Justicia penal en el distrito de Zamora durante el porfiriato

Este trabajo comprende un borrador de un posible artículo relacionado con la administración de justicia penal en el distrito de Zamora, Michoacán, durante el porfiriato. Está basado en documentación proveniente del Archivo Histórico Municipal de Zamora y en algún momento se complementará con documentación disponible en Morelia.  Cualquier comentario o crítica será sumamente apreciada.


Tal vez la primera ocasión en la que el público no especializado tuvo noticia del criminalista Cesare Lombroso fue en una nota de El eco de ambos mundos del seis de octubre de 1874 titulada “Caracteres físicos de los criminales”, en la cual el escritor anónimo decía: “un profesor de Milán de indisputable talento y de conocimientos nada vulgares, publicó, no ha mucho, sobre los caracteres físicos de los criminales, una serie de investigaciones antropológicas cuyos resultados son muy curiosos y han llamado la atención de varios hombres científicos de Francia, que no pueden menos de dar cierto valor a las conclusiones del Sr. Lombroso fundadas en un gran número de hechos.”[1] Se resalta en la nota periodística las asociaciones del carácter físico con los criminales: elevada estatura, mayor peso, pelo ancho, cabello más negro que los demás europeos, cabeza pequeña, tendencia a la braquicefalia (“sobre todo en los asesinos”), asimetría craneal, menor fuerza muscular, especialmente en los dementes, ojos negros, cabellera espesa, negra en los homicidas, ojos pardos en los ladrones e incendiarios; los criminales, nativos de Europa pero de fenotipo similar a los habitantes de Mongolia y Australia, no degenerados sino expresión del retraso evolutivo.[2] Finaliza la nota desligándose de cualquier opinión: “No teniendo voz ni voto en la materia, sometemos a los observadores científicos las observaciones que preceden.”[3]

En México la recepción de la antropología criminal lombrosiana (que posteriormente derivó en la escuela criminológica positivista italiana o Nuova Scuola) fue ambivalente; por una parte hubo aquellos que la adoptaron efusivamente como Francisco Martínez Baca, quien fue médico de la penitenciaría del Estado de Puebla, y Manuel Vergara, auxiliar del departamento de antropología de la misma penitenciaría, quienes se dedicaron a medir los “cerebros y cráneos” de los presos recluidos en la mencionada prisión y con ello colaborar en la tarea de determinar científicamente la culpabilidad del criminal, todo con el objetivo de superar las resoluciones arbitrarias de los jurisconsultos quienes se basaban en métodos “metafísicos” para resolver la premeditación o culpabilidad de las acciones. Para los “antropólogos” todo esto no sería culpa de los jueces sino de los criterios criminológicos del momento, como ellos mismos dirían

todas las aberraciones, todos los errores hasta hoy dominantes, no son tanto culpa de los jueces, cuanto del criterio científico que ha presidido a las legislaciones. Se empeñan éstas en perseguir un ideal metafísico sin existencia en la realidad; los sabios examinan, estudian el alma, pero como un ser abstracto; menosprecian y desconocen la constitución real y verdadera del hombre y no tienen en cuenta para nada las íntimas relaciones que existen entre los fenómenos psíquicos y los fenómenos fisiológicos.[4]

Los mayores opositores de la antropología criminal fueron los sectores católicos quienes denunciaron el interés por eliminar la moral humana de la justicia. En El abogado cristiano ilustrado, periódico de la Ciudad de México, se decía: “No cabe duda que la moral científica, sin ideales supremos de justicia y sin el prototipo perfecto de la verdad y el amor, no responde á las necesidades ingentes de la humanidad ni resuelve la cuestión capital del bien.”[5] El positivismo criminológico sería una pretensión para eliminar la conciencia del criminal, quien no era tal por estar predestinado al crimen sino por la influencia de la pasión o una educación defectuosa, no eran sus características físicas las que indicaban quién era o no criminal sino su formación, citando a Adolphe Guillot dirían: “Se hace criminal merced á una cierta perversidad progresiva. Comienzan por ser libertinos, perezosos, espíritus fuertes; pierden respeto á todo, rehúyen toda violencia, rechazan todas las creencias incómodas, se dejan arrastrar por sus pasiones, y llegan de este modo al apogeo del mal.”[6] El libertinaje y no el clima o la herencia serían las raíces de la criminalidad, e incluso si el criminal respondiera a factores “objetivos” sería la moralización y no la prisión el mejor camino para controlar las aberraciones de la sociedad.

Aunque la antropología criminal fue una teoría que llamó la atención general de la comunidad científica lo que en realidad dominaba era la interpretación científica de la legislación y la criminalidad, que no puede reducirse a los postulados de los criminalistas italianos. El Concurso Científico de 1895, iniciativa del presidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia, Luis Méndez, reunió en la cámara de diputados a las asociaciones científicas metropolitanas durante los meses de julio y agosto de dicho año con el objetivo de que cada una de éstas abordara desde su experticia los problemas de la legislación y la criminalidad. Los geógrafos debatieron las relaciones entre colonización y la legislación; la academia de medicina se enfocó en las enfermedades mentales y su relación con la responsabilidad criminal, en tanto la sociedad médica “Pedro Escobedo” trató sobre la legislación sanitaria y un “juicio crítico de la clasificación del Código Penal, relativo a las heridas”; la academia de la lengua presentó una ponencia acerca de “los antiguos códigos españoles como un monumento literario”; la asociación de ingenieros y arquitectos se enfocó en la distribución y aprovechamiento de aguas tanto para riego como para surtir del líquido a las ciudades; la sociedad farmacéutica sobre la legislación y profesionalización de la farmacéutica; la sociedad de historia natural sobre la legislación relativa a la conservación de los bosques; la academia de ciencias exactas presentó dos ponencias, una sobre cómo las ciencias naturales podían facilitar la determinación de límites en la propiedad y otra con el título “importancia de la astronomía en el orden político y administrativo”; finalmente, el congreso lo cerró la academia mexicana de jurisprudencia, correspondiente de la Real de Madrid con tres ponencias: “El Estado y la Instrucción pública” del Licenciado Jacinto D. Pallares; “El derecho y la correspondencia postal, telegráfica y telefónica” del licenciado Luis Gutiérrez Otero y “La responsabilidad criminal y las modernas escuelas de Antropología” del licenciado Agustín Verdugo.

No es el positivismo criminológico lo que anima el debate legislativo y jurisprudencial sino “la ciencia” en abstracto. Luis Méndez diría en la alocución inaugural: “Es la ciencia, señores, bellísima y misteriosa deidad, que sin perder la unidad perfecta de su ser infinito, se revela á la razón humana en destellos que fulguran por el Universo entero.” Para el presidente de la academia de jurisprudencia los científicos eran los “forzosos auxiliares del abogado”, y es en este sentido que se relacionaron los avances científicos con la administración de justicia, en el ajuste de las técnicas para obtener información probatoria más cercana a la infalibilidad, teniendo en cuenta que el dominio de la justicia subyace a la supremacía de la ley.[7]

Ahora bien, este debate está bien documentado para la capital mexicana,[8] la pregunta que surge es entonces si esta discusión se llevó a cabo también a nivel regional y más aún si hubo modificaciones en la codificación y prácticas judiciales estatales que evidencien cierto impacto del impulso cientificista porfiriano en la justicia michoacana, específicamente en el ramo penal. Para ello se tratará aquí el distrito de Zamora en particular, una región de catolicismo intransigente y de persistente ruralidad, aunque siempre en estrecha relación con el gobierno de Morelia. La hipótesis de este trabajo es que las ideas de la Nuova Scuola tuvieron más repercusión periodística que judicial y que la aplicación de técnicas como la fotografía de los prisioneros tuvieron más relevancia en términos de tecnificación judicial que en la aplicación de principios del positivismo jurídico de la escuela italiana, en este sentido, se buscaba hacer el sistema más eficiente pero no transformarlo de manera significativa en sus bases teóricas ni procedimentales, ya fuese por el rechazo de los grupos de presión, encabezados por los moralistas católicos, como por la misma negativa de las escuelas de jurisprudencia por aceptar los principios lombrosianos.

 

El Distrito de Zamora

 

El Estado de Michoacán se encontraba dividido en 15 distritos cada uno gobernado por un “prefecto” que era elegido por el Ejecutivo del Estado, funcionario que era de libre nombramiento y remoción. Al interior de cada distrito se dividía a su vez en una cantidad variable de municipalidades cuyo gobierno y administración correspondía a un Ayuntamiento, electo popularmente cada año. A su vez, al interior de cada municipalidad existían tenencias de justicia en las cuales residía un “jefe de policía”, electo popularmente cada año y dependiente del ayuntamiento.[9]

El distrito de Zamora comprendía el territorio que hoy abarcan los municipio de Zamora, Jacona, Chavinda, Chilchota, Ixtlán, Pajacuarán, Purépero, Tangacícuaro, Tlazazalca y Tangamandapio; de estos sólo Pajacuarán adquirió la categoría de municipio después del porfiriato (1923) abarcando la región que previamente se encontraba anegada por el desaparecido lago Pajacuarán y la ciénaga de Chapala adscrita a la municipalidad de Ixtlán.[10] Para 1876 el distrito sólo contaba con las municipalidades de Zamora, Tangancícuaro, Jacona, Chavinda, Ixtlán, Chilchota y Purépero, todas poblaciones dedicadas a la agricultura y a la ganadería en Zamora, Jacona, Tangancícuaro y Chilchota, municipalidades que contaban además con algunos molinos de máquina moderna para moler trigo. El distrito se encontraba afectado por vaivenes demográficos derivados en buena medida por la “revolución” de 1873 a 1876, por ejemplo, el prefecto del distrito decía que mientras los pueblos de Ario, Atacheo y Santiago Tangamandapio, adscritos a la municipalidad de Zamora, veían disminuir su población a causa de las alteraciones del orden público, la cabecera municipal se veía inundada por los pobladores de esos poblados que buscaban refugio en la ciudad.[11]

En 1907 el distrito de Zamora comprendía nueve municipalidades: la ciudad de Zamora (tenencias los pueblos de Santa Mónica Ario y Atacheo), los pueblos de Chilchota (tenencias Urén, Tanaquillo, Acachuén, Santo Tomás, Zopoco, Huáncito, Ichán, Tacuro, Carapan), Tlazazalca (tenencia de Acuitzeramo), Ixtlán (tenencia de Pajacuarán) y Santiago de Tangamandapio (tenencia Tarecuato); y las villas de Jacona, Tangancícuaro (tenencia Patamban, Ocumicho, San José y Etúcuaro) y Purépero.[12]

 

Distrito de Zamora 1906

 

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Alfonso Luis Velasco en su Geografía y estadística del Estado de Michoacán publicada en 1895 describe al distrito zamorano como el más rico de todos los de Michoacán, cuyo aspecto era “el de un país cultivado y fértil”,[13] cuya producción agrícola media anual tenía un valor aproximado de 1.231,500 pesos. Zamora, como cabecera y principal poblado del distrito, representaba una de las ciudades más acaudaladas del Estado gracias a ser el centro comercial e industrial del distrito. La población del distrito apenas alcanzaba los 82.135 habitantes de los cuales el 28 % habitaban la municipalidad de Zamora, otro 14 % vivía en Chilchota, mientras apenas el 5 % de las personas estaban adscritas a Tlazazalca y un 4 % a Jacona. Velasco enuncia la presencia de 33 haciendas y 109 ranchos en la jurisdicción del distrito,[14] pero hay que tener en cuenta que, como lo señaló Jean Meyer, el “‘Rancho’ puede ser una hacienda, parte de una hacienda, una propiedad mediana o pequeña, o una localidad, sin personalidad jurídico-política, que agrupa de 20 a 2 000 personas.”[15]

 

Organización judicial

 

La organización judicial del distrito respondía a las indicaciones dadas desde el gobierno del Estado. El organigrama del Poder Judicial michoacano estaba encabezado por el Tribunal de Justicia, con sede en Morelia, encargado de conocer todos los negocios judiciales en 2ª y 3ª instancia. La administración de justicia a nivel distrital tenía la jurisdicción de primera instancia en la cabecera de distrito. Zamora tenía la ventaja sobre los demás distritos, exceptuando el de Morelia, en que contaba con un juez de primera instancia para lo civil y otro para lo criminal. En cada cabecera municipal se elegían cada año a los alcaldes que estaban encargados de conocer en primera instancia los negocios civiles de una cuantía menor a 300 pesos. Finalmente, a nivel de tenencia la administración judicial estaba a cargo de un Teniente de justicia cuya jurisdicción consistía básicamente en hacer conocer los delitos a los alcaldes y encargarse de remitir los culpables de los delitos en las tenencias.[16]

Respecto al funcionamiento de los juzgados hay que decir que la documentación muestra un aparente buen funcionamiento, con excepción en algunos problemas menores relacionados con suministro de papel, tinta, plumas o mobiliario. Las demoras en los procedimientos no parecen haber sido una molestia mayor, y en todo caso las quejas que los mismos ayuntamientos hacían respecto a funcionarios negligentes fueron respondidas con celeridad por la prefectura del distrito.[17]

Donde al parecer existían mayores problemas en la aplicación de justicia era en las haciendas, en primer lugar porque las distancias y lo disperso de las poblaciones hacía que la persecución, investigación y castigo de los casos fuera más demorada, y en segundo lugar porque la administración judicial ejercida por los tenientes y responsables de ranchos y haciendas no respondía a los lineamientos dados desde las ordenanzas distritales. Esto queda en evidencia en varios casos y en especial en una comunicación en la que el “encargado del orden” de la hacienda de Santiaguillo en Zamora le comunicaba al prefecto:

Debo manifestar a usted al mismo tiempo que desde la época que estoy administrando esta finca he tenido especial cuidado, aunque sin ceñirme á las disposiciones especiales de las ordenanzas municipales, las cuales no conozco, de no admitir en ella vecinos que no acrediten debidamente su buena conducta y comportamiento, cuidado que redoblaré atenta la indicación de usted.[18]

El prefecto le hizo saber al encargado del orden que su jurisdicción se limitaba “a hacer guardar el órden y la tranquilidad públicos”. Estos encargados eran nombrados por el presidente municipal o el jefe de tenencia correspondiente, representaban el nivel de control político y judicial más cercano a las poblaciones rurales como haciendas, ranchos y pequeños pueblos sin personería jurídica. Sus funciones no se limitaban a lo judicial o policivo ya que tenía que vigilar además la higiene, la conservación de fuentes de agua, cuidar caminos e impedir la tala inmoderada de bosques, incluso estaba señalado que debía hacer cumplir las disposiciones relacionadas con la vacunación en sus poblaciones. Las atribuciones policivas y judiciales correspondían a la posibilidad de imponer multas de hasta cinco pesos e incluso arrestar por cinco días a aquellos que alteraran el orden “siempre que el hecho no importe la comisión de algún delito, o falta que no quepa en sus facultades castigar, pues en ese caso deberán poner al delincuente a disposición de la autoridad que corresponda”[19].

La importancia de estos personajes, que según Luis González son el equivalente de los jefes políticos en esta región[20], radica en que sus funciones respondían tanto a acuerdos comunales como a un ejercicio de la justicia que no estaba necesariamente ajustado a las realidades del código penal o de procedimientos. El hecho que el encargado del orden de Santiaguillo manifieste que ha logrado mantener el orden en su jurisdicción a pesar de no conocer las leyes es un indicador del ejercicio de una cultura jurídica basada en la costumbre, en tanto el interés del prefecto para que el encargado del orden se ajuste a las disposiciones que están consignadas en la ley indican a su vez el interés por convertir a estos personajes en “operadores de las leyes”, acordes con los principios del derecho republicano basado en la infalibilidad de la ley.[21]

En este sentido, la organización de justicia es sólo la cara formal de la administración de justicia en el distrito sin que eso implique que sea “letra muerta”; antes bien, responde a los intereses de las autoridades del Estado que en consonancia con las distritales respondían a problemas que se consideraban eran necesarios atacar en pos de mantener el orden social, que en el porfiriato consistía básicamente en reducir la criminalidad e impedir los levantamientos sociales.

 

Criminalidad y tranquilidad

El inicio del régimen porfiriano en el distrito de Zamora implicó la recuperación de una región azotada por la rebelión de 1873 a 1876. En este sentido, el control de la criminalidad haría parte del proyecto para mantener la paz y el orden, binomio fundamental en el plan de los gobiernos porfirianos. Los primeros años implicaron solventar las necesidades más básicas como la escasez de papel, tinta y mobiliario, así como resolver la contratación de funcionarios menores, en especial escribientes, ya que los mismos jueces tenían que llevar y redactar las causas.[22]

El mensaje de los presidentes municipales a finales de siglo daba un parte de tranquilidad y orden inalterables, con excepción de unos casos menores, como la evasión de presos, algunos asaltos, robos y homicidios. El reporte del gobernador durante los años de 1898 y 1899, con base en los informes dados por el prefecto, dejaría consignado que en el distrito, durante los meses reportados, “se conservaron en buen estado los diferentes ramos de la Administración pública sujetos á la vigilancia inmediata de las Prefecturas.”[23] La tranquilidad significaba un triunfo del gobierno dirigido por Aristeo Mercado y el prefecto zamorano.

Mensualmente los presidentes municipales tenían la obligación de enviar al prefecto del distrito un informe estadístico sobre la criminalidad en cada uno de sus territorios. En la pesquisa documental en el archivo histórico municipal de Zamora se encontraron informes de los años 1892, 1894,1906 y 1907,[24] los cuales servían como insumo para el reporte que el prefecto enviaba al gobernador. La ausencia de datos estadísticos no permite hacer apreciaciones cuantitativas para observar tendencias pero posibilita algunas apreciaciones generales relativas a la tasa de criminalidad del distrito.[25]

Por lo general las investigaciones relacionadas con la historia de la criminalidad utilizan la tasa de homicidios como un indicador relativamente fiable de las condiciones de violencia en un periodo de tiempo determinado. Una de las primeras cosas que llama la atención es que a pesar de la baja cantidad de homicidios las tasas de la ciudad de Zamora y del distrito en general no difieren significativamente de aquellas de la capital mexicana. El cómputo más preciso pudo realizarse para el año de 1906 ya que se contó con datos estadísticos tanto de población como de homicidios cometidos durante los meses de marzo a junio. En total se presentaron nueve casos de homicidio en el distrito siendo el caso más grave Ixtlán con un total de cinco homicidios en dicha municipalidad (ver cuadro 1). El cómputo basado en la totalidad de población da como resultado una tasa de homicidios de 10 hpccmh, la cual se asemeja a la obtenida para la Ciudad de México en el mismo año que con un promedio mensual de siete homicidios alcanza una cifra de 8 hpccmh, si el cálculo se hace basándose en la población de varones entre 16 y 75 años el distrito de Zamora computa una tasa de 38 hpccmh en tanto el distrito federal alcanza los 25 hpccmh.[26]

El cálculo cuantitativo basado en tasas de homicidio muestra que las apreciaciones pueden ser bastante imprecisas, por ejemplo, en Ixtlán en 1907 el ayuntamiento manifestaba su preocupación por el aumento de los casos de sangre aunque en dicho año sólo se registraron dos homicidios, esto es, de un año a otro la tasa de homicidios bajó de 112 hpccmh a 37 hpccmh. En general, como lo muestra el cuadro 2, la criminalidad muestra una tendencia decreciente en casi todos los ítems, tal vez la reducción más destacable se vea en los delitos de robo y abigeato, el primero con una disminución del 65 % en tanto el segundo se redujo en un 97 %. Es de destacar sin embargo la tendencia creciente de las heridas que aumentaron un 32 %, lo cual concuerda con lo expresado por Álvaro Ochoa y Gerardo Sánchez quienes afirmaron que durante el porfiriato se incrementaron los prostíbulos y cantinas y con ello también las riñas asociadas a la embriaguez,[27] tendencia que no sólo se observa en Zamora sino, proporcionalmente, en cada municipalidad.

 

Cuadro 1. Homicidios y tasa de homicidios por cien mil habitantes en el distrito de Zamora en 1906

Municipalidad Homicidios Población (16-75 años) Tasa de homicidios Población total Tasa de homicidios
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Zamora 2 0 2 6407 7226 13633 31 0 15 10203 11107 21310 20 0 9
Jacona 1 0 1 1295 1388 2683 77 0 37 2174 2216 4390 46 0 23
Ixtlán 6 0 6 5370 5094 10464 112 0 57 9687 9176 18863 62 0 32
Chavinda 1 0 1 1417 1290 2707 71 0 37 2444 2297 4741 41 0 21
DISTRITO 10 0 10 26311 27650 53961 38 0 19 45521 46629 92150 22 0 11

Fuente: AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-46, Exp. 14, 1906, “Delitos cometidos en el distrito”. Censo general de la república mexicana: Estado de Michoacán (México: Imprenta de la secretaría de fomento, 1905).

Cuadro 2. Delitos por año en el distrito de Zamora. 1892, 1894, 1906, 1907

AÑO Homicidio Infanticidio Heridas Riña simple Estupro Rapto Violación Robo Abigeato Falsedad Fuga Faltas a la autoridad Varios delitos
1892 33 0 101 0 3 8 3 167 32 8 19 13 162
1894 17 1 130 0 3 16 1 169 11 1 19 49 203
1906 10 0 91 20 1 4 3 71 2 5 3 5 100
1907 21 2 133 35 0 4 2 59 1 2 13 10 114

Fuente: AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-11, Exp. 3, 1892, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-46, Exp. 14, 1906, “Delitos cometidos en el distrito”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “Noticias estadísticas de los delitos cometidos en el distrito judicial de Zamora”.

 

En el distrito de Zamora los homicidios no fueron la mayor causa de intranquilidad, como se observa en la gráfica 1 los delitos más comunes en el distrito de Zamora eran las heridas y el robo; además, los delitos menores correspondientes a injurias, calumnias, delitos contra el orden público, porte de armas, y toda una serie de faltas como la embriaguez habitual, pedir limosna sin licencia, tirar basuras a la calle, cortar frutos ajenos para comer, cometer la imprudencia de ensuciar a una persona, hacer pasar bestias de carga, tiro o silla por sembradíos ajenos o que los deje entrar a una casa de habitación; maltratar animales ajenos, subir a azoteas ajenas, estacionarse con música o cilindros por más de cinco minutos en un lugar público, entre otras tantas normas de policía que se incluyeron como parte del código penal del Estado[28].

 

Delitos más comunes en el distrito de Zamora entre 1892 y 1907

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Fuente: AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-11, Exp. 3, 1892, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-46, Exp. 14, 1906, “Delitos cometidos en el distrito”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “Noticias estadísticas de los delitos cometidos en el distrito judicial de Zamora”.

 

Como en la mayoría de poblaciones rurales los caminos se convertían en terreno propicio para la acción de los delincuentes que actuaban impunemente. Heriberto Moreno García en sus “Diez estampas de vida social zamorana en tiempos de don Porfirio” muestra que los comerciantes tenían que transportar sus mercancías en caravanas de mulas para defenderse de los posibles asaltantes que encontraran en el camino, quienes incluso actuaban a plena luz del día. Los más afectados por los asaltos eran los pequeños comerciantes, especialmente indígenas, que transportaban pequeñas cantidades de productos y eran víctimas del robo de pertenencias personales o dinero. Los hacendados en cambio, si bien no eran inmunes a la acción de los delincuentes, podían defenderse mejor al contar con el apoyo de un contingente de personas armadas para el traslado de los bienes.[29]

La acción de los delincuentes se veía favorecida por las largas distancias entre las cabeceras municipales y las haciendas. Lo anterior queda expresado en una denuncia por un homicidio cometido en el rancho de Ibarra[30], donde además queda en evidencia que las labores de reconocimiento quedaban muchas veces a cargo de los encargados de los ranchos. En su informe el presidente municipal de Ixtlán dice: “al recibir tal aviso la expresada autoridad [el alcalde] no pasó luego al lugar del suceso, según pudo notarse, debido á la larga distancia que hay a Ybarra, y parece que recomendó las diligencias é inhumación del cadáver al mismo Encargado.”[31] Este evento hizo que el presidente del ayuntamiento levantara una misiva al prefecto de Zamora con el fin de que le fuera comunicado al gobernador la necesidad de fortalecer la acción de las autoridades con el fin de prevenir el aumento de los “casos de sangre” en la jurisdicción de Ixtlán.[32] La respuesta del prefecto sería que para que se pudieran evitar los delitos de sangre en esa municipalidad se debía procurar “la observancia y cumplimiento de las disposiciones relativas á la venta de bebidas alcohólicas fuera de las horas de reglamento y de algunas otras observaciones que se han dictado con anterioridad para prevenir inconvenientes como el que se denuncia”[33].

Las mujeres fueron víctimas particulares de los delincuentes, Álvaro Ochoa Serrano y Gerardo Sánchez Díaz han señalado que Zamora en 1887 ocupó el primer lugar en delitos sexuales con 23 violaciones y 51 casos de estupro[34]; además había delitos como el robo en los que las víctimas predilectas terminaban siendo mujeres, ya fuera al ser asaltadas en un camino o que sus pertenencias fueran hurtadas de sus casas cuando se encontraban ausentes. También hubo casos de mujeres acusadas de delitos, el más destacable ha de ser el de una decena de mujeres que fueron castigadas en Santiago de Tangamandapio cuando se encontraron ebrias en enero de 1894, se les aplicó una pena correccional y se las dejó en libertad[35]. También hubo noticia de un grupo de mujeres que en marzo del mismo año cometieron el delito de robo y heridas en Jacona[36], en noviembre en Purépero una mujer hiere a otra por cuestiones pasionales,[37] mientras en diciembre otra es acusada por presunción de envenenamiento[38]. Desde 1894 se indica que los informes deben indicar el sexo del autor del delito[39], sin embargo dicha práctica se abandona en 1907. En todo caso el porcentaje de participación femenina en los delitos sería mínimo, apenas un 7 % en 1894 y un 12 % en 1906.

 

Castigo

El Código penal de 1881 determinó una serie de penas para castigar los delitos según su gravedad, las cuales podían ir desde la pena capital hasta la fianza de non offendo, así mismo estipulaba una serie de penas correccionales como eran las multas, suspensión temporal del empleo, o una simple reprensión. Como ha señalado Elisa Speckman el dictamen judicial no respondía necesariamente al imperio de la ley ya que la laxitud de la legislación permitía que los jueces pudieran administrar su arbitrio sin necesidad de contrariar la norma, de tal manera que muchas decisiones podían inclinarse más hacia los agravantes o atenuantes según el caso.[40] Además, el castigo en muchas ocasiones era bastante laxo puesto que la mayoría de delitos eran de poca monta, en especial heridas y robos menores, en ambos casos la situación penal se podía dirimir mediante un acuerdo civil, aunque hay que tener en cuenta que eran pocos aquellos que contaban con los recursos para indemnizar a sus víctimas o incluso pagar una fianza.

En el distrito de Zamora fue predominante el hurto menor sin agravantes, por lo mismo el castigo era proporcional y muchos de estos delincuentes eran amonestados con algunos días de trabajo en obras públicas.[41] En una nota al informe estadístico de agosto de 1892 en Purépero el presidente municipal diría respecto a los consignados por el delito de hurto: “Los reos de este delito [hurto] quedaron en libertad, dos por falta de méritos y dos que fueron castigados con penas insignificantes por ser el hurto lo mismo y por necesidad.”[42] Esto implica que la mayoría de los hurtos eran de menos de 50 pesos y no estaban acompañados de acciones violentas.

Otro panorama era el que presentaban las cárceles del distrito, de las cuales fueron constantes las fugas de presos.[43] Para el caso de Zamora la cárcel estaba ubicada en la casa municipal junto a la prefectura, los juzgados, el ayuntamiento y otras oficinas públicas; Luis González y González diría sarcásticamente que dicho edificio se inauguró en 1878 “con dianas, repiques, banquetes y la fuga de la cárcel de algunos condenados a la pena capital.”[44] En promedio se fugaron 17 presos por año de las diferentes cárceles del distrito, lo cual es un indicador de la ausencia de edificios adecuados para la reclusión de los sindicados, algunos de los cuáles les bastaba con abrir un agujero en las paredes de la prisión para poder darse a la huida.

 

Pena de muerte

Dos casos de ejecución se encuentran en el archivo municipal de Zamora, el primero correspondiente al reo Alejandro Rodríguez, condenado a ser ejecutado en la mañana del diez de diciembre de 1906. Para ejecutar la pena el juez se atuvo a lo expuesto en el código penal del Estado:

Artículo 285. La pena de muerte no se ejecutará en público, sino en la cárcel ó en otro lugar cerrado que el juez designe, sin otros testigos que los funcionarios á quienes imponga este deber el Código de Procedimientos, y un sacerdote ó ministro del culto del reo, si este lo pidiere.

Artículo 286. La pena de muerte se ejecutará de día y no en domingo ni en otro de los días designados como festivos por la ley; concediéndose siempre al penado un plazo que no pase de tres días ni baje de veinticuatro horas, para que le sean administrados los auxilios espirituales que pida, según su religión, y haga su disposición testamentaria.[45]

También se determinaba que la ejecución sería participada al público mediante carteles puestos en los mismos lugares donde se acostumbraba a publicitar las leyes, de la misma manera el cuerpo del reo sería sepultado sin ninguna pompa sin importar si el entierro corría a cargo de la administración o de los familiares del ejecutado.

La ejecución de Rodríguez se suspendió poco antes de ser cumplida por orden del juez primero de letras quien argumentó que la pena de muerte estaba expresamente prohibida en la constitución federal y por lo tanto debía suspenderse la ejecución[46]. Poco después el juez segundo reanudó la pena ejecutoria la cual se habría de ejecutar el primero de noviembre de 1907, aunque nuevamente el reo logró suspenderla al solicitar un indulto al congreso de Michoacán,[47] el cual sería negado pocos días después: “Dígase al reo de robo y homicidio, Alejandro Rodríguez, que no es de concederse la gracia de indulto voluntario que solicita, de la pena de muerte á que fue sentenciado ejecutoriamente por la segunda sala del tribunal supremo de justicia del Estado”[48] Rodríguez fue ejecutado el 30 de noviembre de 1907 a las cinco y diez de la tarde por el pelotón de fusilamiento de la fuerza de infantería del distrito.[49] Es de destacar como en el procedimiento de ejecución se siguieron al pie de la letra las indicaciones del Código Penal y de Procedimientos, cuidando de dejar en el acta consignado de manera expresa la identificación del reo, de los testigos, de haber cumplido con los oficios religiosos, de identificar a los soldados y el sargento al mando del pelotón de fusilamiento, e incluso una descripción detallada de las heridas sufridas por el reo durante su proceso de ejecución.

Tan importante era seguir estos procedimientos que la condena del reo Jacinto Rafael, condenado a la pena capital por el delito de robo y homicidio, tuvo que ser suspendida al haberlo puesto en capilla e incomunicarlo sin haber ratificado la ejecución y de inmediato se conoció esta actuación se suspendió la ejecución del reo. Sin embargo estos procedimientos mal realizados no conllevaron a la anulación de la pena cuya ejecución se retrasó apenas unos días después de lo cual el reo sería fusilado el 30 de agosto de 1907[50]. Qué tan frecuente eran este tipo de ejecuciones es aún difícil de saber toda vez que son pocos los expedientes que reposan en el archivo municipal de Zamora, aunque es posible que con una exploración de los informes del prefecto a la gobernación del Estado se puedan conocer en alguna dimensión el impacto que tuvieron dichas penas en la administración de justicia del distrito.

 

Cientificismo, liberalismo y positivismo

El debate sobre la modernización judicial giró en torno al cientificismo, el liberalismo y el positivismo, las cuales se traslapaban en la idea según la cual la ciencia podía dar respuesta a las necesidades tanto materiales como sociales de la humanidad y, por lo tanto, de los mexicanos. Varios escritos en La municipalidad pueden dar cuenta de un cierto despecho por las teorías del positivismo jurídico e incluso por los mismos estudios de jurisprudencia. Por ejemplo, después de mencionar un homicidio cometido en Morelia en mayo de 1882 cuyo autor se entregó a las autoridades once años después de cometido el hecho que hasta entonces estaba impune, como comentario decía: “Este caso rarísimo en los anales del crimen se presta á grandes consideraciones. Los filósofos y los moralistas sacarán partido de él, pero nosotros nos limitamos a presentarlo á nuestros lectores, seguros de que tendrá para ellos algún interés.”[51]

Bandera Católica tuvo una visión negativa del lombrosianismo como en general lo tuvo toda la prensa católica. Para estos la visión positivista era repulsiva, no sólo la Nuova Scuola italiana sino en general toda la doctrina jurídica de corte liberal como el utilitarismo del cual dirían “es un sistema absolutamente falso y pernicioso, y solamente defendido por esa caterva de positivistas como Comte, Litré, Taine, Stuart Mill, Herbert Spencer y otros de este género, que no tienen otra regla que la defensa de sus proposiciones, que el capricho, ni más argumento que lo sensible, ni otro criterio que los ojos.”[52] Los católicos no eran por esta razón anti-científicos, proclamaban en cambio que el liberalismo conllevaba una “ciencia sin Dios” y en este sentido no habría sino un sentido falso de la mutabilidad física y moral de los hombres y la naturaleza.

La Escuela de Jurisprudencia de Michoacán, tildada por Bandera Católica como una escuela promotora del ateísmo, llevaba un programa de estudios que de cierta manera puede considerarse clásico con algunas adiciones más positivistas, por ejemplo, para 1906 tenía una cátedra de derecho penal y sociología criminal dentro de la cual se incluye el utilitarismo, pero no existe un curso de antropología o criminología. Aun así, sólo la Escuela de Jurisprudencia de Michoacán aborda algunos cursos de sociología, de hecho solamente Guanajuato, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Michoacán contaban con cursos de medicina legal, lo cual evidencia lo poco que había logrado penetrar en las escuelas el positivismo jurídico de la escuela clásica y la casi nula presencia de la discusión sobre los aspectos relativos a la antropología criminológica italiana en las escuelas de jurisprudencia mexicanas[53].

Lo anterior no implica un desconocimiento de las teorías positivistas y clásicas, pero sí descarta una adopción acrítica por parte de los jóvenes abogados. Por ejemplo, José Guadalupe Soto presentó una clase titulada “De las anomalías de los delincuentes y de sus causas”, en la cual presentó los postulados principales del positivismo y la escuela clásica: la deformación innata del delincuente y la malformación adquirida por los efectos del medio; pero más allá de tomar partido o concluir vehementemente a favor de una u otra deja patente la necesidad de esperar el avance de la ciencia para llegar a definir la verdadera teoría, y más aún, considera fundamental tener en cuenta el peso de la “espiritualidad del hombre”, esto es, la voluntad del individuo para ser capaz de “dominar a la materia venciendo sus inclinaciones irracionales.”[54]

Más que Lombroso es Enrico Ferri y su psicología social lo que cautiva a los jóvenes jurisconsultos, para estos la posibilidad de comprender las acciones colectivas en la misma administración de justicia, específicamente aplicada al juicio por jurados[55], o la aplicación de técnicas correccionalistas basadas en la educación, son formas más acordes a sus tradiciones de pensamiento. Estas ideas, que posteriormente conducirían al desarrollo del conductismo, estaban basadas tanto en Ferri como en Rafaelle Garofalo, quien propuso que la mejor manera de prevenir el delito era desarrollar en los criminales la sensación de “repugnancia” hacia el delito, de cierta manera era más sencillo porque partía del sentido de redención del delincuente, incluso del “criminal nato” mediante la modificación del ambiente social.[56]

 

¿Tecnificación de la justicia?

Más que la búsqueda de la inclusión de nuevas teorías sobre la naturaleza del criminal, lo que buscaba el gobierno michoacano era lograr una mayor efectividad en los procedimientos judiciales. Con la promulgación del Código de Procedimientos Penales en 1898 y la reforma del Código Penal en 1896 estaba todo el aparataje listo para que los funcionarios judiciales en sus diferentes jurisdicciones se acotaran a los procedimientos allí expresados, claro está, esto implicaba un largo proceso de aprendizaje para que desde los escribanos hasta los jueces estuvieran al tanto de cómo se debía llevar a cabo una causa sin actuar en contra de la normatividad que se estaba reformando.

Este interés por tecnificar los procedimientos queda patente en los anexos al Código Penal de 1896, que consistían en una serie de figuras con la anatomía del cuerpo humano, sus sistemas óseo, muscular, nervioso y vascular, con sus respectivas indicaciones. Previo a estas figuras se imprimió un “Cuadro sinóptico para la calificación médico-legal de las lesiones”, de tal manera que se pudiese determinar con mediana exactitud la gravedad de las mismas.[57] Además, se buscaba comprobar de la manera más exacta el cuerpo del delito, reconstruyendo de la manera más fiel posible las señas y formas en las que sucedió el hecho delictivo. Incluso se promovía la toma de fotografías para los cadáveres con el fin de poder identificarse los cuerpos en los casos que no fuera posible por la simple identificación de testigos[58].

Lo que se observa en general es un interés por parte de los prefectos del distrito para lograr que los funcionarios de las municipalidades, jefes de tenencia y encargados del orden, se acogieran a los procedimientos judiciales y que no asumieran atribuciones que no les correspondían o abusaran de su autoridad. Hay que tener en cuenta que si bien muchos aspectos de la cultura jurídica de la época no quedaron consignados en los archivos sí es evidente que evitar la criminalidad, controlar la embriaguez y los levantamientos sociales, hacían parte de la política judicial porfiriana. En este sentido, reducir la administración de justicia a sus aspectos meramente formales o al auge de las nuevas teorías criminológicas sólo dejan de lado la riqueza de problemas sociales asociados a la justicia porfiriana que aún quedan por abordar.

 

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Notas

[1] Es posible que se refiera aquí a la publicación del artículo Sulla microcefala e sul cretinismo con applicazione alla medicina legale e all’ antropologia en la Rivista Clinica di Bologna 7 y 11 (1873): 193-205 y 333-340.

[2] Lombroso postuló la relación entre criminalidad y raza en Cesare Lombroso, L’uomo bianco e l’uomo di colore. Letture sull’origine e la varietà delle razza umana (Padova: Tipografía de Editrice F. Sacchetto, 1871).

[3] El eco de ambos mundos (México) 6 de octubre de 1874, 2.

[4] Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara, Estudios de antropología criminal (Puebla: Imprenta de Benjamín Lara, 1892), 3.

[5] El abogado cristiano ilustrado (México) 25 de abril de 1907, 134.

[6] El abogado cristiano ilustrado

[7] “Concurso científico de 1895”, Anuario de legislación y jurisprudencia XII (1895): 196–199.

[8] Robert Buffington, Criminales y ciudadanos en el México moderno (Siglo XXI, 2001); Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo: legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910) (México: El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002); Pablo Piccato, City of Suspects Crime in Mexico City, 1900-1931 (Durham, NC: Duke University Press, 2001), http://site.ebrary.com/id/10195268; Elisa Speckman Guerra, Del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias: sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX), Temas selectos (México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales / Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2014); Paul J. Vanderwood, Disorder and progress: bandits, police, and Mexican development, edición revisada y aumentada, Latin American silhouettes (Wilmington, Del: SR Books, 1992); Piccato, Pablo, “Cuidado con los rateros: The Making of Criminals in Modern Mexico City”, en Crime and punishment in Latin America: law and society since late colonial times, ed. Salvatore, Ricardo Donato, Carlos Aguirre, y Joseph, Gilbert M. (Durham: Duke University Press, 2001), 233–72; Pablo Piccato, “Homicide as Politics in Modern Mexico”, en Murder and Violence in Modern Latin America, ed. Eric A. Johnson, Ricardo Donato Salvatore, y Pieter Spierenburg (Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2013), 104–25; Cristina Rivera-Garza, “The Criminalization of the Syphilitic Body: Prostitutes, Health Crimes, and Society in Mexico City, 1867-1930”, en Crime and punishment in Latin America: law and society since late colonial times, ed. Ricardo Donato Salvatore, Carlos Aguirre, y Gilbert M. Joseph (Durham: Duke University Press, 2001), 147–80; Nydia E. Cruz Barrera, “Indígenas y criminalidad en el porfiriato. El caso de Puebla”, Ciencias, núm. 60–61 (2000): 50–56; Pablo Piccato, “La construcción de una perspectiva científica: miradas porfirianas a la criminalidad”, Historia Mexicana XLVII, núm. 1 (1997): 133–81; Lisette Griselda Rivera Reynaldos, “Crímenes pasionales y relaciones de género en México, 1880-1910”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, el 19 de noviembre de 2006, http://nuevomundo.revues.org/2835; Daniel Vicencio Muñoz, “Locos criminales en los años del Porfiriato: Los discursos científicos frente a la realidad clínica, 1895-1910”, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, núm. 47 (2014): 79–119; Antonio Padilla Arroyo, “Control social e instituciones de reclusión. El caso de la penitenciaría de Jalisco en el porfiriato”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad XXII, núm. 88 (2001): 243–85.

[9] Alfonso Luis Velasco, Geografía y estadística del estado de Michoacán de Ocampo, ed. Gerardo Sánchez Díaz y Guillermo Vargas Uribe, vol. 2, Fuentes para la historia de la geografía de Michoacán (Morelia: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo : Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, 2006), 219.

[10] Luis González y González, Sahuayo, Monografías municipales del Estado de Michoacán (Morelia: Gobierno del Estado de Michoacán, 1979), 265. Isabel González Sánchez, El Obispado de Michoacán en 1765, Investigaciones históricas (Morelia: Comité editorial del gobierno del Estado, 1985), 193.

[11] Álvaro Ochoa, “El distrito de Zamora en 1877”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad III, núm. 12 (1982): 119–40.

[12] “División territorial del Estado de Michoacán” en Boletín de la sociedad michoacana de Geografía y Estadística, Tomo III, (1907): 86.

[13] Velasco, Geografía y estadística del estado, 2:184.

[14] Velasco, Geografía y estadística del estado, 2:183–187.

[15] Jean Meyer, De Una Revolución a La Otra (México: El Colegio de México, 2013).

[16] Velasco, Geografía y estadística del estado, 2:220.

[17] AHMZ, F. Prefectura, S. Gobernación, C-61, Exp. 78, 1905, “Relativo a la conducta inconveniente del secretario de los juzgados menos de Chavinda” (ausentismo), C-61, Exp. 74, 1905, “Relativo a la mala conducta que observa el alcalde de lo criminal en Ixtlán, Francisco Gómez Ruiz”.

[18] AHMZ, F. Prefectura, S. justicia, C-46, Exp. 57, 1906, “Administración de justicia en la hacienda de Santiaguillo”.

[19] “Capítulo VI, Artículo 114”, Ley orgánica sobre gobierno económico político del Estado de Michoacán de ocampo (Morelia: Tipografía de la Escuela Industrial Militar “Porfirio Díaz”, 1901).

[20] Luis González y González, Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia, 5a ed., Colección Clásicos (Zámora, Mich: El Colegio de Michoacán, 1995), 115.

[21] Romana Falcón, El jefe político: un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México (México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2015), 18.

[22] AHMZ, Secretaría, C-10, Exp. 483, “Oficios de los juzgados menores de distrito”.

[23] AHMZ, F. Prefectura, S. Gobernación, C-28, Exp. 5, 1898, “Orden y tranquilidad pública”. Las misma tendencia se observa en 1899 [F. Prefectura, S. Gobernación, C-32, Exp. 4-bis, 1899, “Sobre orden y tranquilidad pública.”

[24] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-11, Exp. 3, 1892, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Criminalidad”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-46, Exp. 14, 1906, “Delitos cometidos en el distrito”. AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “Noticias estadísticas de los delitos cometidos en el distrito judicial de Zamora”.

[25] Los problemas relacionados con la elaboración de cálculos de tasas de criminalidad para poblaciones con pocos habitantes fueron explorados por Eric Monkkonen, “New Standards for Historical Homicide Research”, Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies 5, núm. 2 (2001): 7–9, doi:10.4000/chs.733. En especial en poblados donde un caso puede elevar las tasas de manera desproporcionada, como en nuestro caso sucede con Jacona que con sólo un homicidio alcanza una tasa de 23 hpcmh en 1906 con base en la totalidad de la población, la cual se eleva a niveles muy superiores cuando se ajusta la cifra a varones entre 16 y 75 años donde alcanza los 77 hpcmh, es decir, la misma tasa que alcanzó Distrito Central en Honduras en 2014 cuando llegó a ser la quinta ciudad con mayor tasa de homicidios del mundo. Para evitar las interpretaciones erróneas las tasas se toman en este trabajo de forma comparada con otros años y entidades federativas con el fin de matizar los datos.

[26] Cifras calculadas con base en Speckman Guerra, Crimen y castigo, 66. Dirección general de estadística, Censo general de la república mexicana: Distrito Federal (México: Imprenta de la secretaría de fomento, 1901).

[27] Álvaro Ochoa Serrano y Gerardo Sánchez Díaz, Michoacán: historia breve (México, D.F.: Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas : Fondo de Cultura Económica, 2010), 151.

[28] “Libro cuarto”, Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo (Morelia: Imprenta del gobierno en la Escuela Industrial Militar “Porfirio Díaz”, 1896).

[29] Heriberto Moreno García, “Diez estampas de vida social zamorana en tiempos de don Porfirio”, en Estudios michoacanos VII, ed. Francisco Javier Meyer Cosío (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1997), 69–70.

[30] El rancho de Ibarra consistía en 1877 de un número aproximado de 1 444 habitantes siendo uno de los más poblados del distrito. Meyer, Jean Meyer.

[31] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “Informe al gobierno del distrito de Zamora sobre un homicidio ocurrido en el rancho de Ibarra, Ixtlán, el 16 de julio de 1907”.

[32] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “El presidente del ayuntamiento de Ixtlán al prefecto del distrito de Zamora, Zamora, el 20 de julio de 1907”.

[33] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-47, Exp. 5, 1907, “Oficio del prefecto de Zamora al presidente municipal de Ixtlán, Zamora,

[34] Ochoa Serrano y Sánchez Díaz, Michoacán, 151.

[35] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Noticia de los delitos cometidos en Tangamandapio, el 31 de enero de 1894”.

[36] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Noticia de los delitos cometidos en Jacona, el 31 de marzo de 1894”.

[37] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Noticia de los delitos cometidos en Purépero, el 30 de noviembre de 1894”.

[38] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Noticia de los delitos cometidos en Purépero, el 21 de diciembre de 1894”.

[39] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Circular n° 1 de la sección de estadística del Estado de Michoacán, en Morelia a 2 de enero de 1893.”

[40] Elisa Speckman Guerra, “Los jueces, el honor y la muerte. Un análisis de la justicia (ciudad de México, 1871-1931)”, Historia Mexicana 55, núm. 4 (2006): 1450–1452.

[41] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-15, Exp. 8, 1894, “Noticia de los delitos cometidos en Tangancícuaro, el 31 de marzo de 1894”.

[42] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-11, Exp. 3, 1892, “Noticia de los delitos cometidos en el presente mes, Purépero, el 31 de agosto de 1892”.

[43] Boletín de la sociedad michoacana de Geografía y Estadística III, núm. 12 (1907): 183-184.

[44] Luis González y González, Zamora, 4a ed. (Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, 2009), 126.

[45] Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo.

[46] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-46, Exp. 61, 1906, “Oficio 258 del juez 1° de letras al prefecto de Zamora, el 8 de diciembre de 1906”.

[47] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-50, Exp. 30, 1907.

[48] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-50, Exp. 31, 1907, “El honorable congreso del Estado al prefecto del distrito de Zamora, el 21 de noviembre de 1907”.

[49] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-50, Exp. 31, 1907, “Acta de ejecución del reo Alejandro Rodríguez, el 30 de noviembre de 1907”.

[50] AHMZ, F. Prefectura, S. Justicia, C-50, Exp. 29, 1907, “Ejecución del reo Jacinto Rafael”.

[51] La municipalidad, Morelia, 5 de abril de 1893, p. 2.

[52] Bandera católica, (Zamora) 23 de agosto de 1908, 1.

[53] Boletín de la Escuela de jurisprudencia de Michoacán (Morelia) agosto de 1905, 3-6. La única escuela que contaba con un curso de “Criminología y derecho penal positivo” era Campeche, lo brindaba para los estudiantes de tercer año. Boletín de la Escuela de jurisprudencia de Michoacán (Morelia) septiembre de 1905, 5.

[54] Boletín de la Escuela de Jurisprudencia (Morelia) junio de 1904, 1-3.

[55] Revista Jurídica Michoacana (Morelia) 8 y 22 de marzo y 8 de abril de 1898.

[56] Boletín de la Escuela de Jurisprudencia (Morelia) junio de 1905, 2.

[57] Anexo Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo.

[58] Artículo 207 a 211 Código de procedimientos penales del Estado de Michoacán (Morelia: Tipografía de la Escuela Industrial Militar “Porfirio Díaz”, 1898).

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "Justicia penal en el distrito de Zamora durante el porfiriato," en Historia, crimen y justicia, 07/12/2016, http://hccj.hypotheses.org/179.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública. Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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