¿Secularización del perdón?

Una de las hipótesis de la cual parte mi investigación comprende la idea de una pretendida tecnificación de los principios jurídicos, entre ellos el indulto, en el periodo postrevolucionario neogranadino. Gracias a un comentario del doctor Osvaldo Rodolfo Moutin, en el cual me aclaró que aunque hubo una mutación en el modelo jurídico en el fondo la legislación sigue percibiendo a Dios como el legislador universal, además, en el mismo ejercicio del juicio, el juramento ante Dios continúa como una fórmula necesaria para confiar en la certeza del testimonio; percibo la necesidad de sustentar de una manera sopesada la concepción de “secularización” en la práctica del indulto constitucional.

En primer lugar, la hipótesis planteada parte de un principio secular del perdón, el retiro de la clemencia como inspiración del indulto real. En una entrada anterior presenté dicha hipótesis en la cual afirmé, tras la comparación entre un decreto neogranadino de perdón y una cédula de perdón promulgado por la reina regente en 1837: “En el decreto neogranadino la gracia y la clemencia desaparecen o se camuflan como un ‘acto de esta naturaleza’, la misericordia da paso a la conveniencia pública, la paz de las familias y la reconciliación de los ciudadanos.” Una cita inmediatamente posterior del jurista colombiano Carlos Medellín muestra que el resultado innegable es el de la eliminación de la “liberalidad del monarca” y la abolición de los “impulsos generosos” como justificación para su promulgación[1]. Sin embargo, que se someta el perdón al imperio de la ley ¿significa la eliminación de la clemencia dentro del acto del perdón constitucional?

Un breve escrito de Andrés Bello publicado en el Araucano en 1836 podría brindar algunas luces acerca de esta cuestión. Tras prevenir los malestares que podría conllevar al régimen penal el abusar de los indultos Bello presentó el siguiente argumento:

No se crea que queremos quitar al supremo majistrádo de la república sentimientos de compasión, ni los rasgos de clemencia, que en ningún ciudadano deben relucir mejor. Solo queremos que ellos vayan siempre nivelados por la justicia, porque sin esta virtud son quiméricas las demás; i la clemencia mal entendida es una crueldad verdadera, tanto mas perjudicial, cuanto mas encubierta. El que por una apárente compasión deja impune al malvado, sobreponiéndose a las leyes, sacrifica, con una temeridad imperdonable, a las inocentes víctimas de los delitos que él vuelva a cometer, i de los que cometan otros desgraciados bajo la salvaguardia de la debilidad en la aplicación de los castigos[2].

Quisiera resaltar la frase “la clemencia mal entendida es una crueldad verdadera”, que sin duda recuerda la reconocida frase de Séneca en De clementia (1, 2) “Nec promiscuam habere ac vulgarem clementiam oportet nec abscisam; nam tam omnibus ignoscere crudelitas quam nulli.”[3] La lógica de la clemencia como instrumento para mantener la justicia[4] se mantiene intacta en este razonamiento de Bello, aunque evade la variable del arbitrio del magistrado supremo.

La subordinación a la ley como fundamento del perdón también remite al mismo poder limitado del virrey, de quien decía López de Cuéllar que aunque debían conservar la gracia de perdonar “no están libres de la observancia de las leyes, ni tienen la plenitud de potestad, que el Soberano á quien representan.[5]” Bello diría que el supremo gobierno tenía, por ley, la facultad de indultar, sin que lo anterior lo hubiese “constituido arbitro en el ejercicio de esta sublime prerrogativa, porque esto equivaldría a constituir superior a las mismas leyes, a quien es este caso no es sino el destinado para ser su intérprete.[6]

Más allá del principio moral de la clemencia y la misericordia, lo que tal vez intentaban los constitucionalistas de principios del siglo XIX sería limitar el arbitrio del poder ejecutivo. Al respecto es muy interesante lo planteado por Antonio del Real, catedrático de la Universidad del Magdalena y el Istmo, quien en 1839 publicó:

El derecho de hacer gracia que tal vez se ha llamado sin mucha razon el mas hermoso atributo del poder supremo, se da tambien al gefe del Poder Ejecutivo con mas ó menos restriccion. En los gobiernos monárquicos se concede pleno y absoluto, el Rey puede dispensar de toda pena á cualquiera delincuente, siendo muy singular que tal derecho se pretenda conceder aun en favor de los Ministros juzgados por abusos de sus funciones, cuando tal vez se castiga en ellos una ciega obediencia á las voluntades de aquel á quien se quiere autorizar para dejarlos impunes, y cuando de este modo se puede excitarle á garantizar el perdon en todo caso á los mismos Ministros cuya oposicion á las infracciones de la ley que quiera hacer el Monarca, se permite como un obstáculo á ellas. Sin negar la conveniencia de que sea lícito alguna vez muy rara dispensar la ley, creo que se deberia no conceder el recurso de gracia sino cuando el mismo tribunal que dictó la sentencia lo creyese oportuno, y que nunca se dispensase de todo castigo al criminal, sino que se limitase el perdon á eximirlo de la pena ordinaria, quedando sujeto á otra menor designada por la ley. Es quedar sujetos á mil abusos dejar la pena que se ha de imponer á discrecion del que perdona, lo que en realidad sería hacer posible la total estincion de ella[7].

En primer lugar, es interesante notar cómo demerita la gracia como “el más hermoso atributo del poder supremo” y antes bien lo considera este atributo como un acto voluntarioso del monarca para favorecer su obediencia. Al igual que Bello considera que el indulto sólo debería concederse en unas cuantas ocasiones excepcionales y de preferencia evitarlo y privilegiar la conmutación. La última frase es la que más nos atañe en este momento: Permitir la gracia “es quedar sujetos á mil abusos” al “dejar la pena que se ha de imponer á discrecion del que perdona”, ergo, permitir la clemencia significa la posible extinción de la pena.

Este temor no es meramente teórico o gratuito, esta es una etapa en la cual se está combatiendo contra la permanente tentativa del poder ejecutivo de ganar atribuciones extraordinarias, es además un periodo que aún reciente la dictadura bolivariana y los ecos de la rebelión del Santuario aún retumbaban en los oídos de los detentadores del gobierno nacional neogranadino. Tal vez por esta razón se determinó que tanto el Congreso como el Ejecutivo tuviesen la facultad de conceder indultos pero ninguno por su parte ¿se estaría buscando con lo anterior que el equilibrio de poderes redundara en la aequitas? La constitución de Nueva Granada de 1832, cuya vigencia problemática la ha borrado de la faz de la historiografía colombiana, persistió en dividir la facultad de perdonar en el Ejecutivo (Art. 108, núm. 4) y el Legislativo (Art. 64, núm. 16) aunque con exclusividad del último para decidir (el congreso podía expedir indultos sólo bajo la condición de exigirlo algún grave motivo de conveniencia pública, el ejecutivo sólo en casos de grave peligro por causas de conmoción interior o amenaza externa y aun así con la aprobación del Congreso o del consejo de Estado en ausencia del parlamento).

En este momento, mi revisión documental no permite validar o refutar las divergencias entre la intención de 1821 y las de 1832 al dividir la facultad de perdonar y delegarla casi exclusivamente al poder legislativo. Sin embargo es claro deducir, a partir de las actas del congreso de Cúcuta, que el interés del momento estaba dado en el deseo de mantener la unión de la nación, incluso perdonando a los españoles si juraban lealtad a la patria, no tanto en prevenir los abusos del ejecutivo (aunque se tuvo en cuenta como sentido primordial de la división de poderes). Para conmemorar la instalación del congreso se planeó promulgar un indulto (25 de junio de 1821) a favor de los desertores con el fin de “manifestar la humanidad y filantropía del primer cuerpo de la nación”[8]. El acta 67 de la sesión del 7 de julio da cuenta de lo vigente que se encontraba la lógica jurídica de antiguo régimen relativa al perdón con los propósitos de ciertos legisladores.  Al discutir el artículo 128 de la constitución, que facultaba al congreso para conmutar penas capitales, Ildelfonso Méndez discutía si esto no abriría la puerta a la injusticia al permitir que ciertos hombres con poder e influencias pudieran motivar la conmoción pública al saber que, de fallar, serían perdonados y en cambio los “desvalidos” serían sometidos al peso de la ley. Fernando Peñalver (cumanés), vicepresidente del congreso, y Miguel Tobar (tocaimuno) coincidieron en defender la prerrogativa clemente del legislativo, el primero al manifestar que aunque un hombre hubiese delinquido no implicaba olvidar los méritos y servicios hechos a la patria[9], aunque sin que lo anterior conllevara al extremo de abusar de la gracia en favor del mérito ya que el servicio a la patria no excluía al ciudadano de su lealtad. Por su parte Francisco Javier Yanes (cubano) señaló “la ley no debe ser inexorable, pues algunas veces es muy conveniente y necesario usar de indulgencia y hacer gracia.” Se nota por lo tanto la conciencia de una legislación imperfecta y por tanto rigurosa, la concepción de una ley flexible es mucho más cercana a la lógica jurídica de antiguo régimen.

Desde la carta cucuteña hasta la neogranadina acontecieron sucesos trascendentales que cambiaron la fisionomía política e intelectual de la Nueva Granada, difícilmente podría aceptarse la hipótesis de una permanencia de la lógica jurídica tal como la manifestaba Yanes tras una década de inestabilidad política y carencias económicas. En el peor de los casos, el indulto permaneció como una prerrogativa dividida por simple conveniencia, al parecer no habría necesidad de modificar tal precepto sino hacerlo cumplir. Sin embargo, debe anotarse que al parecer el nuevo campo de batalla del indulto ya no sería el jurídico sino el partidario. Apoyar el indulto implicaría adhesión al gobierno, oponerse a éste sería asumir una posición inclemente. Como lo manifestó un anónimo en la hoja El decidor: “la oposicion inclemente i obstinada contra el indulto solo aboga por sus timidas pasiones, que por doquiera presentan á su imajinacion vicionaria los puñales de la venganza como efectos de su remordimiento.” Ser inclemente, vengativo, incapaz de reconciliación, serán adjetivos de base moral que entrarán a jugar un papel dentro del debate partidista de la primera mitad del siglo XIX. De este modo queda claro que aún hay mucho que discutir respecto a la transición entre la clemencia real y el indulto constitucional que no se zanja ni mucho menos con la hipótesis de la secularización del perdón.

Notas

[1] Carlos Medellín Becerra, “La amnistía, institución iuspolítica”, Derecho Penal y Criminología 11, núm. 37 (1989): 260.

[2] Andrés Bello, Obras completas de don Andrés Bello, ed. Miguel Luis Amunátegui, vol. IX Opúsculos jurídicos (Santiago de Chile: Impreso por Pedro G. Ramírez, 1885), 193–94.

[3] “no es lógico practicar una clemencia generalizada e indiscriminada, ni tampoco recortada. Pues es tan cruel perdonar a todos como a ninguno.” Lucio Anneo Séneca, Sobre la clemencia, trad. Carmen Codoñer Merino (Madrid: Tecnos, 1988).

[4] “Et misericordia, portio iustitiae est” diría Gregorio López en su glosa “Y justicia” a la partida 3.24.

[5] Juan López de Cuéllar, Tratado ivridico, politico: practica de indvltos (Pamplona: por Martín Gregorio Zabala, 1690): 207.

[6] Bello, Obras completas, IX Opúsculos jurídicos:192.

[7] Antonio del Real, Elementos de derecho constitucional seguidos de un examen crítico de la constitución neo-granadina, (Cartagena: Imprenta de Eduardo Hernández, 1839): 51.

[8] Acta 50, sesión del día 23 de junio, Convención de Cúcuta

[9] Esta idea es compartida por Andrés Bello cuando considera que uno de los escasos casos que justifican los indultos es “Un ciudadano que por mucho tiempo dio ejemplos de virtudes públicas i privadas, otro que habia prestado eminentes servicios a la patria, son acreedores de justicia a que se les considere, cuando, en uno de aquellos momentos desgraciados para la humana flaqueza, cayeron en crímenes en que talvez no tuvo tanto influjo la malicia como la debilidad.” Bello, Obras completas, IX Opúsculos jurídicos:192.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "¿Secularización del perdón?," en Historia, crimen y justicia, 12/12/2017, http://hccj.hypotheses.org/285.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública.
Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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