La Audiencia contra el príncipe de Bogotá. El proceso contra el indígena Ambrosio Pisco en la insurrección comunera de Nueva Granada de 1781

La Audiencia contra el príncipe de Bogotá. Proceso contra el indígena Ambrosio Pisco en la insurrección comunera de Nueva Granada de 1781 

Comentario de documento

 

Este documento, creado en Santa Fe, capital del Reino de Nueva Granada, cuyas fechas van desde el dos de junio hasta el doce de septiembre del año 1781, se produjo en la época del virrey Manuel Antonio Flórez Maldonado Martínez de Angulo y Bodquín (Sevilla 1720 – Madrid 1799), quien fue virrey de Nueva Granada y presidente de la Audiencia de Santa Fe desde 1776 hasta 1781 y posteriormente virrey de Nueva España entre 1787 y 1789, esto durante el reinado de Carlos III de España. El documento fue ordenado por la Junta del Real Acuerdo de Justicia, acerca de los hechos acaecidos en esos meses en la región de las minas de sal de Zipaquirá, zona ubicada a pocos kilómetros de la capital del virreinato.

El manuscrito, encontrado en la Biblioteca Nacional de Colombia en el fondo “raros manuscritos”[1], corresponde a la reacción de las autoridades de la Audiencia de Santa Fe respecto a la autoproclamación del indio Don Ambrosio Pisco como señor de Chía y Príncipe de Bogotá. Es de anotar que Bogotá en el momento de esta revuelta no correspondía al espacio que hoy es la capital de Colombia, en ese momento era la cabecera del corregimiento del mismo nombre, en tanto el centro del virreinato, la ciudad de Santa Fe, corresponde al centro histórico de la actual ciudad de Bogotá.

Este evento formó parte de toda una serie de sublevaciones ocurridas en el virreinato en el año de 1781[2], que fueron denominadas por la literatura histórica tradicional como la “revolución de los comuneros”[3], causadas en principio por una reacción de varios pueblos neogranadinos contra las reformas fiscales impuestas por la corona. Estas reformas fueron impuestas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien llegó a Cartagena en 1777 y asumió su puesto al siguiente año en Santa Fe con el fin de “reorganizar, racionalizar e incrementar los ingresos fiscales de la Nueva Granada”[4]. La misión de Gutiérrez de Piñeres consistió en intentar replicar la experiencia que tuvo el visitador José de Gálvez en Nueva España entre 1765 y 1771, creando en Nueva Granada “un monopolio eficaz para el tabaco, imponer la administración directa del fisco, expulsar a los criollos de los empleos públicos y restringir el poder del virrey a cuestiones puramente políticas y militares, dejándolo por fuera de los temas fiscales”[5].

Es por esto que Renán Silva ha denominado a las revueltas de 1781 “protestas antifiscales”[6], ya que antes que buscar derrocar la monarquía o instaurar un nuevo régimen político, reivindicaban el estado previo a las reformas, por lo que no pueden considerarse como “antecedentes” de la independencia, como afirma John Lynch: “Los rebeldes abogaban más bien por una utopía de tiempos pasados en los que la centralización burocrática y la opresión fiscal eran desconocidas”[7]. Este documento, más que representar un juicio político, pone de manifiesto el carácter de reacción a las políticas económicas de la Corona, que si bien se le ha querido dar un tinte de político, liberal y pre-independentista, responde más a una respuesta de los habitantes de los poblados que vieron en esta acción la posibilidad de liberarse de las cargas tributarias de la monarquía.

Ambrosio Pisco era un cacique indígena que residía en Güepsa, pueblo de indios de la provincia de Vélez. Tenía en propiedad una hacienda con ganado vacuno y mulas, además de ser administrador de los monopolios de aguardiente y tabaco, cargo que estaba reservado a los vecinos más ricos y prominentes. Poseía tiendas de lienzos en Moniquirá y en la calle real de Bogotá, además manejaba recuas de mulas para el transporte de mercancías, todo lo cual le había representado una fortuna muy por encima de la que podían gozar los indios de la época[8].

El proceso fue llevado por Don Manuel Silvestre Martínez, fiscal de lo civil y criminal en la Audiencia de Santa Fe[9], quien buscaba comprobar la culpabilidad de Pisco en la toma del pueblo de Nemocón donde se incendiaron cuatro casas, murieron cinco personas y se hirieron a aproximadamente veinte de los participantes en las revueltas. El documento consiste en la copia de las declaraciones de tres testigos del amotinamiento, así como una comunicación de Juan Francisco Berbeo, “capitán general comandante de la expedición de los comuneros”[10], encabezado por el mandato de averiguaciones del fiscal Martínez.

Los primeros folios (numerados del 3 al 7) se encuentran escritos en papel de sello cuarto, de medio pliego, de valor de un cuartillo, el cual “debía emplearse para los papeles de oficio y de pobres de solemnidad y de los indios”, y de acuerdo a la Real Cédula que estableció su uso en las Indias occidentales, era permitido el uso de papel común en los pliegos posteriores sin que esto fuera causa de nulidad del documento[11]. Si bien estaba establecido que todos los asuntos judiciales debían figurar en papel de sello tercero de un real, en la práctica judicial la real audiencia de Santa Fe utilizaba el papel de sello cuarto para los procesos de oficio, por lo que este documento comprende parte del proceso contra Pisco y está comprobado su carácter oficial.

El manuscrito de este comentario corresponde al cuaderno nueve del proceso abierto en contra de Ambrosio Pisco. En este sentido, el comentario del presente trabajo se enfocará en la información que brinda este legajo entendiendo que no será una narración del proceso desde su creación hasta su final[12]. El cuaderno consta de dos partes: la primera, comprende los requerimientos del fiscal con los que se abre el proceso en contra de Pisco por haberse autoproclamado príncipe del pueblo de Bogotá, de donde se decía cacique; y una segunda parte la cual corresponde a las averiguaciones que se realizaron por parte del oidor encargado del proceso para determinar una revuelta ocurrida el primero de septiembre de 1781 en el pueblo de Nemocón, la cual se consideró estaba relacionada con las acciones de Ambrosio Pisco. Aunque parezcan dos procesos diferentes, comprenden en realidad parte de una misma causa, la cual estará atravesada por la participación forzada de Pisco en las acciones de la insurrección comunera, la aceptación de las capitulaciones reales con las que se desliga del ejército comunero, y la pérdida de las mismas causadas por los eventos de Nemocón.

La cabeza del proceso la conforma el mandato del fiscal que busca corroborar lo siguiente:

Hubo noticia de que á un yndio llamado Don Ambrosio Pisco se ha proclamado Cazique y Señor natural de Bogotá por los indios del Pueblo de este nombre, y que le han puesto en posesion, y el ha exercido Actos de mero misto y alto imperio, qual es la libertad y esencion de Tributos á los que le han dado obediencia [y] reconocido por tal Cazique[13].

Pisco fue acusado de haberse considerado señor y príncipe de Bogotá al haber asumido la jurisdicción de mero et mixto imperio, esto es, se apropió de la potestad pública (mero imperio) y privada (mixto imperio)[14]. Siguiendo los principios del derecho castellano el mixto alto imperio compete exclusivamente al príncipe o en su defecto al señor, mientras que el mero imperio menor corresponde a cualquier magistrado inferior[15], y esta suposición proviene del hecho de haber ofrecido a los indígenas de Chía el no pago de tributos si se unían a su causa.

La segunda parte de la acusación decía:

Y que á la [sazón] se halla en el exercito de los levantados [con] Título de comunes del Socorro, á las [órdenes] del General llamado Don Juan Francisco [Berbeo], acampado en las cercanías de [Nemocón y] Zipaquirá.

Nemocón era un pueblo de indios de la parroquia de Zipaquirá. Ambos sitios se dedicaban a la explotación de la sal gema en una gran mina que abarcaba además al pueblo de San Juan de Sesquilé. La importancia de este punto en primer lugar está dada su cercanía a Bogotá, la capital del virreinato y sede de la Audiencia de Santa Fe, lo que convertía a este lugar en un punto de avanzada militar hacia el centro del poder político; además, concentraba en su región una serie de pueblos de indios: Cajicá, Chía, Tabio, Cota, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cogua y Pacho; los cuales estaban dedicados a la explotación de minas de sal que hasta las reformas borbónicas estaban bajo el control de los caciques y pueblos indígenas (ver mapa)[16].

El ejército de “comunes del Socorro” debe su nombre al lugar de origen de las revueltas, que fue la villa del Socorro, cuyo jefe militar era el autonombrado general Juan Francisco Berbeo. En 1771 el monarca Carlos III le había otorgado al Socorro el estatuto de villa, gracias en buena medida a que durante el siglo XVIII se convirtió en uno de los centros agrícolas y comerciales de Nueva Granada. Esta “parroquia de blancos” con una alta cantidad de población mestiza, sufrió una crisis originada por una epidemia de viruela en 1776 que diezmó la población en especial de clases bajas y trajo aunada una crisis económica que afectó la modesta prosperidad de las clases altas. Lo anterior es relevante puesto que explica por qué al momento de llegar el alza de los impuestos fue en esta provincia que se originaron los enfrentamientos y las revueltas que se dirigieron hacia la capital virreinal[17].

Mapa. Corregimientos de Ubaté, Zipaquirá y Bogotá y ciudad de Santa Fe, Nueva Granada, siglo XVIII

Fuente: Herrera Ángel, Marta, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, Academia colombiana de historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002, p. 99.

Fuente: Herrera Ángel, Marta, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, Academia colombiana de historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002, p. 99.

El ejército se denominó a sí mismo comunes del Socorro por la extracción de los participantes de las revueltas, la mayor parte de ellos de las clases bajas cultivadoras de tabaco que se vieron más afectadas con la prohibición de cultivar y comerciar dicho producto, a lo cual se suma el alza de los precios y  la consecuente carestía general. Entre marzo y abril la revuelta consistió en una serie de amotinamientos en diferentes pueblos protagonizados por personas del común, después del tercer motín en la villa del Socorro, Juan Francisco Berbeo y otros miembros de la élite se unen al movimiento y son nombrados capitanes de la “empresa”. Berbeo nació en 1729 y murió en 1795 en el Socorro, tenía 52 años al momento de encabezar las tropas insurrectas hacia Santa Fe. Contaba con el prestigio para ser parte de la élite socorrana, pero su patrimonio era modesto, por lo que debió verse afectado severamente con las reformas impuestas por la corona[18].

Después de determinar cuáles eran las acusaciones contra Pisco, el fiscal pide al oidor Pedro Catani realice la búsqueda de testigos para que fueran examinados “conforme a derecho” con base al interrogatorio de si sabían cuál era el lugar de domicilio de Pisco, si era un hacendado, “y quanto supieren de la materia, dando razón de la que hubieren para saberlo, sin omitir ni callar cosa alguna”. Además, dice que se tiene conocimiento de un documento en el que se mencionaba a Pisco y que fue tratada en una de las reuniones de la Junta del Real Acuerdo de Justicia, el cual se solicita para adjuntar al cuaderno[19].

Esta Junta fue reorganizada desde el 12 de mayo de 1871 de tal manera que amplió su carácter de ser un comité permanente de la real audiencia y de representantes de la administración fiscal que se reunían periódicamente, para incluir a cuatro representantes del cabildo y del tesoro real, y a dos representantes del ejército y pasar a reunirse todas las tardes. Esta junta estaba conformada por los oidores Juan Francisco Pey Ruiz, Pedro Catani, Manuel Silvestre Martínez, Francisco de Vergara, Juan Martín de Sarraza, Manuel Rovilla, Josef Groot de Vanegas y Juan de Mora[20].

El documento mencionado y que se copió por el escribano real, Manuel Aranzasugoitia, en los folios 4r y 4v, comprende la orden de comisión dada a Don Ambrosio Pisco en la que se le ordena:

Pase personalmente y con gentes hasta las goteras de la ciudad de Santa Fe y por todo rigor contendra las gentes que pretendieran entrar a la ciudad de Santa fe a insultar y robar por lo que si necesario fuere hara poner dos horcas, una en la entrada de San Diego y otra en la entrada de San Victorino para castigo de los insultones[21].

Esta orden habría sido dada desde su campamento de Zipaquirá el 20 de mayo de 1781, mostrando la intención de cercar a la población de Santa Fe, pero más allá, en un intento por intimidar a las autoridades tanto de la capital del virreinato como de Zipaquirá y con esto poder obtener un acuerdo previo al asalto de la ciudad. Este mandato sin embargo no se llevó a cabo ya que le fue retirada la orden antes de llegar a Bogotá y formó parte de una serie de estrategias que utilizaron el temor para disuadir a las autoridades virreinales ante un posible ataque masivo de indígenas iracundos que tenían tan poco control de sí mismos que debían ser puestas horcas y amenazarles de muerte para poderlos detener[22].

Pedro Catani fue nombrado como comandante en jefe de las tropas para la defensa de Santa Fe el 15 de mayo de 1781, su función era “conocer los abusos relativos a las conmociones causadas por los vecinos de las villas del Socorro y San Gil y otras poblaciones, en prosecución de las providencias que se tienen dadas, a impedir el hecho que tienen premeditado de entrar en esta Capital”[23]. La Junta le dio la facultad de comandante en jefe de las armas del virreinato, de tal manera que tuviera a sus órdenes a los capitanes oficiales y en general a toda la tropa del reino.

El oidor organizó una tropa de 678 hombres, con una caballería de 80 “vecinos distinguidos”, una unidad de infantería con 50 españoles, dos unidades de infantería con 168 milicianos, una unidad de caballería reclutada de pueblos vecinos que contaba con 300 hombres, y una compañía de 500 infantes de zonas rurales. Con esta fuerza se dispuso controlar las entradas de la capital, los edificios de gobierno, y en especial las cajas reales que contaron con protección militar permanente[24].

Independientemente de que Berbeo haya detenido su orden pareciera que el objetivo de intimidación fue alcanzado. La Junta del Real Acuerdo en el acta que fue copiada en los folios 4v hasta 6r ordenaría que se le advirtiera al Arzobispo de Zipaquirá de los planes de sedición de los indígenas que habían jurado lealtad a Pisco. La Junta considera que después de convencer a los indios de Ubaté de no pagar el tributo sería muy fácil que se movilizaran hacia los pueblos cercanos a Santa Fe, por lo que ordenó además que debía enviarse tropa a detener a Pisco y su grupo, impidiendo la salida de los amotinados del campamento en Nemocón y además conminar a las personas dispersas para que se redujeran a sus domicilios[25].

Los oficios de la Junta en efecto llegaron a manos del Arzobispo de Zipaquirá, quien habría ofrecido las capitulaciones a los sublevados que se encontraban al mando de Berbeo. Antes bien, el general de los comuneros ordenó el nombramiento de administradores de las salinas de Zipaquirá para con esto poder solventar los gastos de su tropa[26]. En los testimonios que siguen al acta de la Junta surge el nombre de Felipa Molina quien habría dado dinero a los vecinos de Nemocón para que fueran a ponerse a órdenes de “los socorreños” que se encontraban acampando en El Mortiño, quienes se encontraba a solo media hora a caballo de Zipaquirá. Al parecer también promovió que fuesen a Santa Fe con el fin de conseguir el manejo de la salina y quedar ella como administradora en lugar, ofreciendo incluso a Ambrosio Pisco ocho días de Agua por mes si se lograba el objetivo[27].

El “agua” que es mencionada aquí era de suma importancia en la explotación de las salinas. Esta explotación no era realizada solo por indios, muchos vecinos dueños de salinas también participaban del ejercicio de explotación de estas, que consistía en bajar desde los cerros en los que se encontraban las fuentes de sal “surrones de agua salada a el pueblo”, allí eran vendidos a un vecino blanco por medio real y este la beneficiaba. Según cálculos del visitador Andrés Verdugo, de un zurrón, en el que cabían aproximadamente tres botijas de agua salada, podían extraerse hasta seis arrobas y cinco libras de sal; en un día podían producirse así hasta 149 arrobas de sal[28]. De esta manera, cuando Felipa Molina le ofrece a Pisco ocho días de agua por mes, le está ofreciendo el valor de lo que puede vender a un beneficiario en el pueblo, por lo que la oferta no dejaría de ser tentadora.

El acta de la Junta y la petición del fiscal se produjeron entre el primero y el dos de junio, sin embargo, los testimonios recogidos en el cuaderno no corresponden a las averiguaciones solicitadas en la orden del fiscal. Estas comprenden tres testimonios que buscan esclarecer los hechos ocurridos el primero de septiembre de 1781 en el pueblo de Nemocón, por lo que se interrogaron a los señores Jacinto Roque Torres, maestro de escuela de Nemocón; Don Antonio Josef Bergel y Josef Molano, vecinos del mismo pueblo. Estas averiguaciones determinarían la decisión de la audiencia de proceder al arresto de Ambrosio Pisco, “jefe nominal pero inofensivo de la comunidad indígena”[29].

La importancia de los testimonios radica en que estos hacen parte integral de la construcción de la prueba. Los testigos formaban una de las seis especies de prueba aceptadas por el derecho hispano, y para esta los oidores debían tener en cuenta ciertos procedimientos como que la recolección de testimonios debía realizarse después de que el acusado respondiera las cuestiones de la Causa, o que se debía dar copia a la parte contraria de lo dicho por los testigos[30].

El procedimiento de la recolección del testimonio concuerda en los tres casos: en primer lugar se les pide jurar en nombre de “Dios nuestro señor y una señal de cruz bajo del cual ofreció decir verdad de lo que supiere y se le fuere preguntado”[31]. Este procedimiento está acorde con lo estipulado en la Curia Philipica que dice: “No vale el dicho testigo, si no se dixo con juramento”[32]. Después del juramento se solicitaba la información de lo que sabía sobre el hecho, que igualmente la Curia determina: “El testigo ha de ser preguntado de la razon por la que sabe lo que dice, que lo sabe por haberlo percibido por el sentido corporal”, esto es no solo por haberlo presenciado sino también “oído decir”[33].

El interrogatorio del testigo terminaba con una lectura de lo que se ha escrito y él debe firmar para aprobar que lo dicho es correcto, la Curia es bastante diciente al respecto:

Cada testigo se ha de exâminar de por sí, secreta y apartadamente, sin que ninguna persona le oyga, ni los demas testigos puedan saber lo que dixo. Y luego que se le pregunte, el que lo exâmina le ha de mirar á la cara; y mirandole á ella, orile lo que dice, y responde; y respondiendo, volverselo á referir, para que entienda si se ha entendido; y diciendo, que sí, lo ha de escribir; y escrito, volverselo á leer, y asentar como se leyó, y lo ha de firmar el testigo si supiere[34].

El procedimiento sin embargo no exige que se muestre el interrogatorio, y de hecho los tres testimonio son de por sí tan similares que pueden ser leídos como uno solo. Esto no indicaría tanto que los testigos vieron y escucharon lo mismo, sino que en el transcurso del interrogatorio aquel que inquiere al testigo más que buscar una declaración libre conduce el testimonio de tal manera que sirva para corroborar la sospecha que sobre el evento se tiene. Así, los tres testimonios comprenden el mismo orden: describen la llegada de Pisco a Nemocón, concentrándose en la forma como los habitantes del pueblo le recibieron; manifiestan los insultos que recibía el corregidor Don Juan Raimundo de Cabrera, las amenazas contra este y como se convirtieron en hechos la noche del primero de septiembre; finalmente brindan una lista de nombres, que son los mismos en los tres testimonios cambiando apenas algunos de orden de presentación.

En este caso queda en evidencia como más que la declaración de un testigo lo que está plasmado en estos expedientes es la palabra del oidor y del escribano. El procedimiento estipulado en la Curia demuestra que la declaración verbal solo es transcrita después de que el testigo ha manifestado que es correcta, para luego escribirse y tenerse que firmar. Las similitudes entre los tres testimonios muestran que el discurso estaba construido previamente al interrogatorio, y que básicamente el testigo confirma lo que se han planteado desde un comienzo, por ello, hay que tener en cuenta que a pesar de estar representados aquí tres testimonios, son realmente tres fórmulas probatorias para obtener la prueba necesaria para procesar y condenar a Ambrosio Pisco.

Los tres testimonios concuerdan en reconocer que al momento de llegar Pisco a Nemocón este fue recibido con voladores, le entregaron obsequios “y hasta le vesaban”. Concuerdan en afirmar que los indígenas que lo acogieron le dijeron que “era un Angel que habia vaxado y les ofrecio que la salina seria suia”, además que habría dado licencia “para que se aprovechase de lo principal del Agua”[35]. Esta visita de Pisco no fue concomitante a los hechos del primero de septiembre, sino debió ser entre los meses de mayo y junio de 1781, cuando estuvo comisionado por Berbeo para alentar a los indígenas de los pueblos de Ubaté, Simijaca, Suba, Fúquene y Nemocón (ver mapa)[36].

Entre los organizadores de la recepción de Pisco se encontraba el teniente indígena Antonio Luna, quien habría impuesto la pena de rejo o azote a aquellos que no concurrieran a la recepción de Pisco, y además ofreció su casa para que se alojara. Con este teniente tomaron el camino hacia Santa Fe para cumplir la orden de Berbeo, aunque en el camino Pisco se acogió a las capitulaciones ofrecidas por el Rey a cambio de que fueran restituidas las tierras de los indígenas. Desde ese momento Pisco se disoció de la empresa comunera, pero no por ello dejó de ser tenido en cuenta para el proceso.

Lo que se consideraba era que esta actitud de Pisco con la que fue proclamado Señor y Príncipe, que además liberó de los tributos a los indígenas y les prometió la restitución de sus tierras después de conseguida la victoria en Santa Fe; fue el caldo de cultivo para el descontento en estos pueblos. Específicamente en Nemocón, el teniente corregidor y administrador de las salinas, Don Juan Raymundo de Cabrera, recibió insultos por parte de la comunidad indígena, quienes lo tildaron de ladrón y lo amenazaron con incendiar su casa[37].

Según la declaración de Antonio Josef Bergel hubo varios intentos de amotinamiento dirigidos contra el administrador de la salina, hasta que el día primero de septiembre atacaron la casa del corregidor, rompieron los ventanales, quebraron con hachas las puertas y prendieron fuego a la casa. Ante esto la tropa que estaba en el pueblo se enfrentó a la turba quienes respondieron con piedras, pero fueron repelidos por los disparos de los soldados. De la acción de la tropa resultaron muertas cinco personas, veinte quedaron heridos y los demás salieron a refugiarse en los cerros cercanos[38].

Los declarantes además lograron identificar a los principales “motineros”, dejando claro eso sí que después del avance de estos el pueblo en su totalidad se dedicó a atacar la casa del teniente corregidor, lanzando piedras a este inmueble y contribuyendo a su incendio.

El teniente Antonio Sierra, Juan Agustín Bernardino, Manuel Sierra, Juan Chui, Francisco Triviño, Josef Gómez, Francisco Rincón, Francisco Velandia, Bernardino Colorado, Diego Castellanos, Josef Antonio González y Salvador Baca, Monica, Carlos, Rita Chui, y Margarita Chavez, Petrona Chui, Maria Chapeton

Del listado de nombres parece a primera vista que solo cinco de los amotinados tenía origen indígena: Juan, Mónica, Carlos, Rita y Petrona Chui. Esto denota una condición social importante para la Nueva Granada en esa época, y consistía en el importante avance del mestizaje en el virreinato. Jaime Jaramillo Uribe llamó la atención sobre el hecho de que aunque el porcentaje de indígenas en las provincias de Santa Fe, Tunja y Cauca era alto, la mayor parte de estos eran población indígena ladina, esto es, hablaban español y estaba altamente aculturizada. El padrón de población ordenado por Gutiérrez de Piñeres en 1777 mostró que para la jurisdicción de Santa Fe habitaban 2.294 indígenas junto a 7.127 vecinos[39].

La mención de estos apellidos no debe entonces llevar a equívocos. En efecto esta fue una revuelta que involucró a los pueblos indígenas, pero estos no tenían las características de aquellos en los pueblos de Nueva España o Perú, estos indígenas estaban altamente mestizados. En Zipaquirá los indígenas vivían con los blancos, y así mismo algunos vecinos residían en los pueblos de indios a pesar de la prohibición real[40]. El mismo Pisco era un cacique de indios, pero tenía antepasados españoles, por lo que era realmente mestizo, y a pesar de esto los indígenas lo reconocían como su señor en los pueblos de Chía y Bogotá, lo que demuestra que las comunidades indígenas de la Nueva Granada estaban muy lejos de ser étnicamente parte de los pueblos originarios[41].

 

Crítica

 

El documento al que se ha hecho referencia en este escrito corresponde a una parte del proceso contra el indígena Ambrosio Pisco, quien jugó un papel marginal en las rebeliones fiscales de los comuneros, pero que ha sido rescatado por la historiografía como una especie de émulo de Túpac Amaru. El manuscrito es original en cuanto pudo ser identificado que se realizó en los soportes y formas estipulados por la normatividad hispana de la época, como es el uso de papel sellado y el seguimiento de un procedimiento que pudo ser corroborado al compararlo con lo estipulado en la Curia Philipica. No es evidente que este documento refleje los hechos acontecidos en mayo y septiembre de 1781 cuando Ambrosio Pisco hizo presencia en los pueblos de indios de Zipaquirá, fue comisionado a ir de Güepsa hasta las goteras de Santa Fe, firmó las capitulaciones y se desarrollaron las revueltas de Nemocón.

Hay que tener en cuenta sin embargo que en la legislación hispana los acusados debían demostrar su inocencia, todo lo contrario del modo moderno de justicia que implica que los jueces deben demostrar la culpabilidad de los sindicados, por lo que se debe partir de la comprensión del sentido del proceso judicial en el Antiguo Régimen hispano, así como las formas jurídicas que responden a un interés diferente al de nuestro tiempo, cual era mantener el orden, proteger a la monarquía y garantizar la paz de los vecinos de las ciudades.

Ampliando el espectro del documento, es sabido que después de los testimonios aquí recogidos, Pisco, quien había logrado capitular, fue arrestado y su capitulación anulada. El cacique sería puesto preso y enjuiciado por su responsabilidad en las revueltas de Nemocón, cargos de los que sería absuelto posteriormente, pero que impidieron que continuara con su modo de vida de comerciante y hacendado, con un nivel de prestigio y riqueza mayor al de los demás indígenas de la región.

Finalmente, la importancia del documento radica en la posibilidad de analizar el origen económico de las revueltas de 1781 en Nueva Granada, permite hacer revisión nuevamente a las hipótesis que consideran que este fue un movimiento político que de no haber sido derrotado habría culminado con la independencia tres décadas antes. La rebeldía de los pueblos indígenas en los amotinamientos de Nemocón no demuestran una lucha en contra de las instituciones, sino la posibilidad de aprovechar una oportunidad, aquella que permitiría salir de una situación de crisis proveniente de una epidemia de viruela que posteriormente se agravaría con el alza de los impuestos, la monopolización del tabaco, el aguardiente y las salinas; y el aumento en los precios de los alimentos. Los indígenas, al igual que los campesinos socorranos, buscaban presionar a Santa Fe para que les brindara la autonomía económica necesaria para poder aprovechar la explotación de los recursos que tenían a su disposición.

Aunado lo anterior, el documento permite observar el temor que generaba entre las autoridades virreinales la posibilidad del desorden indígena, la incapacidad del gobierno para repeler y aplacar las revueltas locales, y la poca preparación que se tenía para solventar una revolución a gran escala. Que Berbeo recurriera a Pisco y a la figura de Túpac Amaru no es más sino la muestra de que se comprendía muy bien el temor de la autoridad, pero que con esto no era suficiente, y finalmente las capitulaciones dieron paso a una represión brutal que serviría de escarmiento por muchos años para aquellos interesados en desestabilizar el poder real en ese reino.

Obras Citadas

Documentos

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Notas


 

[1] Para este trabajo se utilizó la versión digitalizada disponible en http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/digitalizados/rm_382_2-12.pdf

[2] Caballero y Góngora, Antonio, Edicto para manifestar al público el indulto general concedido por nuestro catholico monarca el señor Don Carlos III a todos los comprehendidos en las revoluciones acaecidas en el año pasado de mil setecientos ochenta y uno, Santa Fe de Bogotá, 7 de agosto de 1782.

[3] En la historiografía colombiana existió hasta hace poco el debate en torno a si estas revueltas conformaron un antecedente directo de la revolución de independencia (Bushnell, David, The making of modern Colombia. A Nation in Spite of Itself, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 27-32), sin embargo cada vez más se consolida la hipótesis de John Leddy Phelan que considera que la crisis de 1781 no fue una revolución social abortada ni un primer paso en la emancipación política de la corona española, sino el presagio del federalismo y el anticlericalismo que serían la base de la ideología liberal decimonónica en Colombia. Phelan, John Leddy, The people and the King. The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1978, p. 239.

[4] Raush, Jane M., “Los comuneros olvidados: la insurrección de 1781 en los llanos del Casanare”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 33, núm. 41, 1996, p. 17.

[5] Montoya Gómez, María Victoria, “Castigo y perdón: el movimiento comunero. Nuevo Reino de Granada, 1781”, en Mouseion, núm. 18, 2014, p. 37

[6] Silva, Renán, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín, EAFIT, 2002, p. 101. Esta tesis es compartida por Marchena Fernández, Juan, “The social world of the Military in Peru and New Granada” en John Fisher, Allan Kuethe y Anthony McFarlane (eds.), Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, Louisiana University Press, 1990, p. 89.

[7] Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel, 2008, p. 29.

[8] Phelan, pp. 100-101.

[9] En 1783 se expide real cédula para que pase a servir a la plaza de oidor de la real Audiencia de Guadalajara. Mayoralgo y Lodo, José Miguel de, Antecedentes de la emancipación: el Reino de Nueva España en el Registro de la Real Estampilla (1759-1798), edición electrónica en HTML, presentación de Javier Sanchiz, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, publicado en abril de 2014. Disponible en: <www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/realestampilla/000a_intro.html>

[10] Santa Fe criminales, folio 4r.

[11] Seco Campos, Isabel, “La provisión de papel sellado en América: comentario de unas cifras y de la actividad burocrática indiana” en Boletín de la ANABAD, tomo 44, núm. 4, 1994, p. 110.

[12] El proceso completo no ha sido encontrado en el Archivo General de la Nación de Colombia (AGN) ni en otros fondos de la Biblioteca Nacional de Colombia, por lo cual puede haberse perdido. Autores como Leddy Phelan han recurrido a los extractos citados por Francisco Posada en su libro El movimiento revolucionario de los comuneros (México, Siglo XXI, 1971, pp. 84-85) los cuales provienen del documento objeto del presente comentario. En el AGN reposa si el proceso por reclamo de herencia de su cacicazgo por Ambrosio Pisco, el cual brinda información contextual y algunas declaraciones de su participación en las revueltas de 1781. Cacicazgo de Bogotá: su reclamo por derecho de herencia, AGN, Sección colonia, Fondo Caciques e indios, Legajo indios de Iguaque, Sora, Saboyá, Oicatá, Sinú, Comesa, otros, ff. 1-17.

[13] Santa Fe criminales, folio 3r.

[14] Según la Curia Philipica de 1797, jurisdicción es la potestad de público, significada por imperio. La facultad de hacer justicia en asuntos criminales se denomina mero imperio en tanto para los civiles es mixto imperio. Hevia de Bolaños, Juan de, Curia Philipica, edición facsímil del original de 1797, Valladolid, Lex Nova, 1989, fol. 19.

[15] Vallejo, Jesús, Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 97-98.

[16] Phelan, p. 104.

[17] Phelan, pp. 39-44.

[18] Phelan, 45-52.

[19] Santa Fe criminales, folio 3v.

[20] Santa Fe criminales, folio 6v.

[21] Santa Fe criminales, folios 4r-4v.

[22] Cfr.: Phelan, p. 137.

[23] Friede, Juan, Rebelión comunera de 1781. Documentos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1981, p. 1029.

[24] Phelan, p. 126-127.

[25] Santa Fe criminales, folios 5v-6r.

[26] Friede, p. 317

[27] Santa Fe criminales, folio 8v.

[28] “Informe del visitador real don Andrés Berdugo y Oquendo sobre el estado social y económico de la población indígena, blanca y mestiza de las provincias de Tunja y Vélez a mediados del siglo XVIII” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 1, 1963, p. 176.

[29] Phelan, p. 201.

[30] Hevia de Bolaños, fol. 85.

[31] Santa Fe criminales, folio 7r.

[32] Hevia de Bolaños, fol. 87.

[33] Hevia de Bolaños, fol. 88. Santa Fe criminales, folio 11v.

[34] Hevia de Bolaños, fol. 87.

[35] Santa Fe criminales, folio 9r.

[36] Cacicazgo de Bogotá, folio 2.

[37] Santa Fe criminales, folios 7r y 7v.

[38] Santa Fe criminales, folios 9r y 9v.

[39] Jaramillo Uribe, Jaime, “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 3, 1965, pp. 25-26.

[40] “Informe del visitador real don Andrés Berdugo”, p. 175.

[41] Phelan, p. 100.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "La Audiencia contra el príncipe de Bogotá. El proceso contra el indígena Ambrosio Pisco en la insurrección comunera de Nueva Granada de 1781," en Historia, crimen y justicia, 30/08/2015, http://hccj.hypotheses.org/17.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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1 respuesta

  1. Germán Caballero dice:

    Excelente documento. Uno de los pocos que no ignora el papel de los nemoconenses en la gesta comunera y el martirio de sus protagonistas.

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