Las mujeres viudas como ‘miserabilium personarum’ y la súplica por el perdón

Aunque para los reinos de las Indias el estatus de los indígenas llame particularmente la atención, no por ello debe olvidarse que el privilegio de pobres y miserables abarcaba a cualquier vasallo del rey que pudiese ser ubicado en dicha categoría. Los reos, por ejemplo, adquirían de manera temporal un estatus de pobreza e incluso un noble podía ser tratado como miserable cuando estaba en la cárcel en espera de sentencia.[1] Hay que tener en cuenta que este era un estado temporal que no equivalía al cumplimiento de la condena, puesto que al estar en presidio o destierro no se consideraba digno de ninguna conmiseración.[2] De hecho, la mujer de un reo podía considerarse prácticamente en la condición de una viuda, no sólo porque su esposo sería incapaz de proveer, sino principalmente porque al ser encarcelado se ordenaba el embargo de bienes y rentas familiares. Por otra parte, hay que resaltar que el rey distribuía su clemencia con buena parte de las viudas de oficiales que quedaban desamparadas e impetraban por una pensión que les permitiera solventar su sostenimiento y el de sus hijos.[3] Como ejemplo del tono de estas solicitudes vale la pena citar una carta que llegó a manos de José de Gálvez en 1780 en la que la samaria María Bárbara Agreda le solicita su intermediación para obtener una pensión del rey:

¿A que aras podré llegar mejor con mi infeliz suerte que a las de el Soberano? ¿Y por qué medio mas propicio que por el de Vuestra Excelencia? Mi summa desgracia, arrastra mi razon, y me incita á que llamando la atención de Vuestra Excelencia por un rato, le suplique que atienda con benignidad a mis vozes, y haga que sonando sus ecos en los piadosos oídos de el Monarcha; logre mi desamparo, la juztizia que merezca.[4]

Como se puede observar del extracto anterior, aunque esta viuda alegara una condición de desamparo, tenía la capacidad para comunicarse con el rey a través del Secretario de Indias. Del mismo modo, una mujer que deseara impetrar perdón ante el juez tendría la posibilidad de apelar a un abogado que fungiera como intermediario para escribir la súplica. Un caso ilustrativo en este sentido fue el reclamo que hizo Josefa Ramona de Gracián, ya que en su comunicación al Ministro de Gracia y Justicia la reclamante pretendía que se revocara el destierro que había sido decretado por la Audiencia de Caracas, argumentando principalmente que la captura de su marido se había conseguido mediante el engaño de habérsele ofrecido indulto a nombre del rey.[5] Claramente, la carta pretendía mover a la piedad del magistrado o del rey al mencionar la condición a la que había sido reducida como consecuencia de la “expatriación” de su esposo:

La triste y deplorable citación [sic: situación] á que me hallo reducida con ocho hijos todos pupilos en la obligacion natural de alimentarlos sin tener otras ayuda para ello que el fabor del cielo me comprometen y presisan á no sesar de pedir y reclamar á mi esposo mayormente dificultando de la justicia de su expatriamiento despues de haberse prometido y empeñado la palabra y nombre del Rey para seguridad de quantos denunciasen su ciencia ó implicacion directa ó indirecta en el asunto.[6]

El memorial de Josefa Ramona de Gracián incluye más elementos que pretenden demostrar la inocencia de su esposo, y por otra parte, evidenciar que con las acciones injustas contra él se había generado una situación que había llevado a su familia al borde de la miseria. Aunque de Gracián no ocultaba que había heredado una casa de su primer matrimonio, exponía que esto sólo había prevenido que cayeran en la “mendicidad ostiaria”,[7] debido al embargo de bienes ordenado por la Audiencia. Por otra parte, esta mujer enfrentaba no sólo la desgracia propia de la reducción de medios de subsistencia, sino aquella que se generaría por consecuencia de la infamia:

Todo seria superable á los esfuerzos de un corazon christiano. La ambre y la sed podrian ser suplidas como esta susediendo por la piedad y misericordia del vecindario. La falta del exposo y padre de la familia podria dulcificarla ó hacerla menos cencible una lisongera esperanza ¡pero Señor! esta nota de infamia á la que no puede sobrevivir la criatura menor acondicionada; este borron ó pena que por las Leyes, y en opinion de todas las gentes hace al hombre indigno de toda consideracion cibil, rompe los vinculos que le unian á los demas hombres y que le sirve como sucede en el Yndostan con los Pulichis de afrentosa dibisa para que hullan de el sus semejantes; [8] esta nota, esta pena, ó este borron, que segun las Leyes del Reyno hace conciderar muerto al hombre en quanto á los bienes y comodidades de esta vida; son los que no pueden superarse á fuer[za] de toda resignacion, pues todabia esta incierta la suerte de Goenaga y ya es la ora que su Muger é hijos se ven aislados en medio de la sociedad porque despues de haber echo publica su delacion con el repentino expatriamiento y seqüestro de vienes todos les huyen, todos les miran sobrecogidos y todos les reputan por desgraciados ¡Oh Dolor![9]

Nótese que la suplicante, por medio de su procurador, no se atribuye el estatus de “pobre de solemnidad”, en su lugar, clama piedad y misericordia para que el rey, al usar esas virtudes, ratificara el indulto que se ofreció en su nombre y, en consecuencia, pudiese recuperar la vida civil que habría perdido tras la nota de infamia acarreada a su familia por el destierro de Goenaga. En este caso, el privilegio que quiere reclamar es el de ser una de las familias principales de La Guaira, de hecho así lo enuncia de modo literal: “V[uestra] M[ajestad] siguiendo el loable egemplo de sus abuelos con la humanidad, religion y beneficencia que le distingue entre los demas soberanos del universo, no es capaz de permitir la ruina y destruccion del honor de una familia de las principales de este Pueblo”. Pero también apelaba a un sentido del miserable como era la necesidad de amparo, surgida por la desgracia que representó perder a su esposo y enfrentar la infelicidad de la infamia. En el memorial, esta mujer solicitaba ser favorecida con la misericordia del monarca a través de su marido, finalmente, era la petición para la restauración de la felicidad y fortuna que se consideraba injustamente arrebatada tras la oferta engañosa del indulto real.

Ser miserable no era lo mismo que alcanzar la indigencia,[10] por ello, no era una contradicción que Josefa de Gracián apelara al amparo del rey en este caso, aunque no se encontrara en condición de mendicidad. La condición de infortunio a la que apelaba era a la viudez, producto por la separación de su esposo, sumado al hecho de inutilizarlo al impedirle realizar un trabajo que redituara para la subsistencia de la familia. No fueron pocos los tratadistas que consideraron que la condición de viuda se extendía a todas las formas del “marido inútil”, entre ellos quienes estuviesen cautivos, exiliados, o condenados a galeras.[11]

Otro caso similar fue el de Ignacia Admiñahorta, de quien ya tratamos en el capítulo anterior, aunque su situación difería ligeramente al de María Josefa de Gracián en tanto su esposo no estaba preso sino huido en los montes. La súplica de indulto incluía, como era natural, una manifestación de la miseria a la que había sido reducida su familia por la prolongada ausencia de su marido. El perdonar a su esposo significaría restituir su familia al pristinum statum previo a la acusación, retornar el sostenimiento de la familia, y cumplir con los compromisos adquiridos antes de la huida. El compromiso de Admiñahorta consistiría en contactarlo en “el lugar donde se hallasse”, para informarle de la remisión de la pena y pudiera, en consecuencia, retornar a sus labores:

absuelto por el indulto solicitara yo, con la mayor eficacia, el lugar donde se hallasse, para que con la noticia de su livertad volviesse ya indemnisado á poner mano en su honrada industria y travajo, no solo para substentar su familia (como antes de su infortunio honrradamente lo hacia) sino tambien para ir pagando á su Acreedor, que fuera de especial consuelo ir cobrando aunque por partes lo que tiene por perdido para subenir á las notorias estrecheses que padece. Y tambien redunda en beneficio espiritual y temporal de su familia, por la educacion y criansa, á mas de los alimentos, pues una pobre madre, por falta de vestuario para sus hijos deja de ponerlos á la escuela, ocultandolos en cueros en el rincon de su casa, por no exponerlos desnudos á la irrision y vergüensa.[12]

El fiscal de la Real Audiencia, José Peñalver Veque, probablemente aplicando su formación como doctor en cánones por la universidad de Alcalá,[13] resaltó que aunque la solicitud de Admiñahorta parecía “a primera vista […] irregular y mal exemplo”, teniendo en cuenta que por una parte se estaba evitando la aplicación de justicia al impetrar un indulto particular, y por otra parte se estaba ofreciendo a cambio del indulto una suma en contraprestación; aun así, “consideradas las circunstancias lastimosas que se expresan, de quan viudez de la impetrante, y horfandad de sus hijos, y especie de destierro a que se ha sujetado el Solinas […] podrá Vuestra Excelencia si fuere servido arbitrar según sus superiores facultades en la solicitud de la referida Miñaorta [sic]”.[14] Ya fuera por clemencia o por favorecer a la Real Hacienda, el fiscal dedicó unas pocas líneas para justificar la decisión de actuar en favor de la “viuda”, de los “huérfanos”, y del marido inútil.

Otra mujer que solicitó el perdón a nombre de su esposo, quien también se hallaba prófugo de la justicia, fue Juana María Fernández, avecindada en Riohacha. Su esposo, don Juan Benito Salas había sido culpado de haber participado en el levantamiento que terminó con la muerte del teniente de gobernador José Pestaña en 1753 y fue condenado a servir por ocho años en el castillo del Morro de la Habana. La petición fue elevada al alcalde ordinario en febrero de 1781, poco después de haberse conocido en esos territorios el indulto general promulgado por Carlos III el 8 de junio de 1780.[15] Aunque no hay datos sobre la calidad o estatus de esta familia, ni si formaban parte de la principalía riohachera, Juana Fernández provenía de una familia que le permitió heredar algunos bienes, en particular una capellanía que había sido dejada en testamento por su abuela, de la cual esperaba la erogación por censo de 700 pesos. La súplica por el desembargo de sus bienes había iniciado en 1776 sin ninguna decisión hasta el momento en que se conoció del indulto general, por lo cual aprovechó para impetrar el indulto de su esposo ausente por más de dos décadas en alguna “nación extranjera”. Al igual que las impetrantes mencionadas anteriormente, Fernández apeló a la misericordia del juez en vista del abandono de su esposo ausente y la consecuente reducción a la escasez y pobreza, que la habría obligado a realizar labores honestas, aunque “propias de esclava”.[16]

Al llegar la solicitud a consulta del gobernador, decidió que ésta debía ser revisada por la Audiencia de Santa Fe, siendo aquel tribunal el que se encargó del juicio de los involucrados en el levantamiento y muerte del teniente de gobernador Pestaña. Esto pudo ser una dilación para Fernández, pero también fue la posibilidad de clamar a la misericordia del virrey, de tal manera que si no se encontraba a su esposo dentro de los reos cobijados por el indulto general, aún quedaba la posibilidad de que éste usara de su facultad para perdonar y decidiera a favor de Juan Benito Salas. Así, decía en su pedimento enviado en agosto de 1782 al virrey: “haviendose divulgado en toda esta Provincia, que el christiano pecho de Vuestra Excelencia se hace cargo con madura réflex[io]n de los acaecidos y que al pobre le dá el lugar que tiene en Dios, muy consolada hago este mi humilde recurso, suplicando a la piedad de Vuestra Excelencia se digne expedir su benigna determinación”.[17] Valga resaltar que desde junio de ese año el cargo de virrey se encontraba encargado ad interim al Arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngora, por lo que era de esperar que un emisario del brazo eclesiástico actuara con mayor suavidad en favor de la impetrante. Este hecho difícilmente habría sido pasado por alto por Fernández o, mejor aún, por su apoderado, quien más que resaltar la pobreza de la familia y el deseo de recuperar sus bienes, abogaba por la defensa del alma de Benito Salas, quien se encontraba expatriado en “tierras de herejes” (probablemente en las colonias holandesas del caribe). Vale la pena citar en extenso este sugestivo e inusual alegato:

Aunque peligre mi corta herenzia y dona hecha por mi abuela, quiero mas el alma de mi esposo, que ha veinte años se halla entre extrangeros de nuestra santa fe catholica, y con su avansada edad de setenta años, y quasi ciego, tal ves la astucia infernal le puede hacer claudicar. Y no siendo el piadoso ánimo del Rey Nuestro Señor, ni el del charitativo de Vuestra Excelencia, en quien reciden sus Reales facultades, el que se pierda y condene una alma redimida con la sangre preciosisima de Nuestro Redemptor Jesuchristo, por ella, y por las entrañas piadosisimas de su S[antísi]ma M[adr]e, imploro la charidad de Vuestra Excelencia suplicandole se agrade indultar y perdonar a mi esposo.[18]

Los extractos subrayados de seguro llamaron la atención a Manuel Silvestre Martínez, fiscal del crimen de la Audiencia de Santa Fe, como buen bachiller en cánones y más por su experticia como jurista (la cual dejó plasmada en su Librería de jueces utilísima de 1763) sabía que este era un argumento que apelaba no sólo a la piedad del juez, en este caso el virrey, además remitía a uno de los elementos fundamentales de la monarquía católica como era la salvación de las almas y la defensa de la iglesia de Roma. El conjunto de males que presentaba Fernández no podía ser más patético: hambre, miseria, ataques de los indios Guajiros, “y él últimamente metido entre hereges, ateistas, francmasones, careciendo del pasto espiritual, y su alma expuesta á eterna condenación”.[19] Podría insinuarse que el resaltar este temor por el alma de su esposo no era sino una treta para recuperar sus bienes, pero independientemente de su motivación ulterior, el hacer énfasis en la carencia espiritual era otra manera de hacer explícita la necesidad de amparo y el deber del sosiego que debía proveer por una parte el rey y por otra la religión, ambos brazos en propiedad del arzobispo-virrey. Finalmente, no es posible conocer la decisión final ya que el expediente culmina con la remisión que hizo el virrey a la Audiencia para que este tribunal determinara en justicia si era factible el uso de la misericordia. Caballero y Góngora dijo estar “compadecido […] de los trabajos en que se halla este matrimonio”, y estaba de acuerdo con que el solicitante merecía el perdón, aunque dejó la decisión final en manos de los oidores.[20]


Notas

[1] Un artículo muy interesante al respecto fue realizado por Pedro Ortego Gil, “La estancia en prisión como causa de minoración de la pena (siglos XVII-XVIII)”, Anuario de derecho penal y ciencias penales 54, núm. 1 (2001): 43–70.

[2] Álvarez de Velasco, De privilegiis pauperum, parte II, q. III y XI.

[3] Tan sólo habría que revisar las numerosas consultas disponibles en AGI, Santa Fe, 546 y 548

[4] “María Bárbara de Robles a José de Gálvez”, Aranjuez, 8 de mayo de 1780, AGI, Santa Fe, 1200.

[5] Los detalles de este indulto y los argumentos para expatriar a quienes se acogieron serán analizados en un capítulo posterior.

[6] “Josefa Ramona de Gracian, esposa de Martín de Goenaga”, La Guaira, 15 de marzo de 1798, AHN, Consejo de Indias, Secretaría de Presidencia, leg. 21672, exp. 3.

[7] La ostiaria mendicitas se refería a la de aquellos que se postraban ad portas de la iglesia para pedir limosna de los fieles. Viene del adjetivo latino ostiarius, ii; el cual indica que algo está relacionado con una puerta.

[8] Es probable que el ejemplo de los “Pulichis” del Indostán haya sido tomado del periódico Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, núm. 163, 12 de enero de 1789, 775.

[9] “Josefa Ramona de Gracian, esposa de Martín de Goenaga”.

[10] Paulino Castañeda Delgado, “La condición miserable del indio y sus privilegios”, Anuario de estudios americanos 28 (1971): 255.

[11] “Vidua etiam dicitur quoad fori privilegium mulier illa, quæ virum quidem habet, sed captivatum, vel exulem, vel ad triremes damnatum” Giacomo Menochio, De arbitrariis judicum [1569], edición enmendada y ampliada (Génova: Samuelis de Tournes, 1690), lib. II, c. 66, núm. 9.

[12] “Doña Maria Ygnacia Admiñahorta”, AGNC, sección colonia, juicios criminales, tomo 87, doc. 27, f. 845r-v.

[13] Algunos datos sobre este fiscal se pueden encontrar en Ainara Vázquez Varela, “De la primera sangre de este reino”: las élites dirigentes de Santa Fe (1700-1750), 1. ed, Colección Textos de ciencias humanas (Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2010), 81 y 88–89.

[14] “Doña Maria Ygnacia Admiñahorta”, 845v-846r.

[15] Juana Fernández ya había realizado una petición de indulto para su esposo en junio de 1780 a través del gobernador de Santa Marta y Riohacha, don Antonio de Narváez y la Torre, la cual fue rechazada por el fiscal de la Audiencia de Santa Fe pues hasta el momento sólo se conocía el indulto de desertores promulgado el 23 de febrero de 1779. AGNC, sección colonia, juicios criminales, tomo 217, doc. 15, ff. 593r-594v. La orden de publicación del indulto general de desertores (4 de mayo de 1780) fue dada por el gobernador de la provincia de Santa Marta en agosto de 1780, es probable que el indulto general hubiese sido publicado en las ciudades de dicha provincia a las pocas semanas. “El gobernador de Santa Marta acusa recibo de la real orden de indulto a desertores”, Santa Marta, 19 de octubre de 1780, AGNC, sección colonia, milicias y marina, tomo 99, f. 777.

[16] “Doña Juana María Fernández, sobre que se le indulte a su marido”, AGNC, sección colonia, Real Audiencia – Magdalena, tomo 4, doc. 2.

[17] “Doña Juana María Fernández”, f. 39r.

[18] “Doña Juana María Fernández”. Subrayados en el original.

[19] “Doña Juana María Fernández”, f. 39v.

[20] “Doña Juana María Fernández”, f. 40r.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "Las mujeres viudas como ‘miserabilium personarum’ y la súplica por el perdón," en Historia, crimen y justicia, 14/05/2019, https://hccj.hypotheses.org/448.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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