El edicto de indulto del virrey Caballero y Góngora de 1782: un perdón, tres textos.

Existe poco riesgo en afirmar que la “rebelión de los comuneros” constituye uno de los levantamientos más conocidos de la historia del Nuevo Reino de Granada.[1] La sublevación protagonizada por la gente común, o comunes, del Socorro (de donde deriva su nombre), ha sido narrada como la expresión de la resistencia criolla ante el despotismo realista, se la consideró por muchos años como una oportunidad fallida de independencia y en algunos casos como “una revolución social abortada”.[2] Tras más de medio siglo de revisionismo historiográfico, la historia de Colombia ha encontrado consenso en considerar la rebelión de los comunes del Socorro como una “revuelta tradicional” que rechazó las medidas tomadas por el regente Gutiérrez de Piñeres, quien “por ignorancia de los hechos” habría evitado la negociación acostumbrada con los vasallos. Como resume Jorge Orlando Melo, la rebelión “buscaba corregir los errores y excesos y en ningún momento puso en duda la autoridad real.”[3] Sin embargo, a pesar de la relevancia de las sublevaciones locales en el gobierno del virreinato, no es prudente menospreciar las implicaciones de la rebelión de los comuneros en el orden político de las provincias del Nuevo Reino, ni descartar que, aunque no hubiese un interés por atacar la autoridad real, la relación entre las autoridades españolas y los vasallos americanos se modificaron significativamente en los años posteriores al levantamiento. Como lo explicó Anthony McFarlane hace dos lustros, si bien la rebelión comunera no fue un movimiento independentista, sí provocó una crisis política al demostrar a la corona que ya no era posible depender de la obediencia incondicional de sus súbditos en el Nuevo Reino de Granada.[4]

En sus inicios, la rebelión era similar a cualquier otro levantamiento local con pequeños disturbios en villas como Simacota, Mogotes y Charalá que rechazaban la imposición del estanco del tabaco y del aguardiente, además del impuesto de la armada de Barlovento al hilo de algodón, medidas introducidas por el visitador Gutiérrez de Piñeres desde mediados de 1780.[5] Para marzo de 1781, cuando se impusieron nuevos cargas fiscales, se orquestó el levantamiento del pueblo del Socorro para el domingo 16, aprovechando la aglomeración de personas por ser día de mercado. Rápidamente la revuelta tuvo eco en otras poblaciones afectadas por las restricciones al cultivo del tabaco, específicamente Simacota, Pinchote y San Gil. Para mediados de abril el Socorro ya había presenciado tres importantes revueltas y de ellas emergió un liderazgo local que se encargó de concertar el movimiento regional en contra del visitador general y las innovaciones fiscales.[6] Gracias a este encabezamiento y la organización de un “Supremo consejo de guerra”, la rebelión alcanzó un nivel de coordinación poco frecuente en otras sublevaciones de la época, de tal manera que en pocas semanas lograron ocupar posiciones y sumar pueblos a su causa. Entre tanto, en la capital se desarrollaba una estrategia en la cual los oidores y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora lograron convencer al regente Piñeres, quien fue el blanco del odio popular,[7] para que huyera de Santa Fe y se refugiara en la seguridad de Cartagena, ciudad donde se encontraba el virrey Manuel Antonio Flórez organizando los preparativos para un posible ataque de las tropas inglesas.[8] El movimiento se fortaleció significativamente con la unión de los pueblos de la provincia de Tunja, lo cual le brindó un carácter de levantamiento general al poder incluir indígenas dentro de sus capitanes y soldados, de los cuales el más destacado fue Ambrosio Pisco, quien sería conocido como el “príncipe de Bogotá”; con lo cual lograban imitar el carácter indígena de la temida rebelión de Túpac Amaru II.[9]

Francisco Berbeo, capitán de los sublevados, logró agrupar una fuerza cercana a los 20000 hombres, “mal apertrechados pero entusiastas”, con los cuales logró establecerse a la distancia de un día de camino hasta Santa Fe. El 31 de mayo, Berbeo se reúne con el arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngora, comisionado por la Audiencia para llevar a cabo la pacificación de la sublevación. Tras esta reunión se separan los sublevados provenientes de Tunja y Sogamoso, quienes se instalan en la población de Cajicá con el propósito de frenar el avance de los socorranos y evitar su llegada a la capital. Entre tanto, Berbeo tenía la presión de conseguir un acuerdo con el arzobispo antes de la llegada de las tropas desplegadas por el virrey desde Cartagena.[10] Entre más se dilataban las negociaciones se incrementaba la impaciencia de los comuneros, quienes en un momento llegaron a tumultuarse y a gritar “guerra, guerra a Santa Fe”; con lo cual generaron un nivel de tensión que obligó al arzobispo a aceptar los términos de las “capitulaciones” según lo exigían los rebeldes. Finalmente, la Audiencia aprueba los términos, justificándole al rey que actuaban así porque de otra manera se hubiese dado paso al saqueo de la capital y “la total destrucción de la autoridad real”.[11]

Después de la firma de las capitulaciones vino un proceso en el cual las autoridades santafereñas buscaron estrategias para desaprobar las capitulaciones; de hecho, al momento de desarmarse los comuneros y restablecerse el orden en el reino el tratado fue formalmente anulado bajo el argumento de que éste había sido impuesto por la fuerza.[12] La excusa de la cual se sirvieron para anular las “capitulaciones” fue el amotinamiento de los indios de Nemocón, reprimido con rapidez y rigor, dejando varios amotinados muertos y otros capturados, quienes fueron trasladados para ser juzgados a Santa Fe. Entre estos últimos se encontraba Ambrosio Pisco, acusado de traición y crimen de lesa majestad.[13] Por otra parte, en el valle del río Magdalena el grupo al mando de José Antonio Galán, charaleño apostado en el lugar para evitar la comunicación entre Santa Fe y Cartagena por esta vía, desobedeció la orden de replegarse a sus pueblos y se hizo rebelde contra Berbeo y los demás capitanes comuneros. Finalmente, apostado en el poblado de Onzaga, fue capturado por una escuadra capitaneada por Salvador Plata, quien había sido capitán general de los comuneros del Socorro. Este personaje se ha constituido en la figura más reconocida del movimiento gracias a la mistificación del personaje hecha por la narrativa nacional, y luego por la izquierda del siglo XX, similar a la suscitada por la figura de Túpac Amaru II en el Perú.[14] Si bien la gloria militar de Galán se reduce a un par de victorias en el valle del Magdalena, y a pesar de no haber logrado acarrear consigo la suficiente fuerza en hombres y alianzas como para avanzar hacia Santa Fe, se convirtió rápidamente en la figura que necesitaba la Audiencia de Santa Fe para ratificar la necesidad de actuar con rigor contra los rebeldes que no aceptaban acatar las órdenes de las autoridades santafereñas. En palabras de Phelan, “Había que volver a Galán un símbolo de la rebelión, a fin de sembrar el temor entre sus posibles imitadores”.[15]

El juicio de Galán fue expedito pero no apresurado. Durante tres meses se llevó a cabo un proceso ordinario del cual resultó sentenciado a la pena ordinaria junto a sus tenientes, en tanto otros miembros de su tropa fueron condenados a castigo corporal de azotes. Aunque la ejecución de Galán y sus tenientes no alcanzó los niveles de espectacularidad de los suplicios de José Gabriel y Diego Cristóbal Túpac Amaru,[16] el mensaje ejemplarizante que se quería transmitir con su martirio público fue evidente. La aplicación de último suplicio por horca y corte de miembros no era común, de hecho en la revisión de los casos por homicidio que se realizó en el Archivo General de la Nación de Bogotá solamente se hallaron dos sentencias de último suplicio que involucraron el desmembramiento post mortem de la mano derecha, que debía ser puesta posteriormente en una escarpia en el lugar donde se cometió el delito. Aun así, en ninguno de los casos se aplicó porque los reos lograron escapar de las cárceles.[17] En todo caso, el derecho castellano especificaba que la pena ordinaria para el crimen de lesa majestad era morir “infame y ahorcado”, perdimiento de bienes, infamia de los hijos y de su memoria, además de la destrucción de sus casas.[18]

No es exagerado afirmar que la Audiencia deseaba que la ejecución de Galán tuviese un gran impacto en aquellos que asistieran al suplicio o supieran de él por vía del rumor o la noticia. La sentencia por lesa majestad cumplió con lo determinado de manera ordinaria, pero se incluyeron algunos “toques macabros” (como los caracterizó Phelan). Galán fue penado con morir ahorcado, que su cuerpo fuera decapitado y dividido en cuatro partes, ordenándose que los restos se quemaran y los miembros distribuidos por los escenarios de la revuelta. La cabeza tendría como destino Guaduas, “teatro de sus escandalosos insultos”, la mano derecha en el Socorro, la izquierda en la villa de San Gil, el pie derecho en Charalá (su lugar de nacimiento) y el izquierdo en Mogotes, escenario último de sus acciones. Finalmente, se declaró infame su descendencia, embargados sus bienes, se ordenó el derribo de su casa y que fuese sembrada con sal, “para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona tan detestable memoria, sin que quede otra cosa que el odio y espanto que inspira la fealdad del delito”.[19] Similar destino corrieron las vidas y cuerpos de los tenientes Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz; en tanto los diecisiete cómplices restantes fueron azotados, pasados por debajo de la horca con un dogal al cuello, sus bienes confiscados y desterrados perpetuamente a los presidios de África. Otros cuatro individuos que se vieron involucrados en menor medida fueron desterrados de Santa Fe y las villas del Socorro y San Gil.[20]

El suplicio de Galán representó el final de la sublevación de los comuneros,[21] pero el colofón de la revuelta fue el indulto general concedido por el ahora arzobispo-virrey Caballero y Góngora, con el cual extendió el perdón que había concedido el virrey Flórez en octubre de 1781.[22] Tras la huida del regente Piñeres, y con la ausencia del virrey Flórez, el prelado santafereño se convirtió en la cabeza de facto del poder político en el Nuevo Reino, ganando protagonismo y prestigio en la Corte gracias a la representación que hizo de su papel en la pacificación de los rebeldes. Sólo hasta la ejecución de Galán, le fue aceptada la renuncia que había estado solicitando el virrey Flórez y le fue trasladado el empleo a Juan de Torreázar Pimienta, gobernador de Cartagena, quien murió a los pocos días de arribar a Santa Fe, el 11 de junio de 1782. Caballero y Góngora, quien gozaba del favor real, además del apoyo del regente Piñeres (quien regresó a Santa Fe en febrero de 1782), fue designado por el rey como el encargado de ejercer el virreinato ad interim en caso de que Flórez o Pimienta no pudiesen ejercer sus cargos. La coincidencia trágica de la muerte del virrey permitió que el arzobispo asumiera el empleo el 15 de junio de 1782 de manera temporal y fuese titulado como virrey en propiedad el 7 de abril de 1783 por un periodo de cinco años.[23]

Una de sus primeras acciones como virrey fue precisamente la publicación del “Edicto para manifestar al público el indulto general concedido por nuestro Catholico Monarca El Señor don Carlos III. A todos los comprehendidos en las revoluciones acaecidas en el año pasado de mil setecientos ochenta y uno”.[24] Desde el punto de vista formal, el indulto fue dividido en 13 capítulos, que se pueden agrupar en tres secciones. Del numeral 1 al 5 las cláusulas relativas a la remisión de los culpados por la rebelión, del 6 al 9 las promesas para la felicidad pública del reino, y desde el apartado 11 se convierte en una exhortación a los vasallos para el requerido obedecimiento y sumisión a la autoridad real. El edicto fue distribuido en un impreso de 20 cuartillas y puede considerarse como uno de los primeros impresos de gran  alcance en el Nuevo Reino de Granada. En prácticamente cualquier colección documental y patrimonial de Colombia se encuentra una o varias copias de este edicto, y es bastante frecuente encontrar ejemplares en archivos latinoamericanos, lo cual da cuenta de la dimensión de su distribución. El “Edicto” fue una de las armas publicitarias del gobierno de Caballero y Góngora, quien heredó del virrey Flórez el interés por utilizar la imprenta como una innovación que permitiría la pronta circulación de las determinaciones reales por las diferentes provincias virreinales. Casualmente, la conclusión de la rebelión comunera permitió que se utilizara la imprenta para comunicarse con el público con dos impresos: el edicto en cuestión y la exhortación del fraile Raymundo Azuero leída después del suplicio de Galán y sus cómplices, la cual se tituló Premios a la obediencia: castigos a la inobediencia.[25]

El edicto representó mucho más que un indulto general del arzobispo-virrey, consistió en una declaración de un plan de reforma al virreinato en el cual se ofrecía una mano blanda para la justicia y las demandas fiscales, a la vez que se prometía la prosperidad del virreinato. Anthony McFarlane incluso consideró que en el texto del indulto estaba señalado el compromiso por un “nuevo pacto colonial, en el cual la corona ofreció los frutos del progreso económico a cambio de la obediencia incondicional a la autoridad real”.[26] Es evidente que la rebelión de los comunes del Nuevo Reino trajo como consecuencia un afán por revitalizar la conciencia del lazo entre los vasallos americanos y la Corona, que se puede interpretar al modo de François-Xavier Guerra como el “renacimiento del pactismo”,[27] y en este sentido fue la expresión del paternal amor, clemencia, piedad, y fraternal corrección del rey hacia sus vasallos, que debía corresponderse moralmente con la lealtad y obediencia del súbdito.[28] A diferencia de la donación ofrecida por el indulto general, este ofrecimiento exigía y esperaba una respuesta superior de los agraciados, pues no sólo se les daba su libertad sino se les ofrecía el retorno a la fama, mercedes y privilegios que podrían haber perdido si no se hubiese otorgado dicha dádiva.

Afortunadamente contamos con una clave de lectura para interpretar la intencionalidad del texto representada en la carta que le envió el arzobispo-virrey a José de Gálvez, adjunta a seis copias del indulto, en la cual le explicó los motivos por los cuales incluyó ciertos puntos en el edicto. En la comunicación le dice al Secretario de Indias que el indulto lo promulgó “con el único y preferente objeto de dar puntual cumplimiento a quanto Su Magestad manda, y radicar más la tranquilidad conseguida en esos vastos Dominios”.[29] Más interesante aún es el hecho de que casi al finalizar su escrito el arzobispo-virrey le haya dicho a Gálvez: “En mucha parte de este yndulto notará V. E. expresiones que no merecen estas gentes, pero hay ocasiones en que para decir a uno lo que debe hacer es menester suponer, y aun asegurar, que lo há hecho”.[30] Es decir, que aunque se acepte que muchas de las frases atenuantes de la culpabilidad de los partícipes (en especial los cabecillas) fuesen falsas, y que las concesiones se consideren inmerecidas, para lograr la obediencia de los vasallos era necesario representarlos como si en realidad hubiesen sido víctimas del engaño y tuvieran la filial inclinación a obedecer a su legítimo señor. De manera tal que políticamente era preferible conseguir la obediencia que errar en la merced, como se ratificó en el siguiente párrafo de la carta cuando dijo el virrey, “que hay crisis tan peligrosas y con tan violentas combulsiones, que es menester cortarlas al instante sin reparar en las malas, ó buenas, resultas de los medicamentos. Las que observamos son todas las mejores, y el Reyno se halla en una perfecta tranquilidad, obedientes los vasallos del Rey, y prontos todos á quanto se les mande”.[31] De tal manera que, le aseguraba Caballero a Gálvez, gracias a sus acciones se había apagado el fuego de la sedición en el Nuevo Reino de Granada.

La excepcionalidad de este indulto en relación con todos los publicados por los virreyes americanos radica en que no se limitó a excusar la imposibilidad práctica para aplicar los castigos requeridos por la vindicta pública. Desde la primera línea el arzobispo se dirige “a todos y cada uno de nuestros súbditos de qualesquier estado y condición que sean”, de cierta manera, parece hablarle a su grey antes que a los vasallos. Que una real orden abarcara a los vasallos en general no era algo excepcional, pero difícilmente se encuentra una cédula real que esté específicamente dirigida a los súbditos. No debe sin embargo confundirse con un sermón o un texto doctrinal. El edicto cumplió con la forma tradicional, evitando un gran despliegue de retórica o erudición, por lo que es claro que quería que fuese entendido de la manera más amplia posible, tal vez no alcanzando a los más rústicos, pero por lo menos a los principales de cada población. Podría considerarse que la innovación que planteó este edicto consistió en que más que centrarse en el arrepentimiento y reconciliación de los súbditos, condicionó el futuro de la felicidad pública a la tranquilidad del reino. De esta manera, no se ofrecía el perdón por un acto desinteresado de clemencia, sino con la condición de una “pronta y sincera conversión al soberano”.[32] Puede afirmarse que fue un indulto carente de virtud, desprovisto de clemencia y paternal amor. Al rey se le describe como “amable Soberano”, el “más benigno y más liberal de los Monarcas”, pero hay que resaltar que el arzobispo-virrey se describía a sí mismo como “Padre y Pastor de una Grey”, que ahora investido de autoridad tendría la capacidad para incrementar las gracias y beneficios que la liberalidad del rey se dignaría en concederles por su mediación.

El indulto tampoco enunciaba los delitos incluidos o excluidos de la gracia, tan sólo advierte que el perdón no abarcaba los derechos de terceros o del Real Fisco. Incluía sí a los reos presos y a los acusados ausentes que se presentaren en el plazo de un año, cuyas causas no serían tratadas por las justicias ordinarias sino deberías ser remitidas a la Real Audiencia para continuar los procedimientos en dicho tribunal y evitar que quedaran testimonios en los juzgados locales.[33] En este sentido, abarcaba a los acusados de haber hecho parte de la sublevación, dejando a arbitrio del juez la gama de delitos que podía remitir y la acción a tomar dependiendo de la etapa procesal en la que se encontrara el reo. La costumbre especificaba que la base de los levantamientos quedaba indultada con el simple hecho de regresar a sus casas; de hecho, en 1774 una pragmática sanción de Carlos III determinó que en caso de conmoción popular, “todos los bulliciosos, que obedecieren, retirandose pacificamente al punto que se publique el Vando [que los conminaba al orden], quedarán indultados, á excepcion solamente de los que resultaren autores del bullicio, ó conmocion popular, pues en quanto á éstos, no ha de tener lugar indulto alguno”.[34]

El indulto específicamente incluía a los denominados capitanes de los comuneros, quienes habrían tenido “la desgracia de acaudillar gentes y mandar tropas sublevadas”.[35] Librar a los cabecillas del castigo puede caracterizarse como un aspecto “controversial” del indulto del arzobispo-virrey. La práctica de la clemencia real prevenía que se castigasen los líderes del levantamiento, que sirvieran como ejemplo, y poder demostrar la piedad con los demás partícipes de las sublevaciones. Hábilmente, el indulto indicaba que la ejemplaridad del castigo había sido conseguida con el suplicio de Galán y sus cómplices, con lo cual quedaría “satisfecha la Justicia” a la vez que se habría escarmentado a los seguidores del “jefe invulnerable”.[36] Públicamente, Caballero y Góngora lo justificó de tres maneras: los capitanes fueron forzados por la turba, aceptaron los cargos para evitar mayores estragos, se vieron impulsados “por un efecto de su errónea y punible ignorancia”.[37] De esta manera, no serían caudillo en sentido estricto, pues no se les podría acusar de haber liderado la rebelión de manera premeditada; al contrario, su inopia los haría dignos de misericordia. En efecto, la remisión fue de lo más amplia pues no sólo les perdonaba y libraba de la pena, además restituía la fama de los líderes quienes quedaron declarados como “habilitados para que sin aquella infame nota que trahe consigo el negro título de Capitan de Levantados, puedan obtener, y exercer todos los empleos honoríficos, civiles y militares, á que sean acreedores por su mérito”.[38]

En la carta a Gálvez, el prelado advertía que había omitido cuidadosamente del segundo capítulo del indulto las palabras “motores, autores y cabezas del motín”, por lo que la ambigüedad en la determinación de los comprehendidos en el indulto era parte de la estrategia política de Caballero y Góngora para dejar el campo abierto a “providencias posteriores” que pudieran llevarse a cabo para enjuiciar a los líderes de la rebelión.[39] Además, indicó que el haber incluido a los titulados como capitanes, que al parecer se podían diferenciar de las “cabezas” de la sublevación, había sido una medida que había tomado “pues de otro modo era imposible sosegar los recelos de los principales sugetos de los Pueblos, ni establecer solidamente la tranquilidad publica del Reyno”. Según el arzobispo-virrey, la información con la cual Flórez determinaba que las capitulaciones habían sido invalidadas, y con ello el indulto que en éstas se exigía, se filtró en el pueblo de Nemocón y por ello se presentó nuevamente la revuelta. El malestar se habría originado porque los habitantes de dicho pueblo confundieron a los motores de la revuelta con los capitanes, estos últimos sujetos del indulto acordado con el virrey Pimienta como fue tratado en las capitulaciones.[40]

En la comunicación se enuncia una cuarta justificación para incluir a los capitanes en el indulto general, y consistía en que si se castigaban a estos sujetos, que habían sido forzados por la turba y llevados contra su voluntad a dirigir la rebelión, el gobierno de la república quedaría en manos de “gente rústica e incapaz de administrar recta justicia”.[41] Afirmaba el virrey que los capitanes eran principales, hacendados y vecinos distinguidos, que habían sido forzados a participar precisamente por las calidades que tenían. Dejar en poder de la gleba a las alcaldías conllevaría el riesgo de que la justicia fuera utilizada para iniciar vindictas personales, pues según lo habría visto en el Nuevo Reino, sus habitantes no demostraban amor al prójimo y por ello estaban continuamente calumniándose “con los más ligeros motivos”.[42] Por otra parte, era la retribución a una estrategia que organizó Caballero y Góngora cuando se dedicó como arzobispo a calmar las provincias del Socorro y San Gil. En ese entonces había coordinados con los cabildos de esas ciudades el nombramiento de capitanes entre los vecinos principales y honrados, para que lideraran la sumisión a las justicias y con ello se pudiera detener cualquier nuevo brote de insurrección.[43]

En el indulto se hacía explícito que sería recompensada la “heoryca lealtad” de Salvador Plata y sus acaudillados por haber aprehendido a la hueste de Galán, con lo cual se habría quitado “el negro borron a su Patria” al evitar que se propagara la rebelión por las demás provincias. Caballero y Góngora conecta hábilmente el heroísmo del otrora capitán comunero con el hacerse digno de merced y el olvido para conseguir la restitución. Valga recordar que una de las máximas del indulto era que éste remitía la pena pero no borraba la infamia, por lo cual una orden para “borrar, si fuere posible, de la memoria de las gentes aquel triste monumento de infidelidad” representaba la recuperación del honor perdido por las ciudades que fueron escenarios de la insolencia. Por una parte, el arzobispo virrey ejecutó una acción de benignidad al ordenar que los miembros de Galán y las cabezas de los demás ajusticiados se retiraran de la vista del público y se les diese cristiana sepultura a unos hombres que “que públicamente arrepentidos borraron sus delitos con sus lagrymas, y su penitencia”.[44] Por otra parte, estaba concediendo un indulto a la provincia, algo que había explicado López de Cuéllar en su tratado sobre los indultos:

Siendo cierto, como lo es, que la Ciudad puede delinquir, y se la puede castigar […] Tambien lo es que el Principe á las Ciudades, Provincias, y Reynos, que delinquen, y sacudiendo el yugo de la obediencia se revelan, si conociendo su error rendidos obedecen su Imperio, puede perdonarlas, y restituyrlas á su antigua fama, y privilegios, que por su delito avian perdido.[45]

Como lo expresó en el indulto y en la carta a Gálvez, la tranquilidad de la provincia y el haber contribuido a la captura de Galán eran evidencia suficiente de la humillación de las provincias infames. La reconciliación de la ciudad no se acompañó de una ceremonia de humillación pública que ratificara la lealtad y el ofrecimiento del perdón,[46] como sucedió en Quito tras la “rebelión de los barrios” de 1765.[47] Por lo tanto, el hecho de retirar los miembros mutilados de las villas de Socorro, San Gil, y los pueblos de Guaduas, Charalá y Mogotes, se consideraría como suficiente para representar la vuelta de estos poblados a la gracia del rey.

Por otra parte, el virrey ofrecía como evidencia de su nuevo mando, retirar algunas innovaciones fiscales que se consideraron como la causa del descontento popular. Esta era la ratificación de otro de los acuerdos realizados para desbandar la rebelión, específicamente los dos primeros puntos de las capitulaciones.[48] Unos días después de la firma de las capitulaciones, en junio de 1781, el virrey Flórez comunicó en una carta circular al cabildo, justicias y regimiento de la villa del Socorro que se eliminaría el gravamen de armada de Barlovento además de las guías y contraguías, prometiendo la negociación del permiso de cultivo de tabaco, algo que no se incluyó posteriormente en el edicto de Caballero y Góngora.[49] El impuesto a la armada de Barlovento había sido creado en 1635, implementado en el distrito de la Audiencia de Santa Fe en 1640, para contribuir al sostenimiento de las flotas del caribe que hacían presa de navíos con contrabando y de defender los puertos de ataques piratas, mediante el cobro de un 2 por ciento adicional a la alcabala.[50] No era del todo falso la afirmación que hacía el arzobispo virrey de que la eliminación de este impuesto era simplemente nominal. Desde 1720 la tasa por armada se cobraba junto a la alcabala y para 1778, cuando fueron separados nominalmente por el regente Gutiérrez de Piñeres, fue percibido como si se estableciera una innovación tributaria.[51] En realidad, y así lo manifestaba al ministro Gálvez, lo único que hizo Caballero y Góngora fue restituir la tradición de cobrar el gravamen de armada de Barlovento junto a la alcabala como si fuese un único impuesto, “el qual pagan gustosos estos naturales y con solo haver suprimido el nombre porque en su ignorancia o capricho pesan mas los nombres que la realidad”.[52]

Las guías y tornaguías fueron un sistema diseñado por Gutiérrez de Piñeres que buscaba controlar el tráfico de bienes al interior del Nuevo Reino. Mediante este sistema un agente fiscal de una localidad certificaba que el comerciante había pagado los impuestos correspondientes a las mercaderías que listaba en una guía. Al llegar a destino, el representante local de la hacienda real corroboraba que los bienes que habían llegado cumplían con el pago del gravamen correspondiente, o estaban respaldados por una fianza, y emitía una tornaguía. El malestar con este sistema surgía por la necesidad de los comerciantes de contratar un fiador y de pagar un notario para mover sus mercancías.[53] Nuevamente Caballero y Góngora le aseguró a Gálvez que el retirar la exigencia de las tornaguías fue una necesidad ante la terquedad de los sublevados, pero que había tenido el cuidado de suprimir el nombre “salvando al mismo tiempo la realidad, disponiendo se presenten los despachos a los respectivos Administradores de Alcavalas, y que estos anoten en ellos lo que pagan por este Real Derecho”.[54] Era claro que, aunque el sistema de guías tenía un método para corroborar en destino que se hubiesen realizados las erogaciones correspondientes a la real hacienda, era necesario desarrollar una estrategia que permitiera perfeccionar este mecanismo de control. Sin embargo, aclaraba el virrey, esta decisión podía ser perjudicial a corto plazo para la Corona, pero al asegurarse la tranquilidad pública era la posibilidad de que con “el tiempo, la dulzura y el buen modo” se consiguiera lo que hasta hacía unos meses se consideraba perdido.

La parte final del edicto incluyó la tradicional indicación de excepcionalidad del perdón, por lo que cualquier ofensa futura o reincidencia sería castigada con todo el rigor necesario. Pero esta advertencia, que pudo ocupar una sola sentencia, estuvo acompañada de la idea de que era absurdo rebelarse ante un rey tan liberal. En este exhorto a los habitantes del Nuevo Reino se planteaba la idea de un vasallaje basado en tres elementos: el amor a Dios, la obediencia al rey, y la subordinación a las autoridades. La tranquilidad, y por ende la felicidad pública, dependían de la reunión familiar y el vínculo filial entre los vasallos y el rey. El indulto era por tanto la reafirmación de un convenio, el cual fue manifestado de manera expresa, e incluso destacado en bastardilla en el impreso, al decir que “si [los vasallos]  fueren reconocidos á la inestimable gracia del Indulto que les concede, y borraren los excesos pasados con las pruebas mas positivas de Obediencia y Lealtad, se harán acreedores á las felicidades, que se les preparan, y gozarán perpetuamente, de las ulteriores piedades de su Generoso Monarca”.[55]

Hans-Joachim König interpretó esta idea de obediencia filial como una estratagema política de Caballero y Góngora para expresar metafóricamente “la igualdad entre españoles europeos y los españoles americanos demandada por los Comuneros”.[56] Si se asume que los puntos de las capitulaciones resumían las reivindicaciones generales de los diferentes partícipes de la rebelión es posible considerar que la interpretación de König coincide con el punto 22 de dicho documento:

Que en los empleos todos de primera, segunda y tercera planta, hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra la gente de acá conservan, sin que baste a conciliarles correspondida voluntad, pues están creyendo ignorantemente que ellos son los amos, y los americanos todos sin distinción, sus inferiores criados. Y para que no se perpetúe este ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, buena inclinación y adherencia a los americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que a todos los que estamos sujetos a un mismo Rey y Señor debemos vivir hermanablemente. Y al que intentare señorearse y adelantarse a más de lo que corresponde a la igualdad, por el mismo hecho sea separado de nuestra sociabilidad.[57]

Sin embargo, la exhortación de Caballero y Góngora estaba más preocupada en sustentar la debida obediencia a las autoridades reales y eclesiásticas que en resolver un posible malestar relativo al origen de los titulares de los oficios del reino. El arzobispo virrey quería dejar clara la jerarquía de representaciones que descendía desde Dios hasta el superior gobierno, y así lo expresó claramente cuando dijo: “representamos al vivo la Imagen de Dios y del Soberano dibujada con los tiernos colores de no pocas lágrimas derramadas á los pies del Santuario y del Trono, para interceder por la seguridad de sus vidas y Haciendas”.[58] Sin duda el punto 22 de las capitulaciones correspondía a una reivindicación a favor de un gobierno de americanos, un evidente rechazo además al regente visitador quien asumió una política arrogante para la reforma acelerada de las convenciones fiscales y de gobierno. Al igual que la Representación vindicatoria del cabildo mexicano de 1771, este enunciado de las capitulaciones es un manifiesto del descontento con el método empleado por José de Gálvez para implementar las reformas propuestas por Carlos III, en especial el destierro de las mediaciones y acuerdos para adelantar las innovaciones.[59]

El problema radica en que ni el texto del indulto de Caballero y Góngora, ni la carta explicativa, ni los textos de agradecimiento que circularon posteriormente, tratan de este punto. König contrapone el edicto del arzobispo virrey con El vasallo instruido de Finestrad, señalando que este último se enfoca en la paterna autoridad monárquica en lugar del clamor de “hermandad” del primero.[60] Sin embargo, el edicto de indulto recalca permanentemente que el deber del súbdito es obedecer y no cuestionar las decisiones tomadas por las autoridades legítimas; de cierta manera, era una forma más sutil de expresar que los vasallos estaban para callar y obedecer. Precisamente, en estos sutiles juegos del lenguaje es donde radica la habilidad política de Caballero y Góngora. La excepcionalidad del edicto de indulto se manifiesta en la conjunción de un texto ordinario de gracia con un exhorto moral y político, la concesión de perdón que incluía un documento público, leído por bando y que además circularía de modo impreso por los confines del virreinato, en el cual se manifestaba el nuevo convenio entre el más liberal de los monarcas y sus más obedientes vasallos.


Notas

[1] Margarita Restrepo Olano, “Sublevaciones en el virreinato neogranadino durante la segunda mitad del siglo XVIII: un balance historiográfico”, Historia 1, núm. 47 (2014): 169–70, https://doi.org/10.4067/S0717-71942014000100008.

[2] John Leddy Phelan, El pueblo y el rey: la revolución comunera en Colombia, 1781 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 332.

[3] Jorge Orlando Melo, Historia mínima de Colombia, Colección Historias mínimas (México: El Colegio de México, 2017), 91. Una perspectiva reciente, contraria a la idea de una “revuelta tradicional” y a favor de la revolución moderna campesina y popular, es la de Héctor Jaime Martínez Covaleda, “La Revolución de 1781: campesinos, tejedores y la ‘rent seeking’ en la Nueva Granada (Colombia)” (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2014), https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=142807.

[4] Anthony McFarlane, Colombia before Independence: Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule, Cambridge Latin American Studies 75 (New York: Cambridge University Press, 1993), 264.

[5] Phelan, El pueblo y el rey, 70–73.

[6] McFarlane, Colombia before Independence, 251–52. Véase también la cronología elaborada por María Victoria Montoya Gómez, “Castigo y perdón: el movimiento comunero. Nuevo Reino de Granada, 1781”, Mouseion, núm. 18 (2014): 39–40.

[7] Véase los pasquines, en particular “nuestra cédula”, transcritos por Phelan, El pueblo y el rey, 100–115.

[8] Allan J. Kuethe, Military reform and society in New Granada, 1773-1808 (Gainesville: The University Presses of Florida, 1978), 82.

[9] Phelan, El pueblo y el rey, 146–52; Jairo Antonio Melo Flórez, “La Audiencia contra el príncipe de Bogotá. El proceso contra el indígena Ambrosio Pisco en la insurrección comunera de Nueva Granada de 1781”, Historia, crimen y justicia (blog), el 14 de octubre de 2015, https://hccj.hypotheses.org/17.

[10] El virrey Flórez sólo autorizó el envío de 500 hombres al mando del coronel José Bernet, quienes salieron de Cartagena el 1° de junio y llegaron a Santa Fe hasta el 6 de agosto. Kuethe, Military reform, 86–87. No obstante, como señaló Phelan, “El avance lento pero inexorable de esa pequeña pero poderosa expedición militar fue un instrumento psicológico decisivo para que las autoridades recuperaran el control después de la conclusión de las capitulaciones”. Phelan, El pueblo y el rey, 204.

[11] “Caballero y Góngora a la junta”, 16 de junio de 1781, apud Phelan, El pueblo y el rey, 210.

[12] Phelan, 218.

[13] Phelan, 277. Para un comentario al documento del juicio véase Melo Flórez, “La Audiencia contra el príncipe”.

[14] Phelan, El pueblo y el rey, 261–75; Walker, The Tupac Amaru rebellion, 313-339*.

[15] Phelan, El pueblo y el rey, 283.

[16] Walker, The Tupac Amaru rebellion, 198–200 y 290-291*.

[17] “Causa seguida a los esclavos Juan Antonio Velasco y Salvador Martín por el homicidio de Juan Esteban de Hostos, su amo”, AGNC, sección colonia, juicios criminales, tomo 34, doc. 10 y tomo 49, doc. 2. “Sumario contra Miguel Suárez y Alejo Rivas por homicidio”, AGNC, sección colonia, juicios criminales, tomo 76, doc. 2.

[18] Francisco de la Pradilla, Suma de las leyes penales, (Madrid: Imprenta del reino, 1639), parte primera, cap. III.

[19] “Sentencias de José Antonio Galán y compañeros”, en Juan Friede, Rebelión comunera de 1781: documentos, vol. II, II vols. (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1981), 627.

[20] “Sentencias de José Antonio Galán y compañeros”, 627-628.

[21] Allan J. Kuethe y Kenneth J. Andrien, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon Reforms, 1713–1796 (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 300.

[22] “Bando de Flores en que anuncia indulto a los sublevados y cargo de traición a pertinaces”, Cartagena de Indias, 26 de octubre de 1781, AGI, Santa Fe, 577B. Transcripción disponible en Friede, Rebelión comunera, vol. II, 477-478; y Pablo E. Cárdenas Acosta, El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada (Reivindicaciones históricas), vol. II, II vols., Biblioteca de Historia Nacional, XCVII (Bogotá: Academia de Historia, editorial Kelly, 1960), 163-165. Por una errata, Phelan menciona este indulto como “el perdón provisional otorgado por el virrey Flórez en agosto de 1781”, El pueblo y el rey, 311.

[23] Phelan, 308–10.

[24] BNC, Fondo Quijano, vol. 254, pza. 10.

[25] Francisco Ortega Martínez, “La publicidad ilustrada y el concepto de opinión pública en la Nueva Granada”, Fronteras de la Historia 17, núm. 1 (2012): 27; Francisco Ortega Martínez, “El nacimiento de la opinión pública en la Nueva Granada, 1785-1830”, en Disfraz y pluma de todos: opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX, ed. Alexander Chaparro Silva y Francisco Ortega Martínez, Colección Lecturas CES (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales, 2012), 50.

[26] McFarlane, Colombia before Independence, 264.

[27] François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 3a. ed, 3a. reimp (México: Fondo de Cultura Económica, MAPFRE, 2014), 169–73.

[28] Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación: nacionalismo en el proceso de formación del estado y de la nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994), 209.

[29] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, Santa Fe, 15 de octubre de 1782, BLAA-RM, MSS756, vol. 1, ff. 41r-41v. Otra copia se puede consultar en “No. 3, el Arzobispo virrey de Santa Fe dirije seis exemplares del yndulto…”, AGI, Santa Fe, 594.

[30] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 46v-47r.

[31] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 47r.

[32] “Edicto para manifestar al público”, cap. I.

[33] “Edicto para manifestar al público”, cap. IV.

[34] “Pragmatica sancion de S. M. en fuerza de ley, por la qual se prescribe el orden con que se ha de proceder contra los que causen bullicios ó commociones populares”, (Madrid: Imprenta de Pedro Marin, 1774), Universidad de Sevilla, Biblioteca Rector Machado y Núñez, Fondo Antiguo, A 113/136.

[35] “Edicto para manifestar al público”, cap. III.

[36] “Edicto para manifestar al público”, cap. V.

[37] Edicto para manifestar al público”, cap. III.

[38] Edicto para manifestar al público”, cap. III.

[39] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, ff. 41v-42r.

[40] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 42r.

[41] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 44v.

[42] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 44r. Phelan, El pueblo y el rey, 311.

[43] “Flores a la Real Audiencia”, Cartagena, 22 de octubre de 1781, AGI, Santa Fe, 664. Friede, Rebelión comunera, vol. II, 487-488.

[44] “Edicto para manifestar al público”, cap. V.

[45] López de Cuéllar, Tratado iuridico-politico, núm. 51.

[46] Verónica Salazar Baena afirma que dicha reconciliación se dio con las ceremonias de juramentación de Carlos IV en 1789, “Fastos monárquicos”, 387.

[47] Anthony McFarlane, “The Rebellion of the ‘Barrios’: Urban Insurrection in Bourbon Quito”, en Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, ed. John R Fisher, Allan J Kuethe, y Anthony McFarlane (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990), 238.

[48] 1° “que ha de fenecer en el todo el ramo de Real hacienda, titulado Barlovento, tan perpetuamente que jamás vuelva a oírse su nombre.” 2° “Que las guías que tanto han molestado en el principio de su establecimiento a todo el Reino, cese para siempre jamás su molestia”. AGI, Santa Fe, 557B, f. 750r. Friede, Rebelión comunera, vol. I, 78.

[49] Montoya Gómez, “Castigo y perdón”, 47.

[50] Oscar Rodríguez Salazar, “La caja real de Popayán 1738-1800”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 15 (1987): 12–13.

[51] Phelan, El pueblo y el rey, 49–50.

[52] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 45r.

[53] Phelan, El pueblo y el rey, 50–51.

[54] “Caballero y Góngora a José de Gálvez”, f. 46r.

[55] “Edicto para manifestar al público”, cap. XII.

[56] König, En el camino hacia la nación, 210.

[57] “Las Capitulaciones de los Comuneros”, 8 de junio de 1781, AGI, Santa Fe, 577B. Friede, Rebelión comunera, vol. I, 88.

[58] “Edicto para manifestar al público”, colofón.

[59] Salvador Bernabeu Albert, El criollo como voluntad y representación, Prisma histórico 6 (Madrid : Aranjuez: Fundación MAPFRE ; Ediciones Doce Calles, 2006), 49.

[60] König, En el camino hacia la nación, 210.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "El edicto de indulto del virrey Caballero y Góngora de 1782: un perdón, tres textos.," en Historia, crimen y justicia, 03/03/2019, https://hccj.hypotheses.org/440.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.