aplicaron y fueron muchos los que se acogieron a la oferta del perdón. Como se observa en la tabla, tan solo los indultados de la villa de Medellín triplicaban a los de toda la provincia de Pamplona, lo cual brinda una idea de la acogida que tuvieron en Antioquia las diferentes ofertas de perdón.

Fuente: Chaurra Gómez y Gutiérrez López, Reconquista e indulto. AGNC, Archivo Anexo, Fondo justicia, tomo 29, ff. 646r-650r

Uno de los problemas fue que no se desarrolló una política de confianza en los americanos. Morillo, Sámano y Tolrá no se sometieron al partido que buscaba la clemencia, que no sólo eran el virrey Montalvo y el presidente de Quito, Toribio Montes; sino también el Consejo de Indias. Esto impidió que los indultados pudieran sentirse seguros de que sus delitos no serían sometidos a un nuevo juicio. El temor estaba sustentado en la incertidumbre. Para diciembre de 1818 el gobernador Sánchez Lima fue reemplazado por el capitán Carlos Tolrá, famoso por su crueldad con los habitantes de Popayán y Santa Fe, y éste se quejó ante Sámano, nombrado virrey un año antes, a quien le dijo que Lima “indultó a todo mundo”. A Tolrá le parecía que los perdones habían sido concedidos sin las formalidades procesales y sin la verificación de los testimonios y confesiones de los remitidos. Incluso le pidió consejo a su asesor para saber qué podría hacer para “quitar de la provincia algunos pájaros que pudieran con su influjo en el pueblo causar algún trastorno”.[9]

Cuando llegan en agosto de 1819 las tropas comandadas por José María Córdova para liberar a la provincia, según lo ordenó Simón Bolívar, puede considerarse que para muchos habitantes de Antioquia significó un alivio en tiempos de zozobra. Sus temores no eran infundados, Sámano ya había revertido algunos indultos en Santa Fe y enviado a los supuestos infidentes al exilio.[10] Para satisfacción de los antioqueños, en febrero de 1820 el Congreso de Angostura expidió un indulto general en conmemoración de la unión de Venezuela y Nueva Granada, el cual se recibió en la provincia el 5 de mayo e inmediatamente se publicó en las plazas de la gobernación. Este perdón estaba dirigido a aquellos que habían colaborado con el gobierno fernandino, incluyendo a los españoles europeos, pero sirvió para que todo aquel que hubiese estado preso incluso por delitos comunes se acercara a la gracia que ofrecía el nuevo gobierno.

En 1821, el encargado del gobierno político del Nuevo Reino de Granada apostado en Cartagena, acusó el recibo del indulto general de diciembre de 1820 promulgado por la jura de la Constitución de Cádiz, y en este anotó que los indultos no habían representado ningún beneficio para la corona. Afirmó que los habitantes de Nueva Granada y Venezuela miraban los indultos con mofa y los interpretaban como muestras de debilidad de las tropas españolas. Paradójicamente, unos meses antes, el virrey de Nueva España le había transmitido al rey una comunicación en la que alababa los medios de dulzura para la pacificación de esas provincias. Claramente estas medidas no lograron mover a la lealtad a los militares que lideraron el ejército trigarante que le dio el golpe de estado a las autoridades fernandinas, pero si Nueva Granada estaba perdida definitivamente no lo había sido por el rechazo al amor del rey.

Notas

[1] José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la república de Colombia, tomo VII (Paris: Librería americana, 1827), 5-7.

[2] Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria, 3ª ed., tomo II (Bogotá: Librería Colombiana, 1920), 336.

[3] Citado en Felipe Castro Gutiérrez, Nueva ley y nuevo rey: reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España, Colección Investigaciones (Zamora, Mich: El Colegio de Michoacán, 1996), 97.

[4] Raymundo Azero, Premios a la obediencia: castigos a la inobediencia (Bogotá: Antonio Espinosa de los Monteros, 1782).

[5] “Decreto de 25 de junio de 1821 sobre indulto a varios delincuentes”, en Colección de documentos relativos a la vida pública del libertador de Colombia y del Perú Simón Bolívar. Tomo segundo (Caracas: Imprenta de Devisme hermanos, 1826): 257-258.

[6] AGI, Santa Fe, 549.

[7] AGNC, SC Archivo Anexo, Historia, tomo 21, ff. 553r-575r.

[8] AHA, decretos superiores, tomo 16, doc. 571.

[9] Gutiérrez Ardila, Daniel. La restauración en la Nueva Granada (1815-1819) (Posición en Kindle 2894-2895). Universidad Externado. Edición de Kindle.

[10] AGI, Santa Fe, 748


Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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