Plazo, abolitio, dilatio: tres conceptos claves en el proceso de la gracia regia.

Siguiendo la tradición del ius commune, la generali abolitione construía una situación jurídica particular en la cual a los criminales cobijados por la gracia no se les extinguía el delito, sino quedaba suspensa la acusación por el tiempo de celebración (tradicionalmente 30 días para los indultados en la cárcel de la Corte), lapso durante el cual el acusador podía entablar nuevamente la causa. Después de dicho término, aquellos que habían sido liberados lo serían para siempre pues quedaba vetada la posibilidad de formular nuevamente la acusación.[1] Esta interpretación estaba inspirada en el códex justinianeo, específicamente en el punto que dice: “Cuando al tiempo en que nuestra indulgencia extinguió las acusaciones criminales no se hubiere entablado por ti la acusación, deja de haber la excepción de la abolición pública”.[2] En el caso del indulto general, el rey fungía como parte ofendida y retenía en sí la causa,[3] motivo por el cual, a menos que durante el plazo establecido acusara nuevamente al indultado éste garantizaba su libertad.

Aunque esta suspensión de la pena inherente a la abolitio pueda parecer una “ficción jurídica” tenía efectos prácticos, tal vez el más evidente era la posibilidad que un inculpado por un delito grave pudiese suspender la causa al impetrar el indulto, buscar el perdón de parte que lo remitiera de la condena, o por lo menos apostar por la conmutación de la pena ordinaria. Asimismo, en algunos indultos se extendía la gracia a los pobres presos por deudas por el término de treinta días usando la “fianza de la haz”,[4] obligación jurídica en la que el rey cumplía el rol de fiador del miserable para que éste pudiera acordar con sus acreedores una manera de saldar su deuda en el plazo mencionado. Si pasado el plazo no se había liquidado la deuda o la parte no desistía de la imputación, el fiado tendría que regresar a la cárcel; en caso de no hacerlo, el rey se obligaba a pagar la deuda que dejaba el pobre.[5] Las cédulas contemplaban asimismo que se ayudaría a pagar sus deudas “con algún socorro” que por una única vez sería contribuido desde el ramo de penas de cámara.

El gran inconveniente de tratar el indulto general como abolitio consistía en que no había con ello restitución de la fama, es decir, se borraba la acusación pero no el delito, por lo cual el indultado quedaba libre pero con la infame nota de delincuente.[6] Como se ha dicho anteriormente, la restitución al estado original era fundamental para aquellos que requerían recuperar su oficio, negocios, o la honorabilidad de sus hijos manchada por el delito paterno; pero a menos que la cédula indicara de manera explícita que el rey incluía con el indulto la restitución de los bienes y fama, o se decía que con el perdón resultaba la plena libertad, el indultado solamente tenía garantizada su libertad.[7] En este sentido habría que profundizar en algunos aspectos. La primera cuestión es que el acusado, en particular aquel que no estaba siendo procesado por delitos graves, no había ganado infamia iuris; sin embargo, el hecho de acogerse al perdón general era equiparable a la confesión del delito, por ende, el indulto irrogaba la infamia del reo.[8] Otra cuestión es que el juez ordinario no contaba con la potestad para restituir bienes ni fama, por lo cual, aquel que había sido tachado de infamia tendría que recurrir directamente al rey o al virrey para que usando de sus facultades les perdonaran de manera particular.[9] Por otra parte, los jueces encargados de determinar la sentencia de indulto tenían a su favor la regla de la interpretación; al no estar determinada por una cláusula específica la restitución de bienes, pero tampoco el embargo de los mismos, el tribunal podía decidir de manera favorable al indultado siguiendo su arbitrio, e incluso apoyarse en una de las tantas opiniones que consideraban el perdón general desde su perspectiva más indulgente.[10]

Similar a la abolitio, la dilatio se relacionaba directamente con el plazo del juicio. El plazo, en sentido estricto, comprendía el espacio de tiempo acordado legalmente, por el juez, o por convenio de las partes, para responder a la demanda que se le hacía al acusado.[11] La práctica legislativa castellana había definido unos términos relativamente precisos para resolver cada instancia judicial que solían asimilarse en los procesos civiles y criminales, destacándose la dilación citatoria de tres días, la probatoria de nueve días mínimo y máximo ochenta, y la ejecutoria, que era “arbitraria á la prudencia del Juez, dilatándola mas ó menos segun las circunstancias”.[12] En relación con el perdón general, la dilatio comprendía el término establecido para acogerse a la gracia, el cual prorrogaba los plazos judiciales dependiendo de la situación procesal de la causa. El tiempo para acogerse a la gracia y ejecutar los procedimientos necesarios para obtenerla estaba determinada por cada cédula de indulto, por lo general de tres a seis meses para los reos que estuvieran dentro de España y un año para los que estuvieran ausentes del reino, plazo que empezaba a correr desde el momento en que fuese publicado el edicto de perdón. No todas las cédulas de perdón general comprendían un plazo establecido, aquellas que se limitaban a la cárcel de Corte establecían un procedimiento por el cual dos ministros de Cámara hacían traer las causas de aquellos que tuvieran la posibilidad de recibir el beneficio de indulto y determinaban quienes podían ser dejados en libertad; en este caso, no había otro plazo más que el ordinario de una visita de cárcel.[13]

Garsia Mastrillo hacía la distinción entre plazo y dilatio, el primero correspondía al tiempo estipulado en la cédula, del cual hacía algunos comentarios. En primer lugar, que era válido que durante el plazo se consiguiera un acuerdo económico entre la parte ofendida y el condenado, quedando al arbitrio del juez si validaba la conmutación o remisión de la pena. Por otra parte, Mastrillo indicaba que el tiempo del plazo correspondía efectivamente al de la abolitio, por lo cual si durante ese término el acusador no ratificaba su denuncia el perdón se consideraba legítimo. En tercer lugar, señalaba que el tiempo indicado para que el sindicado se presentase no se sumaba desde el día que impetraba el indulto sino desde la publicación de la cédula, de tal modo que un reo que suplicara el indulto faltando unos pocos días para finalizar el plazo tendría que contar con ese plazo para conseguir la gracia. Mastrillo indicaba que era necesario que todos los procedimientos para obtener el indulto (la presentación, la vista fiscal y la decisión), incluido el perdón o satisfacción de parte, se hicieran en el término demarcado. Si el perdón se otorgaba posteriormente se podía considerar denegado. Inclusive el “papel de indulto”, la nota en el expediente, o cualquier escritura resultante de la libertad del preso, debería estar dentro del plazo señalado por la cédula.[14]

La dilatio, según Mastrillo, abarcaba los juicios civiles, específicamente los relativos a deudas. La diferencia estaba en que mientras el plazo permitía que el reo se presentara (en caso de los rebeldes o ausentes este plazo era fundamental) y el tribunal tuviera el tiempo para determinar la resolución, o pedir se corrigieran procedimientos elaborados de manera incorrecta por un juez anterior o juzgado inferior; la dilatio permitía que el deudor extendiera el tiempo requerido o acordado para satisfacer la deuda, o por lo menos para llegar a un acuerdo con su acreedor. El tiempo por el cual el rey decretaba la extensión del plazo para subsanar la deuda difería del plazo establecido para los delitos del ámbito criminal, el cual era indicado expresamente en el edicto de indulto.[15] Como se puede observar, la dilación y la abolitio eran bastante similares, sin embargo, en sentido estricto, la primera se relacionaba con el tiempo para cumplir un procedimiento en tanto la segunda se definía como la suspensión de la sentencia. Escoger acogerse a una prórroga del plazo podía depender no sólo de una cédula de indulto, también eran relevantes los acuerdos entre partes, el arbitrio del juez, y la garantía que un acuerdo que liberara al sindicado de sentencia no fuera en detrimento del acreedor. La ventaja de la abolitio consistía en que permitía que en caso de un acuerdo, el denunciante pudiera volver sobre la acusación original y reiniciar el proceso para la satisfacción de sus deudas.


Referencias

Alonso Romero, María Paz. El proceso penal en Castilla (Siglos XIII al XVIII). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982.

Diego-Fernández Sotelo, Rafael, y Marina Mantilla Trolle, eds. La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español: los papeles de derecho de la audiencia de la nueva Galicia del licenciado Juan José Ruiz Moscoso, su agente fiscal y regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810. Vol. II. IV vols. Colección Fuentes. Zamora, Michoacán : Guadalajara, Jalisco: Colegio de Michoacán ; Universidad de Guadalajara, 2003.

Rodríguez Flores, María Inmaculada. El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971.


Notas

[1] Mastrillo, Ad indultum generale, cap. V, núm. 3. Gregorio López, glosa “gran alegría” a Partidas, P. VII, tít. XXXII, ley 1. Rodríguez Flores, El perdón real, 209.

[2] “Quum eo tempore, quo indulgentia nostra crimina exstinxit, accusatio a te instituta non fuerit, publicae abolitionis praescriptio cessat”. Código, lib. IX, tít. XLIII, “de generali abolitione”, núm. 2.

[3] López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, núm. 48.

[4] “Al virrey y Audiencia de Lima, que los presos que estuvieren por deudas civiles les hagan soltar por 30 dias para que se conpongan con sus acreedores a honor del nacimiento del Principe nuestro señor”, Madrid, 30 de enero de 1630, AGI, Indiferente general, 429, leg. 37, ff. 201v-202r. Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina Mantilla Trolle, eds., La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español: los papeles de derecho de la audiencia de la nueva Galicia del licenciado Juan José Ruiz Moscoso, su agente fiscal y regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810, vol. II, Colección Fuentes (Zamora, Michoacán : Guadalajara, Jalisco: Colegio de Michoacán ; Universidad de Guadalajara, 2003), 373. “Real Cédula sobre indulto general concedido con motivo del matrimonio del Príncipe (1803)”, AGNC, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, tomo 35.

[5] Joseph Juan y Colom, Instrucción de escribanos en orden a lo judicial [1736], décima impresión (Madrid: imprenta de Antonio Fernández, 1787), lib. III, ff. 218-219. Alonso Romero, El proceso penal, 203.

[6] López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, núm. 116.

[7] González de Salcedo, Tratado iuridico-politico del contrabando, cap. 31, núm. 32, f. 179v.

[8] López de Cuéllar, Tratado iuridico-político, núm. 49.

[9] Rodríguez Flores, El perdón real, 204. Algunos ejemplos de este tipo serán explicados más adelante.

[10] Rodríguez Flores, 210–11.

[11] Gregorio López, glosas a Partidas, P. III, tít. 15, ley I y II. Álvarez Posadilla, Práctica criminal, tomo II, diálogo XXXI, 270.

[12] Álvarez Posadilla, Práctica criminal, tomo II, diálogo XXXI, 271. Un listado extensivo de los tipos de dilaciones se encuentra en la Summa de Hostiensis, lib. II, “De dilationibus”, núm. 1.

[13] Rodríguez Flores, El perdón real, 271.

[14] Mastrillo, Ad indultum generale, cap. XXIV, núms. 85-91.

[15] Mastrillo, Ad indultum generale, cap. LXVI, núms. 22-24.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "Plazo, abolitio, dilatio: tres conceptos claves en el proceso de la gracia regia.," en Historia, crimen y justicia, 02/06/2019, https://hccj.hypotheses.org/454.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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