Pleitos de competencia del Santo Oficio con la justicia real durante los reinados de Felipe IV y Carlos II

Este trabajo pretende explorar, sin pretensiones de exhaustividad, las implicaciones políticas y sociales de los pleitos de competencia que involucraron a diferentes tribunales del Santo Oficio durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, tratando de encontrar las relaciones de poder que subyacen a lo que en principio aparenta ser un enfrentamiento del ámbito meramente jurídico. La escogencia de estos reinados se fundamenta en que durante este periodo se realizaron una serie de reestructuraciones administrativas a la Suprema que buscaron aumentar la eficiencia de los tribunales y reducir el poder que había adquirido el Santo Oficio, entre otras causas por la excesiva carga burocrática que se vino inflando desde la monarquía de Felipe II. Aunado a lo anterior, entre 1626 y 1665 se establece la Junta de Competencias, una instancia encargada de resolver los conflictos de jurisdicción ente los diferentes sínodos, además, en 1696 se instaló la denominada “Junta Magna” cuyo tema central fue definir la jurisdicción inquisitorial y de esta manera evitar abusos de ciertos individuos al acogerse al fuero inquisitorial y por ende reducir significativamente los enfrentamientos con las jurisdicciones real y eclesiástica[1].

 

La burocracia inquisitorial durante los reinados de Felipe IV y Carlos II

 

Cuando muere Felipe II en 1598 el Santo Oficio estaba presente en prácticamente todo el imperio español, en buena medida gracias a las reformas administrativas y burocráticas impulsadas por el inquisidor general Fernando de Valdés entre 1547 y 1566[2], seguida por su lugarteniente y posterior inquisidor general Diego de Espinosa. La expansión es evidente si se tiene en cuenta que al iniciar el siglo XVII se contaba con tribunales permanentes en Toledo, Sevilla, Valladolid, Corte (Madrid), Granada, Córdoba, Murcia, Llerena, Cuenca, Santiago de Compostela, Logroño y Canarias, bajo la dirección de la Corona de Castilla y en Zaragoza, Valencia, Barcelona y Mallorca bajo la Corona de Aragón. A éstos se añaden aquellos tribunales que se caracterizaron por su distanciamiento geográfico relativo al Consejo de la Suprema: Sicilia, Cerdeña, México (1571), Lima (1569) y Cartagena de Indias (1610) [3]. También se creó el tribunal de la Mar, encargado de apoyar el combate contra los musulmanes en el Mediterráneo cuya jurisdicción se extendió a los ejércitos de la tierra[4].

La multiplicación de los tribunales de la Inquisición hizo parte del proceso de confesionalización de la monarquía de Felipe II, proyecto que integró a la iglesia dentro de la burocracia. Martínez Millán comprende la confesionalización como “la formación de las instituciones e ideologías religiosas en el luteranismo, calvinismo y catolicismo […] pero también, la confesionalización se refiere al proceso por el cual se consolidaron las estructuras de las Monarquías de la edad Moderna, la imposición de la disciplina social y la formación de las iglesias confesionales que transformaron la sociedad.[5]” Lo anterior explica el fortalecimiento de la Inquisición durante la segunda mitad del siglo XVI, ya que como lo expresó Roberto López Vela el Santo Oficio “aparecía como garante de la estabilidad social y de los principios políticos.[6]” La Suprema se benefició de este proceso al ver fortalecida su jurisdicción, permitírsele ampliar su ámbito de competencias (a veces de manera arbitraria) y en última medida tener la capacidad de aumentar su planta burocrática, especialmente en comisarios y familiares.

Las concordias fueron el instrumento que permitía aumentar o reducir la cantidad de familiares del Santo Oficio en los reinos y señoríos españoles, las cuáles fueron numerosas en tanto representaban una negociación permanente entre las autoridades de cada reino y la Suprema. La Concordia para Castilla de 1553 fue el punto de referencia para los juristas encargados de alegar en derecho a favor de uno u otro tribunal, de similar manera lo fueron las concordias de 1568 para Aragón, Valencia y el principado de Cataluña. La historiografía interpretó por varios años las concordias, en especial la castellana, como la primera batalla perdida del Santo Oficio, sin embargo la mayoría de investigaciones recientes muestran todo lo contrario[7]. Según Jaime Contreras La Concordia representó el triunfo de los principales intereses de la Inquisición en ese momento, en especial el permitir “establecer por vez primera una red adecuada, homogénea y eficaz en todo el territorio, red básica para desarrollar su política de ruralización.[8]” Pilar Sánchez Núñez también considera que si bien La Concordia limitó el número de familiares según la cantidad de población de cada ciudad, el beneficio para el Santo Oficio fue mayor puesto que le permitió nombrar libremente familiares en cualquier lugar[9].

La fortaleza con la que la burocracia de la Inquisición superó el reinado de Felipe II sería campo fértil para que durante el reinado de Felipe III se presentara un proceso de “privatización” del Santo Oficio, en el que las familias más influyentes pasaron a ubicar a sus miembros en el sínodo inquisitorial mientras la élite rural se hacía nombrar familiar del Santo Oficio, nombramiento que acarreaba tal nivel de honorabilidad que les permitía comportarse como señores de las villas en las que residían. Lo anterior generó un escenario en el cual pulularon los pleitos de competencias entre la jurisdicción del Santo Oficio y la Real[10].

Durante el reinado de Felipe IV se intentó limitar la acumulación de puestos burocráticos heredables mediante la ubicación de clérigos en los cargos del Santo Oficio, lo cual generó la reacción de diferentes grupos de poder en el reino. La presión por lograr el ingreso de frailes de la Compañía de Jesús al sínodo, la intervención del monarca y su valido en la reforma del Consejo así como el proceso de las monjas del Convento de San Plácido (1629-1630) que involucró el juicio de varios personajes del gobierno, entre ellos Jerónimo de Villanueva, fueron parte de los enfrentamientos entre el rey y la Suprema[11] que demuestran un alto grado de politización dentro del Tribunal durante el reinado de Felipe IV[12].

Acorde con su política centralizadora, Felipe IV realizó diversas acciones para controlar el sínodo inquisitorial, por ejemplo, eligió en 1632 como Inquisidor General a Antonio de Sotomayor[13], confesor del rey y uno de los personajes cercanos al círculo clientelar de Olivares[14]. La elección del dominico Sotomayor fue también una respuesta a la oposición mostrada por el anterior Inquisidor General, Antonio Zapata y Cisneros, ante la presión por investigar y juzgar a los supuestos autores de un memorial anónimo en el que se criticaba la preferencia del monarca por la orden jesuítica. Otras reformas significativas fueron la imposición de un gobernador que tuvo como misión controlar las acciones del sínodo inquisitorial, la elección por parte del monarca del relator del Consejo, así como la introducción de plazas supernumerarias (como en la época de Lerma) para ubicar en ellas a personas fieles al monarca y su valido[15].

La segunda parte del reinado de Felipe IV tuvo como Inquisidor General a Diego de Arce y Reinoso[16], de quien se destaca su absoluto cumplimiento de las órdenes dadas directamente por el rey[17], además de ser el encargado de instalar el tribunal de la Inquisición en la corte para controlar las actuaciones políticas de los cortesanos[18], desplegó una red de espías en las universidades y en los consejos de tal nivel que según el cronista áulico “todo lo veía y todo lo oía”[19].

Después de la muerte de Arce y Reinoso y la sucesión de Carlos II en el trono las reformas continuaron su curso, en especial desde que Diego Sarmiento Valladares asumiera el papel de inquisidor general. Las reformas de Sarmiento incluyeron el reducir la carga fiscal del Santo Oficio y a la par reducir los oficios en los tribunales inquisitoriales, sin embargo el proyecto de reestructuración de la Suprema más ambicioso fue la consulta de la “Junta Magna” de 1696, cuyo objetivo primordial fue definir la jurisdicción inquisitorial. El efecto de la consulta terminó siendo el convertir a la Inquisición en uno de los organismos del Estado perdiendo la preeminencia de la que había gozado en el siglo XVI, lo cual significaría de cierta manera el inicio del declive de la institución inquisitorial[20].

Finalmente, fueron nueve inquisidores generales los que estuvieron al frente del sínodo durante los reinados de Felipe IV y Carlos II (ver tabla). La importancia del Inquisidor General radicaba en la capacidad de control que tenía sobre los inquisidores e incluso en la posibilidad que tenía de resolver asuntos al margen de los inquisidores locales[21]. Su amplio margen de maniobra también les permitió tener una gran autonomía, de tal manera que muchas de sus decisiones dependían más de su voluntad política y conveniencia que del simple cumplimiento de las órdenes reales[22]. De esta manera el Inquisidor General es la cabeza con mayor autoridad dentro del complejo entramado burocrático del Santo  Oficio.

 

Tabla. Lista de inquisidores generales 1622-1704

Inquisidor General Dignidad o grado y diócesis Periodo
Andrés Pacheco de Cárdenas (1550-1626) Obispo de Cuenca 1622-1626
Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635) Cardenal y Arzobispo de Burgos 1627-1632
Antonio de Sotomayor (1547-1648) Confesor Real y Arzobispo de Damasco 1632-1643
Diego de Arce y Reinoso (1587-1665) Obispo de Plasencia 1643-1665
Pascual de Aragón (1626-1677) Arzobispo de Toledo 1665
Juan Everardo Nithardo (1607-1681) Confesor Real y Cardenal 1666-1669
Diego Sarmiento Valladares (1611-1695) Obispo de Plasencia 1669-1695
Juan Tomás de Rocabertí (1627-1699) Arzobispo de Valencia 1695-1699
Baltasar de Mendoza y Sandoval (1653-1727) Obispo de Segovia 1699-1704

 

Fuente: Lea, A History of the Inquisition of Spain, I:557-558.

 

El entramado de oficiales de la Inquisición incluía a los inquisidores, responsables la promulgación de las gracias y la aplicación de las penas; asesores en derecho canónico, civil y en teología, que incluso podían fungir como intermediarios entre los inquisidores y las autoridades locales; fiscales, encargados de elaborar las denuncias y cumplir el papel de acusador e interrogador de testigos; alguaciles encargados de perseguir, capturar y conducir a la cárcel a los denunciados; nuncios que en un comienzo fueron sólo mensajeros para luego aumentar sus responsabilidades hasta convertirse en delegados de los inquisidores; los porteros, encargados entre otras cosas de avisar de los autos de fe; a los anteriores se suman los receptores de bienes (delegados de hacienda del rey en cada tribunal), carceleros, médicos y cirujanos, y en ciertos tribunales los comisarios, delegados de los inquisidores en lugares lejanos. A todos estos oficiales se debe sumar el colosal entramado de familiares, servidores laicos, parientes, amigos, esclavos, criados y otros individuos relacionados directa o indirectamente con las actividades del Santo Oficio[23].

De toda esta red destacan sin duda los familiares del Santo Oficio, de la cuales dice Jaime Contreras “eran personas vinculadas, por razones de lealtad y obediencia al Inquisidor.[24]” Los inquisidores en sus diferentes tribunales dependían de esa clientela para poder ejercer su oficio y las élites locales querían que sus parientes fueran familiares en parte por los beneficios de ser abrazados por el fuero inquisitorial. El ser familiar sin embargo no parece haber redundado en otro beneficio aparte del honorífico, como señala Kamen era raro que los familiares se dedicaran a ser instrumento de control social y no se tiene evidencia de que fueran “informantes profesionales”[25]. En todo caso, ser la base clientelar de la red que finalmente sostenía el aparato inquisitorial hizo que los familiares fueran el blanco de los ataques de muchos críticos de la Inquisición, tal como se puede observar en los pleitos de competencia.

 

Jurisdicción inquisitorial y choque de competencias

 

Una de las constantes en la justicia del Antiguo Régimen fueron los pleitos de competencia. A diferencia de la justicia contemporánea que separa las competencias civiles de las religiosas, en la España del Antiguo Régimen un delito como la blasfemia o la herejía podía ser juzgado tanto por la justicia ordinaria como por la eclesiástica[26]. Esto subyace al sentido fuertemente religioso que tenían las instituciones castellanas donde las fronteras ente lo religioso y lo civil no estaban bien definidas. Era en estas fronteras donde se presentaban los pleitos por competencia entre las diferentes jurisdicciones[27]. En el caso del Tribunal de la Santa Inquisición, una institución cuyas raíces se hunden hasta 1232[28], su mismo carácter institucional mixto hizo aún más frecuentes dichos pleitos[29].

La Suprema amplió su jurisdicción y fuero más allá de los determinados por las leyes, pasando por encima de las fronteras jurisdiccionales de los fueros real, eclesiástico, de otras corporaciones e incluso de las tradiciones jurídicas de los reinos y señoríos de la monarquía hispana. Lo anterior llevó a que el Santo Oficio se granjeara la animadversión de otras instituciones contemporáneas. Henry Kamen afirma que “no other tribunal in all Spanish history provoked so much friction with every other authority in both Church and state[30]”, en particular porque muchos de los conflictos fueron derivados por el fuero que acogió no sólo a los inquisidores sino que se hizo extensivo a los familiares de la Inquisición, incluso a parientes, criados y esclavos de los inquisidores.

Los enfrentamientos entre las jurisdicciones no fueron pasados por alto por los monarcas españoles. Durante el reinado de Felipe II se llevaron a cabo una serie de negociaciones entre el Consejo Real y la Suprema que como se mostró anteriormente fueron resueltas mediante concordias. El número de familiares sería de cierta manera un triunfo para la Inquisición, pero en términos de la jurisdicción de los familiares la victoria no sería completa. La Suprema logró que sus familiares estuvieran bajo su fuero en causas civiles, en las criminales cedió que la justicia ordinaria tuviera la exclusividad para juzgar a los familiares que hubiesen cometido crímenes de lesa maiestatis o contra-natura como el pecado nefando o la violación. La Inquisición se convierte en tribunal criminal de una amplia gama de delitos que podían cometer sus familiares, de los que destacan el homicidio en cualquier circunstancia y el hurto[31].

Durante el reinado de Felipe II la fortaleza del monarca amortiguó los pleitos de competencias especialmente por haber ubicado en la cabeza del sínodo a funcionarios leales a la monarquía. Los privilegios jurisdiccionales de los tribunales inquisitoriales fueron atacados por los opositores a Castilla, especialmente por las Cortes de Cataluña y Aragón[32]. El reinado de Felipe III y el valimiento de Lerma, como se señaló anteriormente, permitieron e incluso aumentaron el conflicto jurisdiccional con los tribunales del Santo Oficio, sin embargo vale la pena matizar el aumento en la cantidad de familiares ya que, como ha mostrado Henry Kamen, la mayoría éstos se concentraban en Castilla mientras en Aragón (especialmente el principado de Cataluña) y Galicia los familiares eran pocos en especial por el rechazo social al que se veían enfrentados y que no pocas veces resultaba en conflictos con las autoridades locales[33].

Una medida institucional para intentar mitigar los pleitos de competencia, no sólo de la Inquisición sino de todos los sínodos, fue la creación de la Junta Grande de Competencias en 1626, la cual pretendía fijar las reglas para la resolución de los conflictos de competencias jurisdiccionales y de paso fortalecer el poder real sobre los consejos. Desde las concordias de 1553-1568 los pleitos se resolvieron de forma diferenciada según el Consejo o Audiencia[34], por ejemplo, con el Consejo de Castilla se debían enviar a ambos sínodos el objeto de litigio por escrito para ser dirimido por dos consejeros de cada uno siendo dirimida la causa por votación, en caso de no llegar a acuerdo la última palabra la tenía la Sala de Gobierno del Consejo Real. La posibilidad de ser la instancia definitiva en estos casos fue otorgada por una ordenanza de 1608 y con la creación de la Junta de Competencias dicha atribución fue perdida por los sinodales castellanos quienes vieron en ésta el despojo de sus atribuciones en favor del partido olivarista[35]. El papel de la Junta de Competencias debe ser matizado ya que muchos asuntos se resolvían siguiendo las concordias, caso destacado del Consejo de Aragón que continuó resolviendo sus pleitos de competencia consultando a dos sinodales de cada Consejo quienes en caso de no llegar a acuerdo elevaban la consulta al monarca para luego resolver “lo que es de su mejor servicio.[36]

Algunos de los pleitos que llegaban a la junta fueron impresos como Porcones o alegaciones en derecho[37], tal vez los más destacados sean los de Juan Pérez de Lara, fiscal de la real Audiencia y Chancillería de Madrid. Estos alegatos dejan entrever ciertos asuntos, por ejemplo, que el fuero del familiar se debía ajustar dependiendo de las costumbres jurídicas del lugar donde hubiese trasladado su residencia, como en el caso de don Gómez Montalvo y Figueroa, acusado de desafío hecho contra el Alcalde de Hijodalgo en la corte de Madrid, quien era familiar de número en Toledo no pudo gozar con la exención del delito pues “para que goze el Familiar del previlegio de el fuero, aya de vivir y residir en el lugar donde es Familiar”[38]. Otro aspecto a resaltar es que en uno de estos porcones se dejó en evidencia que las esposas de los familiares del Santo Oficio no gozaban del privilegio del fuero porque la familiatura no se consideraba como “oficio, ni dignidad, ni nobleza”, además, al ser el fuero de la inquisición de tipo clerical la dignidad del mismo sólo podía recaer en el hombre[39].

La Junta de Competencias fue parte del programa regeneracionista de Olivares y así fue identificada por sus contemporáneos, por lo cual era previsible que con la caída del valido fuese suprimida dicha junta en 1643. Felipe IV no suprimió la Junta de Competencias de inmediato, de hecho lo hizo sólo después de una intensa negociación con los Consejos y en especial con el ahora fortalecido sínodo de Castilla, por ello en el momento en que la monarquía ganó fuerza nuevamente tuvo la capacidad de reimponer su voluntad a la magistratura y reestablecer la ahora Junta General de Competencias en 1656 que sin embargo no eliminó la atribución de la Sala de Gobierno de Castilla para dirimir conflictos de competencia. Todo lo anterior creó un ambiente de confusión y de enfrentamientos jurídicos y políticos entre el Consejo de Castilla y la Monarquía, en especial se le acusaba al rey de inflar su jurisdicción a través de la Junta de Competencias aunado al hecho que el afán de reducir los tiempos de resolución de conflictos conllevaba decisiones que se consideraban lesivas a la equidad[40].

El mayor problema de la Junta de Competencias, según los magistrados, era que el afán de este organismo pasaba por encima de lo jurídico. Según los magistrados del Consejo de Castilla la resolución de conflictos requería de “gran comprehensión de jurisprudencia común y de las leyes propias destos reinos. Y si sin esta comprehensión se diesen o quitasen jueces, sería, como sintieron San Agustín y Santo Thomás, la mayor perversión y calamidad de la justicia.[41]” El sínodo Real no logró modificar la decisión del monarca, sin embargo Mariana de Austria no tendría la misma convicción y al asumir la regencia permitió que los magistrados castellanos lograran la supresión de la Junta General en octubre de 1665, el ambiente a partir de entonces sería el de unos consejos en disputa por la precedencia y jurisdicción en un contexto en que la magistratura impedía una vez más los proyectos unificación jurídica y administrativa de la monarquía española[42].

La Junta Magna de 1696 fue un organismo que buscó definir los límites jurisdiccionales del Santo Oficio, no debe así confundirse con una reorganización de la Junta de Competencias puesto que su carácter fue meramente consultivo y no tenía el sentido de resolver las divergencias entre los sínodos sino convencer al monarca de la necesidad de mostrarse inflexible ante los excesos de los tribunales del Santo Oficio cometidos contra la jurisdicción real y eclesiástica[43]. La Junta estuvo conformada por dos consejeros de cada uno de los Consejos de Estado, Castilla, Aragón, Italia, Indias y Órdenes[44].

Uno de los aspectos más destacables fue que en esta Junta se identificó a los grupos de funcionarios de la Inquisición y se definieron sus respectivos privilegios judiciales. Los tres grupos nombrados en el documento fueron: 1. “Los familiares, criados domésticos y comensales de los mismos inquisidores”, 2. “Los familiares de la Santa Inquisición” y 3. “Los Oficiales, y Ministros titulares, y salariados”. Los primeros, afirmaban los consejeros, eran los que generaban mayor cantidad de conflictos entre los tribunales de la Inquisición y las “justicias Reales”. A juicio de la Junta, estas personas partían del supuesto de estar acogidas por el fuero inquisitorial y por ello ante la menor ofensa, “aunque sea verbal”, se iniciaba un proceso que llevaba en no pocas ocasiones al escándalo público[45].

La preocupación de los magistrados de la Junta Magna fue menor con respecto a los familiares del Santo Oficio, los oficiales y ministros; en buena medida gracias a los controles para el número de familiares que podían ser nombrados por cada tribunal (excepto Mallorca) y a que gozaban de fuero sólo en causas criminales con excepción de los casos más graves[46]. La inquietud con respecto a los oficiales y ministros no radicaba en ser beneficiarios del fuero inquisitorial sino en la atribución, al parecer arbitraria, de fuero activo en todas las causas civiles y criminales[47], de esta manera, decían los sinodales: “Llevan a sus Tribunales todos los negocios civiles y criminales en que tienen ó pretenden tener qualquiera interés actiba o pasivamente, privilegio tan exorbitante que excede á la inmunidad del Estado Eclesiástico.[48]” Lo que solicitaban los magistrados era que los oficiales e inquisidores sólo tuvieran la atribución de fuero pasivo, se limitara en lo criminal al mismo ámbito de delitos que tenían los familiares del Santo Oficio y que en los delitos civiles fueran llevados a la justicia ordinaria por los pleitos de “mayorazgos y vínculos sobre bienes muebles y raíces así en propiedad como en posesión, los juicios universales de pleitos y concursos de acreedores, las particiones y divisiones de herencias, los discernientes de tutelas y curadurías y administraciones y las cuentas y dependencias de todo esto.[49]

La propuesta para limitar la jurisdicción del Santo Oficio se resumió en cuatro puntos:

Que la Inquisición en las causas temporales no proceda con censuras[50]. Que si lo hicieren, usen los Tribunales de Vuestra Magestad para reprimirlo el remedio de las fuerzas[51]. Que se modere el privilegio del fuero en los ministros y familiares de la Inquisición y en la familia de los inquisidores. Que se dé forma precisa á la más breve expedición de las competencias.[52]

Esta consulta servirá como insumo posteriormente a reformistas como Macanaz, interesado en eliminar la jurisdicción temporal de la Inquisición y someter el Consejo al poder real[53]. La Suprema sobrevivirá a pesar de estos embates por más de un siglo enfrentando continuos proyectos de reforma que intentaban limitar su ámbito de competencia, el cual conservó hasta su eliminación el 15 de julio de 1835.

 

Los pleitos de competencias como enfrentamiento social

 

Según Martínez Millán, Felipe II fue en buena medida responsable de convertir a la Inquisición en una organización no sólo eficaz en la represión de la herejía, además, “reprodujo el sistema social y político que defendía, ocupando así un papel predominante en la configuración de la sociedad estamental.[54]” La Inquisición, como las demás instituciones del Antiguo Régimen, se conformó por un sistema de interrelaciones de individuos asociados por conveniencias mutuas, de tal manera que no es de extrañarse que en los enfrentamientos jurisdiccionales chocaran grupos y partidos envueltos en las redes de poder de cada corporación.

Tras los pleitos de competencias se encontraban una red de personas que buscaron ascender socialmente y de paso tener la posibilidad de “evadir” la justicia real y eclesiástica, en especial los familiares de la Inquisición cuyas obligaciones estaban menos definidas que sus privilegios[55]. Ser familiar del Santo Oficio significaba para estos individuos una serie de privilegios, exenciones e inmunidades, especialmente que la justicia ordinaria y eclesiástica no podría “tocarlos” en los delitos que ellos cometieran o se les imputara, en ese caso, los jueces competentes para dichos casos serían los mismos del Santo Oficio[56].

El ser acogidos por el fuero inquisitorial quedaba consagrado desde el mismo nombramiento como familiar del Santo Oficio, el cual se adjuntaba en la mayoría de los pleitos de competencias. En estos títulos se exhortaba a las justicias eclesiásticas y seglares de “todas las ciudades, villas y lugares de todo el distrito de la Inquisición, y en los Reynos y Señoríos de su Magestad” para que se remitieran las causas criminales de los familiares al tribunal.

[en] todos los casos y causas criminales que os tocaren, delitos que cometieredes o se os imputaren, no se entrometan á conocer dellos antes nos los remitan, juntamente con vuestra persona como á Juezes competentes que somos. Lo contrario haciendo, les apercebimos que procederemos contra ellos y cada uno dellos a declaración y execución de las dichas censuras y penas, y como contra impedientes del recto exercicio del Santo Oficio según hallamos por derecho[57].

 

El fuero inquisitorial, sin embargo, no representaba inmunidad. En la sección Inquisición del Archivo Histórico Nacional son abundantes los casos del propio tribunal contra los familiares acusados de diversos delitos civiles, criminales y fiscales. Tampoco evitó los enfrentamientos al interior del Santo Oficio, como en el caso del tribunal de Mallorca, donde un grupo de familiares jóvenes precedieron arbitrariamente a los ministros de la Inquisición en la procesión de San Pedro Mártir del 29 de abril de 1697, lo cual parece haber sido motivado por la amistad que los familiares tenían con el presidente del tribunal de la ciudad. En este caso el tribunal inquisitorial juzgó y condenó la irreverencia de los familiares quienes pretendieron renunciar a sus dignidades con el fin de no ser juzgados, táctica rechazada por los magistrados del tribunal alegando que los familiares no podían de manera arbitraria renunciar a su título[58].

El inventario de la sección Inquisición también deja entrever enfrentamientos jurisdiccionales por infracciones y delitos cometidos por oficiales e inquisidores, lastimosamente estos registros no se encuentran digitalizados por lo cual no fue posible contrastar entre los pleitos de familiares y oficiales del Santo Oficio. Tampoco están digitalizados los registros de los criados, sirvientes y parientes de los inquisidores, de los que la Junta Magna decía representaban la mayoría de enfrentamientos jurisdiccionales, sin embargo la cantidad es significativamente menor a los pleitos de oficiales, magistrados y familiares del Santo Oficio. En el caso de Castilla sólo se relacionan dos pleitos, uno entre el tribunal de Toledo y la justicia ordinaria por el proceso criminal por heridas que inició el alcalde de la villa de Yuncos (Toledo) en 1671 contra un criado del alguacil mayor del Santo Oficio en la misma localidad[59]. Otro caso fue formado en 1679 después que el corregidor de la ciudad de Toledo encarcelara a Gregorio del Prado, cochero y criado del inquisidor Antonio Sánchez de Ponte Andrade, por incumplir su palabra de matrimonio con Ana de León y por estupro[60]; gracias a la labor del genealogista José Francisco Saavedra Rodríguez se sabe que este caso fue ganado por el inquisidor gracias a su “autoridad y prepotencia”, pero sobre todo porque usó como antecedente la sentencia contra el teniente gobernador de Calatrava, Gabriel del Águila, quien en 1542 había encarcelado a Antonio Celina, criado del inquisidor de Murcia Juan Yáñez[61].

El enfrentamiento jurisdiccional explica un enfrentamiento social y así mismo político, tanto el Santo Oficio como los consejos utilizaron estos pleitos de competencias como una manera de acusar al otro cuerpo más allá de lo meramente jurídico. La mayoría de las quejas interpuestas por los consejeros del reino hacían hincapié en el abuso del poder de la Suprema, evidencia de ello fueron los ejemplos mostrados por los consejeros de la Junta Magna con los que aspiraban demostrar el abuso y peligro que implicaba para el orden social que los criados de los inquisidores gozaran del fuero inquisitorial. El primer caso puesto como ejemplo, sucedido “pocos días ha”, representó a un negro que asesinó a la mujer de un “vecino honrado” de la ciudad de Córdoba quien fue condenado a la horca, los magistrados de la Junta interpretaron el pleito de competencias establecido por el tribunal inquisitorial de la ciudad como un mecanismo para evitar entregar al esclavo a la justicia ordinaria y de esta forma permitir que finalmente escapara “dexando desobedecido a Vuestra Magestad, ajada la real justicia, sin satisfacción de las ofensas de aquel vasallo y de la causa pública, desconsolados a todos, en libertad el reo y vencedora por este justísimo medio la terna de los Inquisidores.[62]” El segundo caso, sucedido también en Córdoba, habría sido el de un moro esclavo de don Agustín de Villavicencio, consejero de la Suprema, causa que habría sido atraída por el tribunal inquisitorial con el fin de evitar que fuera castigado con azotes. Los magistrados de la Junta afirmaban que estos y otros muchos casos habrían sido los que motivaron el rechazo de los reinos de Flandes y Nápoles a establecer en sus jurisdicciones tribunales de la Inquisición[63]. Parece ser que la apreciación de la Junta Magna quiso sobredimensionar los abusos de los criados de los inquisidores para justificar la exclusión de este grupo de personas del fuero inquisitorial.

El Santo Oficio por su parte aprovechaba los pleitos de competencias para quejarse por el rechazo que sufrían sus oficiales de los diferentes tribunales del reino. Por ejemplo, en el principado de Castelbuono del reino de Sicilia el familiar de la inquisición, Francisco Esquinventi y Moncada, denunció ante el tribunal a Francesco III de Ventimiglia, marqués de Irache y príncipe de Castelbuono, por haberlo maltratado e injuriado al desacatar un llamado de juramento que mediante bando ordenó el marqués con el fin de ponerse al servicio de la corona. El fuero del príncipe impedía que la Suprema conociera del caso, mas lo que los inquisidores buscaban demostrar era la animadversión de los príncipes sicilianos con el Santo Oficio y sus fueros. El tribunal señalaba que la justicia real debía abstenerse de juzgar al marqués puesto que eso podría llevar a que los “titulados y señores” desacataran a los familiares del Santo Oficio, “como lo hazen ya en muchas partes del Reyno teniéndolos y tratándolos como a enemigos solo por ser familiares[64]”, este alegato por la defensa de la Suprema debe entenderse en el contexto siciliano, un reino que había presenciado las más exitosas revueltas en contra del tribunal en 1511 y 1526[65].

En el mismo tenor José Badarán de Osinalde escribió siendo inquisidor en Sevilla una defensa de la jurisdicción del tribunal en Canarias, donde previamente había ocupado el mismo cargo. El enrevesado alegato inicia denunciando los maltratos que habría sufrido el Santo Oficio y las injurias en su persona: “son tan grandes y repetidos los públicos agravios y ofensas que  el Santo Officio de esta ynquisicion y sus ministros hemos recibido desde el principio de el año de 1654 por ser los maiores contra mi persona y tan notorias las injusticias con que he sido injuriado” y en cambio la actitud del ministro fue “a todo oyalo com paçiençia, no hablava mas que si estuviera mudo baxava mi cabeça y haçia que no estava atento a las injurias que me decían, en nada contradecía ni replicaba[66]”. El motivo del rechazo, según el inquisidor, fue haber puesto presos a dos prebendados, un capellán del Obispo y un clérigo, notario de la Audiencia “por aver delinquido contra la authoridad y jurisdicion de este Santo Officio.[67]” En adelante la defensa se destinará a reunir los alegatos en derecho por los cuales la Inquisición tuvo la potestad de apresar a los religiosos, fundamentado en las atribuciones eclesiásticas de la jurisdicción inquisitorial. También relaciona una serie de eventos en los que los oficiales y familiares del Santo Oficio fueron injuriados de obra y palabra, arguyendo que para todos estos casos el tribunal tuvo el fuero para juzgarlos[68].

Si bien buena parte del expediente se dedica a citar tratadistas de derecho civil y eclesiástico para sostener la superioridad jurisdiccional del Santo Oficio, lo cierto es que esta defensa fue motivada por un motín que el día 1 de agosto de 1654 irrumpió en la casa del inquisidor[69]. La revuelta iba dirigida por obispo de Canarias y trató de poner preso por la fuerza al ministro inquisitorial, quien había sido excomulgado previamente junto con el fiscal del tribunal del Santo Oficio, además apresaron al corregidor del tribunal y a unos criados, los cuales fueron liberados por el Alguacil Mayor so pena de 500 ducados[70]. Por lo que se puede observar en este caso, posiblemente uno de muchos, es que los enfrentamientos jurisdiccionales no se limitaron al ámbito de las Juntas de competencias o los acuerdos intersinodales, sino que tomaban cuerpo en las mismas redes clientelares de oficiales, familiares y criados que asumían los límites de la jurisdicción por las vías de hecho.

 

Conclusión

 

Los choques entre las jurisdicciones de la justicia eclesiástica, civil e inquisitorial no fueron causados únicamente por la porosa frontera existente entre las instituciones del Antiguo Régimen. Si bien el sistema jurídico de la monarquía hispánica del siglo XVII favorecía una aparente confusión en las competencias, fueron aspectos de tipo social y político los que en primera medida motivaron la confrontación institucional. El hecho de que cualquier persona que estuviera asociada a la Inquisición tuviese la posibilidad de ser acogida por sus fueros contribuyó a generar una especie de islote jurisdiccional que protegía a las élites de la justicia real y eclesiástica.

Como indicó Paolo Prodi los pleitos de competencia son una expresión del derecho hispano de la edad Moderna, manifestación de un enfrentamiento entre diversas jurisdicciones y fueros, esquemáticamente divididas en eclesiástica y civil, que no representan sólo una abstracción jurídica, al contrario, al ser la jurisdicción la potestad jurídica de una corporación el choque de competencias no es otra cosa que el conflicto entre dos corporaciones. Los alegatos jurídicos no eran entonces sólo una expresión de la erudición del jurista, eran análisis de realidades sociales a la luz de eventos que se interpretaban con criterios jurídicos y religiosos.

Si el Santo Oficio era una corporación sostenida por clientelas esto no la hacía diferente a las demás corporaciones, en términos jurídicos ni siquiera se cuestionaba este sistema de amistad para la construcción de un organismo jurídico de la monarquía española ni mucho menos los privilegios de los que gozaban oficiales y familiares de la Inquisición. Como dijo en 1645 el fiscal del Consejo de Castilla: “No es mi intención en la defensa de la jurisdicción Real restringir los privilegios tan devidos al Tribunal de la Fe”[71]. Los ataques al Santo Oficio deben entenderse en su contexto político, de auge o debilidad de la monarquía, entre más fuertes eran los Consejos, los reinos, los principados, mayor era el rechazo a la jurisdicción inquisitorial.

 

Fuentes documentales

 

AHN   Archivo Histórico Nacional de España

Inquisición, Pleitos de competencias, libros 1718, 1750, 1923, 2101, 2102

Inquisición, documentos especiales, 257

BNE    Biblioteca Nacional de España

Manuscritos, 5547, 6845

Porcones, 954

 

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Notas

[1] José Martínez Millán, “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: la Junta Magna (1696)”, Hispania sacra 37, núm. 75 (1985): 224–225.

[2] El proceso de reforma emprendido por Valdés comprendió cuatro puntos: la protección del imperio para evitar la entrada e influencia de ideas luteranas, el saneamiento de la hacienda inquisitorial, la revisión y cumplimiento de las leyes administrativas del Santo Oficio, y la obtención de una preeminencia jurisdiccional sobre cualquier institución civil o eclesiástica. José Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición, 1478-1700, Monografías de historia eclesiástica 14 (Madrid: Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984), 32–38. Teresa Sánchez Rivilla, “Inquisidores generales y consejeros de la Suprema: documentación biográfica”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet, vol. III (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 2000), 279–280.

[3] Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain (New York: The MacMillan Company, 1906), I:541. Jonathan Israel supone que Olivares se opuso a la creación de un cuarto tribunal inquisitorial en Buenos Aires para no perder el apoyo de los cristianos nuevos que manejaban buena parte del comercio americano. Jonathan Irvine Israel, “Olivares and the Government of the Spanish Indies, 1621-1643”, en Empires and Entrepots: the Dutch, the Spanish Monarchy, and the Jews, 1585-1713, ed. Jonathan Irvine Israel (London, U.K. ; Roncevert, WV, U.S.A: Hambledon Press, 1990), 378.

[4] José Martínez Millán, “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”, Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea, núm. 6 (1994): 121.

[5] Martínez Millán, “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”, 108.

[6] Citado en Martínez Millán, “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”, 120.

[7] Henry Charles Lea por ejemplo consideraba que la Concordia de 1553 detuvo el interés de la Inquisición por alcanzar la “exagerada pretensión” de “emanciparse” de todo control. Lea, A History of the Inquisition of Spain, I:343.

[8] Jaime Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700: poder, sociedad y cultura, Akal universitaria ; Serie Historia moderna 34 (Madrid: Akal, 1982), 72.

[9] Pilar Sánchez Núñez, “La red local de agentes del Tribunal Inquisitorial de Zaragoza (1552-1611)”, en Profesor Nazario González : una historia abierta., Homenatges (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1998), 50.

[10] Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición, 39–40.

[11] Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición, 47–48; Lea, A History of the Inquisition of Spain, II:133–159.

[12] Antonio Domínguez Ortíz, “Las presuntas ‘razones’ de la Inquisición”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, vol. III (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 2000), 67.

[13] Nace en Valencia (Portugal) en 1557 y muere en Madrid en 1648. Fraile del convento de Santo Domingo de Salamanca, catedrático en las universidades de Salamanca y Toro, ingresa al Santo Oficio de Galicia como calificador y consultor en 1601 ascendiendo en la corporación hasta alcanzar el nivel de consejero en 1622. Fue consejero del rey Felipe IV quien le otorgó los cargos de consejero de Estado, del Consejo de Guerra y Comisario General de la Cruzada. Fue Inquisidor General desde 1632, nombrado por el papa Urbano VIII, hasta 1643 cuando renuncia al cargo. Sánchez Rivilla, “Inquisidores generales”, 272–273.

[14] John Huxtable Elliott, El Conde-Duque de Olivares: el político en una época de decadencia (Barcelona: Mondadori, 1998), 420.

[15] Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición, 48–50.

[16] Nace en Zalamea de la Serena (Badajoz) en 1585 y muere en Madrid en 1665. Fue hijo de un Familiar del Santo Oficio, el licenciado Fernando de Arce y Reinoso. Estudió gramática y leyes en la Universidad de Salamanca y doctor en cánones del Colegio de Cuenca. Fue oidor de la Chancillería de Granada y consejero del Consejo Real de Justicia.  Nombrado inquisidor por Urbano VIII en 1643 desempeñó el cargo hasta su muerte en 1665, durante el cual reformó las plazas supernumerarias y prohibió la venta de oficios en el Santo Oficio. Sánchez Rivilla, “Inquisidores generales”, 239–240.

[17] Lea, A History of the Inquisition of Spain, I:310. Robert A. Stradling, Philip IV and the government of Spain, 1621-1665 (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1988), 349.

[18] Arce y Reinoso en un comienzo planeó trasladar los asuntos del tribunal de Madrid, mejor conocido como la Corte, a Toledo mas la presión de los madrileños impidió que esto se realizara. Para el final del siglo las reformas a este tribunal hicieron que éste adquiriera un carácter de despacho y Toledo fuera el encargado de fungir como tribunal de los asuntos de la corte. Lea, A History of the Inquisition of Spain, I:546.

[19] Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición, 51–52.

[20] Martínez Millán, “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio”, 225.

[21] Ricardo García Cárcel, Orígenes de la Inquisición española: el Tribunal de Valencia, 1478-1530, Historia, ciencia, sociedad 132 (Barcelona: Península, 1976), 136.

[22] José Antonio Escudero, “Inquisidor General y Consejo de la Suprema: dudas sobre competencias en nombramientos”, en Perfiles jurídicos de la Inquisición española, ed. José Antonio Escudero, segunda reimpresión (Madrid: Instituto de Historia de la Inquisición, Universidad Complutense de Madrid, 1992), 539.

[23] García Cárcel, Orígenes de la Inquisición española, 136–138.

[24] Contreras, El Santo Oficio, 67.

[25] Henry Kamen, The Spanish Inquisition: A Historical Revision, Fourth Edition (New Haven: Yale University Press, 2014), 195.

[26] Como ha mostrado Paolo Prodi, antes del siglo XIV las jurisdicciones civil y eclesiásticas se encontraban entrelazadas y aún con una definición más marcada, en parte gracias a los pleitos de competencia, de los fueros de cada jurisdicción, la diferencia en muchos sentidos no es más que conceptual (el derecho canónico absuelve al pecador con su muerte, la justicia civil redime al pueblo mediante el espectáculo de la muerte del hereje). Paolo Prodi, Una historia de la justicia: de la pluralidad de fueros al dualismo moderno entre conciencia y derecho (Katz Editores, 2008), 126.

[27] Dice César Vallejo: “Las relaciones de poder, en virtud de las cuales un conjunto de individuos se encontraba subordinado a otro u otros, se englobaban bajo el concepto de iurisdictio.” En este sentido, existía en el derecho de Antiguo Régimen una multiplicidad de titulares de la jurisdicción, es decir, de la potestad de “decir el derecho” y “establecer la equidad” en el conjunto de individuos con el cual se había establecido el acuerdo o pacto. La jurisdicción en este marco jurídico está atada a la corporación entendida como cuerpo de individuos que ejercen las funciones que socialmente les corresponden. Jesús Vallejo, “El cáliz de plata: Articulación de órdenes jurídicos en la jurisprudencia del ius commune”, Revista de historia del derecho, núm. 38 (2009), http://ref.scielo.org/4cwypw.

[28] Debe distinguirse entre la Inquisición medieval, fundada en 1232 gracias a una bula otorgada por Gregorio IX a Fernando III de Aragón, y la inquisición hispánica creada con el favor de Sixto IV en 1478 a los reyes Católicos. La primera tuvo como finalidad servir como instrumento para combatir la herejía de los cátaros en Languedoc, por lo que después de cumplirse el objetivo inicial su importancia fue cada vez más reducida y apenas superó la jurisdicción del reino de Aragón durante los siglos XIII y XIV. La Inquisición hispánica adquirió un carácter de mayor amplitud jurisdiccional al ser un tribunal que dependía de las Coronas de Castilla y Aragón lo cual le permitió a los monarcas extender los tribunales del Santo Oficio por prácticamente todas sus posesiones tanto en la península como en ultramar. Véase Kamen, The Spanish Inquisition, 51; Ricardo García Cárcel, “La Inquisición en la Corona de Aragón”, Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), núm. 7 (1998): 151–152.

[29] Francisco Tomás y Valiente, “Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen”, en Obras completas, vol. II (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997), 1593–1596.

[30] Kamen, The Spanish Inquisition, 347.

[31] Contreras, El Santo Oficio, 73–74.

[32] Joaquín Pérez Villanueva, “La crisis del Santo Oficio (1621-1700): Los acontecimientos en la Península. Felipe IV y su política”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet, vol. I (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, Centro de estudios inquisitoriales, 1984), 1057. Para el caso de Cataluña John Elliott señaló que “gran parte de las hostilidades de las Cortes hacia la Inquisición estaba, pues, inspirada por los nobles que estaban resentidos por el hecho de que sus propios vasallos pudieran escapar a su jurisdicción aceptando un nombramiento de familiar.” John Huxtable Elliott, La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598 – 1640), 4. ed, Historia de los movimientos sociales (México: Siglo Veintiuno, 1998), 93.

[33] Kamen, The Spanish Inquisition, 192–195. La consulta de la Junta Magna de 1696 también deja entrever lo anterior cuando afirmó que en Aragón “es menor el inconveniente [de los abusos jurisdiccionales] por reducirse esto a poco número de personas”. BNE, Manuscrito 5547, f. 103r.

[34] Martínez Millán, “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio”, 220–224.

[35] Luis María García-Badell Arias, “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV: Rey, nobleza y Consejos en la Monarquía Católica”, Cuadernos de Historia del Derecho volumen extraordinario (2004): 109–110.

[36] Martínez Millán, “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio”, 225.

[37] Este tipo de papeles en derecho estuvo destinado al estudio de los eruditos y de los juristas en casos concretos, su contenido estuvo referido a los argumentos jurídicos en casos específicos y fueron de gran difusión durante los siglos XVI al XVIII. Santos Manuel Coronas González, “Alegaciones e informaciones en Derecho (porcones) en la Castilla del Antiguo Régimen”, Anuario de historia del derecho español, núm. 73 (2003): 165–92.

[38] BNE, Porcones, 954, f. 139r.

[39] BNE, Porcones, 954, f. 171r-172r.

[40] García-Badell Arias, “La Junta Grande de Competencias.”

[41] Citado en García-Badell Arias, “La Junta Grande de Competencias”, 132.

[42] John Huxtable Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (London: Penguin, 2002), 363. García-Badell Arias, “La Junta Grande de Competencias”, 135–136.

[43] Martínez Millán, “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio”, 225–226.

[44] Joaquín Pérez Villanueva, “La Inquisición y los otros poderes problemas de competencia, sentencias y arbitrios”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet, vol. III (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 2000), 190.

[45] BNE, Manuscrito 5547, ff. 100r-101r. El redactor del documento fue José de Ledesma, fiscal del Consejo de Castilla. Pere Molas Ribalta, “Los Fiscales de la Cámara de Castilla.”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (1993): 23.

[46] BNE, Manuscrito 5547, ff. 104v-105r.

[47] El fuero pasivo es el derecho que tenían todos los miembros de una corporación para ser demandados exclusivamente ante los jueces de su jurisdicción, el fuero activo hace referencia al privilegio de ciertas personas para “atraer” al juzgado de su fuero a individuos de otras corporaciones contra quienes quisiera iniciar una querella. Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 2a edición corregida y aumentada, vol. II (Madrid: Imprenta del colegio de sordo-mudos, 1839), 211.

[48] BNE, Manuscrito 5547, f. 105v.

[49] BNE, Manuscrito 5547, f. 106r.

[50] “pena eclesiástica y de fuero esterno, que contiene privación ó suspensión de las cosas espirituales, como la escomunión, la suspensión y el entredicho.” Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 2a. edición corregida y aumentada, vol. I (Madrid: Imprenta del colegio de sordo-mudos, 1838), 677.

[51] Es decir, reclamar el castigo del reo y anular la sentencia dada por el juez eclesiástico a quien además se le insta de abstenerse a reclamar la competencia o apelar el caso en el tribunal secular. Escriche, Diccionario razonado, II:220.

[52] BNE, Manuscrito 5547, f. 113v.

[53] Teófanes Egido López, “Los hechos y las actividades inquisitoriales: La Inquisición de una España en guerra”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, vol. I (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984), 1237–1247.

[54] Martínez Millán, “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”, 123.

[55] En general las funciones eran otorgadas en cada nombramiento y se tendía a agruparlas bajo el criterio de “ayuda al Santo Oficio y su personal”, la cual consistía en términos estrictos en proteger la persona y familia de los inquisidores, colaborar en apresar los sindicados, en custodiar prisioneros, colaborar en la captura de sospechosos, ayudar a los comisarios en la custodia de puertos y fronteras, entre otras. Según el Directorium Inquisitorium de Nicolás Eymerig la función de los familiares era, en resumen, servir de “familia armada” para evitar que los inquisidores fueran “asesinados crudelísimamente” mientras cumplían sus labores. Miguel Jiménez Monteserín, “Fuentes y técnicas del conocimiento histórico del Santo Oficio: léxico inquisitorial”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet, vol. I (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, Centro de estudios inquisitoriales, 1984), 200. Gonzalo Cerrillo ha planteado que aunque la función policial ha sido con la que más se ha asociado a los familiares la denuncia no parece haber sido parte del ejercicio de sus funciones. Gonzalo Cerrillo Cruz, “Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española”, Manuscrits 17 (1999): 157.

[56] AHN, Inquisición, Secretaría de Castilla, Pleitos de Competencias, Libro 1923, Expediente 10, f. 4r. La teoría que sustentaba la intocabilidad de los familiares y oficiales del Santo Oficio fue plasmada desde el mismo Directorium Inquisitorium de Eymerig, para este tratadista incluso el rey estaba sujeto a la clerecía, por lo tanto no podía tocar, a través de la justicia real, “un pelo á un sacristan, ó á un familiar del Santo Oficio, aunque hayan cometido robos, estupro y parricidios” Nicolau Eymerich, Manual de inquisidores, para uso de las inquisiciones de España y Portugal (Montpelier: Imprenta de Feliz Aviñón, 1821), 147.

[57] AHN, Inquisición, Colección de documentos especiales, documento 257. Esta fórmula se repite en diversos tribunales y épocas, como en el caso del título de Juan de Huarte, vecino de la villa de Priego (Cuenca), nombrado familiar en 1608. AHN, Inquisición, Secretaría de Castilla, Pleitos de competencias, Libro 1923, expediente 10, f. 4.

[58] AHN, Inquisición, Secretaría de Aragón, Pleitos de competencias, Libro 1718, expediente 16.

[59] AHN, Inquisición, Secretaría de Castilla, Pleitos de competencias, Libro 2102, expediente 14.

[60] AHN, Inquisición, Secretaría de Castilla, Pleitos de competencias, Libro 2101, expediente 14.

[61] José Francisco Saavedra Rodríguez, “El inquisidor Don Antonio Sánchez de Ponte y Andrade”, Anuario brigantino, núm. 35 (2012): 171. Sobre el inquisidor Juan Yáñez no se tienen mayores datos biográficos excepto que ayudó a expandir el Santo Oficio hacia la ciudad de Orihuela en Murcia. Juan Bautista Vilar Ramírez, “La rebelión y dispersión de los moriscos: el caso murciano”, en Historia de la Inquisición en España y América, ed. Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, vol. I (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984), 773.

[62] BNE, Manuscrito 5547, ff. 76r-77v.

[63] BNE, Manuscrito 5547, ff. 78r-78v.

[64] AHN, Inquisición, Secretaría de Aragón, Pleitos de competencias, Libro 1750, expediente 1.

[65] Kamen, The Spanish Inquisition, 375.

[66] BNE, Manuscrito 6845, ff. 1r-1v.

[67] BNE, Manuscrito 6845, f. 3v

[68] BNE, Manuscrito 6845, ff. 18v-29r

[69] Los conflictos eran especialmente violentos entre la jurisdicción eclesiástica y la inquisitorial, particularmente porque los clérigos consideraban que eran sus tribunales los únicos con fuero real para tratar temas de la fe. Muy similares fueron los problemas con los tribunales civiles que veían en el Santo Oficio una intromisión en temas de la justicia criminal, pero no llegaron a tener la movilización social que logró la Iglesia católica. Contreras, El Santo Oficio, 35–39.

[70] BNE, Manuscrito 6845, f. 83r-84v.

[71] BNE, Porcones, 954, f. 164v.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "Pleitos de competencia del Santo Oficio con la justicia real durante los reinados de Felipe IV y Carlos II," en Historia, crimen y justicia, 06/05/2016, http://hccj.hypotheses.org/97.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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