Divisiones territoriales en el término de la audiencia de Santa Fe. Desde la segunda creación del Virreinato de Santa Fe hasta la república neogranadina (1739-1832)

Para la mente del occidental contemporáneo, atado a la idea de la soberanía territorial en un mundo cada vez más “pequeño”, comprender el sentido de la territorialidad de la monarquía en Indias exige un esfuerzo de abstracción e imaginación. En primer lugar es necesario desprenderse de la idea de un conocimiento total del territorio, incluso a inicios del siglo XX una buena parte del territorio americano era considerado como un desierto verde, inculto, plagado de peligros, paludismo e indios peligrosos, aún entonces los hacendados ampliaban su frontera agrícola talando bosque y desplazando comunidades en favor del progreso de las naciones. En segundo lugar hay que comprender que el espacio se percibía de una manera particular por los oficiales de la monarquía, el territorio bajo dominio del príncipe se dividía por líneas imaginarias que se plasmaban en planos que representaban el territorio, pero estas marcas no tenían la intencionalidad de ser exactas, como lo deben ser hoy con el propósito de evitar conflictos internacionales o incluso intermunicipales, se mostraban con el fin de dar a conocer las divisiones necesarias para el gobierno y justicia de los territorios neogranadinos.

El propósito de esta reflexión es la división territorial, pero no entendida como una delimitación realizada en la tierra por fronteras y mojoneras, sino como una relación política en la que se entrecruzan los intereses de organización de la Corona con los deseos de autonomía de las provincias[1]. La hipótesis es que tal autonomía no se expresa como un rechazo a la monarquía sino en el interés por dirimir, al interior de la provincia, los asuntos de gobierno, justicia y comercio, que no es otra cosa que garantizar que los problemas y riquezas queden en manos de aquellos que ya se conocen y entre quienes ya han interactuado. Esta autonomía iba acompañada de problemas como el contrabando o la no ejecución de las órdenes de la presidencia de la audiencia o del virrey, pero también se negociaba mediante empleos en Santa Fe, sobornos a los oidores de la audiencia, defensa ante las amenazas de naciones extranjeras y de naciones no pacificadas al interior del reino. En general, se quiere dejar en evidencia que, al igual que toda relación política, las divisiones territoriales también respondían a la lógica de las relaciones de poder.

 

La Audiencia de Santa Fe, jurisdicción mayor del Nuevo Reino de Granada

 

Alonso García Gallo decía respecto a las audiencias indianas que “la importancia que a la Audiencia se atribuye en Indias como órgano básico de gobierno de las mismas y de la administración de la justicia en ellas, así como elemento decisivo en la forja de las distintas nacionalidades, contrasta con la escasa atención que los estudiosos han prestado a esta institución”[2]. Sin desestimar el llamado de atención a la escasa atención dada a las audiencias, que en el caso de Colombia lleva a los límites del anacronismo al equiparar el territorio del virreinato con el del Nuevo Reino[3], el sentido que se atribuye como “órgano básico de gobierno” que forjó las nacionalidades debería llamar la atención sobre la importancia que el distrito de la audiencia implicó para el territorio neogranadino.

Como lo ha señalado Rafael Diego, las grandes jurisdicciones indianas fueron las Reales Audiencias y no los virreinatos, lo que se considera como virreinato no sería otra cosa que una “etiqueta” que se ponía sobre un conjunto de audiencias por razones políticas, por ello “al concepto de virreinato lo debemos contemplar desde una dimensión político-administrativa y no jurisdiccional”[4]. El virrey de hecho venía a cumplir el papel de presidente de la real audiencia de Santa Fe y capitán general de la jurisdicción del Nuevo Reino y de las provincias de Chocó, Popayán, Reino de Quito y Guayaquil, Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Rio del Hacha, Maracaibo, Cumaná, Guayana, Panamá, Portobelo, Veraguas, Darién, las islas de Trinidad y Margarita, el río Orinoco, “con todas las ciudades, villas y Lugares, y los Puertos, Bahías, surgideros, caletas y demás pertenecientes a ellas en uno y en otro mar, y tierra firme”[5]. Para la provincia de Caracas el virrey sólo tendría el cargo de gobierno militar y de la Real Hacienda, estando vinculada con la real audiencia de Santo Domingo hasta 1786 cuando se crea la real audiencia de Caracas.

La división territorial más importante será entonces la audiencia y es interesante notar cómo dicha división se mantuvo incluso hasta después de la independencia con relación a los países que otrora conformaron el espacio del virreinato de Nueva Granada: Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, cada uno sede de una audiencia. El virreinato como espacio prácticamente estuvo reducido a Santa Fe y las provincias del Nuevo Reino, en tanto cada audiencia y gobernación gozaba de una amplia autonomía o, como diría José María Ots Capdequí, de su propia personalidad política[6]. Esto conllevó a una permanente tensión entre las provincias mayores y la autoridad del virrey como un rechazo a la centralización desde Santa Fe, algo que fue alegado por los independentistas y la historiografía decimonónica como una evidencia del rechazo al autoritarismo monárquico y muestra del desorden colonial, aunque lo más probable es que esta apariencia caótica haya sido el resultado de la política monárquica que buscaba con estos enfrentamientos evitar las extralimitaciones de las autoridades en Indias gracias al enfrentamiento de contrarios[7].

 

 

 

Las provincias del Nuevo Reino

 

Según Carlos Garriga “provincia es el término genérico para designar las tierras comprendidas en los espacios políticamente dominados, de acuerdo con su originario sentido romano: pro vincere[8]. La provincia resulta de la división del territorio para facilitar el ejercicio de la jurisdicción real, así mismo, implica “la conversión de las tierras (como entidad geográfica) en territorios (como entidad política: una tierra equipada o armada de jurisdicción)”[9]. La mayor diferencia con respecto a la comprensión territorial de la república es que este espacio jurisdiccional carece de “personalidad jurídica”, su extensión geográfica no se deriva de una división territorial sino de la extensión de la potestad del magistrado para gobernar y hacer justicia. Otra diferencia importante fue señalada hace varias décadas por Edmundo O’Gorman: “En la Colonia las provincias surgen como resultado de fenómenos históricos reflejados sobre el territorio y reclaman un reconocimiento legal; en la República las entidades se crean o desaparecen por ministerio de la ley”[10]

El proceso de territorialización del poder monárquico en Indias quedará signado por el rey Carlos II y la Reina Gobernadora en la Recopilación de leyes de indias de 1680 cuando dijeron:

Para mejor, y mas fácil gobierno de las Indias Occidentales, están divididos aquellos Reynos y Señoríos en Provincias mayores y menores, señalando las mayores, que incluyen otras muchas por distritos á nuestras Audiencias reales: proveyendo en las menores Gobernadores particulares, que por estar mas distantes de las Audiencias, las rijan y gobiernen en paz y justicia: y  en otras partes, donde por la calidad de la tierra, y disposición de los Lugares no ha parecido necesario, ni conveniente hacer Cabeza de Provincia, ni proveer en ella Gobernador, se han puesto Corregidores, y Alcaldes mayores para el gobierno de las Ciudades y sus Partidos, y lo mismo se ha observado respecto de los Pueblos principales de Indios, que son Cabeceras de otros[11].

 

Carlos Garriga considera que las audiencias en Indias representan al rey en los territorios de su jurisdicción, por lo tanto gozan de una autonomía con respecto a la Corte de Castilla: “los distritos de las Audiencias constituyen territorios diferentes y en consecuencia autosuficientes, es decir, organizados como tierras jurisdiccionalmentes separadas, para evitar que haya superposiciones y conflictos”[12]. En el caso del Nuevo Reino de Granada el territorio estuvo dividido en varias gobernaciones, cada una de las cuales contaba en su interior con un gobernador que tenía jurisdicción de gobierno y justicia[13], por lo cual no es de sorprender el deseo de mantenerse como provincias mayores respecto al distrito de la audiencia y mantener con ello un alto nivel de autonomía al interior de sus provincias.

Este nivel de autonomía estaría en buena medida atada a una de las condiciones que diferenciaban sustancialmente las ciudades neogranadinas de las castellanas como era la inmensidad del territorio que comprendía su jurisdicción. Como afirma García-Gallo, “en cuanto a su extensión, el ámbito municipal indiano equivale muchas veces al de una provincia o territorio castellano e incluso al de un “reino” peninsular” y añade, “la enorme distancia, en el espacio y en el tiempo a que quedan las poblaciones del Nuevo Mundo respecto del rey del Consejo hace que en los primeros tiempos aquellas, como únicos órganos revestidos de autoridad en aquel mundo lejano, lleguen a ejercer funciones que no les son propias”[14]. García-Gallo remite a la distancia entre las ciudades y la sede de la monarquía, pero si se multiplica la dilatada distancia que existía entre ciudades, los territorios inabarcables de muchas provincias, y la dificultad que tenían los oidores para visitar el reino y a su vez las complejas distancias que debían superar los habitantes de las provincias alejadas de Santafé para llegar a dicha ciudad (con todos los peligros involucrados en este traslado), se explica por qué las gobernaciones adquirieron un importante nivel de autonomía en su gobierno, arriesgándose con ello a “ejercer funciones que no les son propias” como acostumbraban.

Según el Plan Geográfico del Virreinato de Santa Fe de 1772, el territorio de la audiencia de Santa Fe se dividía en cinco gobernaciones militares de Costa y Plaza de Armas (Cartagena, Panamá, Santa Marta, Maracaibo y Portobelo), más la provincia del Río de la Hacha gobernada por un Comandante dependiente de Cartagena y Panamá, y la Gobernación del Darién, “encargada regularmente al oficial que cuida de su corta Fortaleza”[15]. Siete Gobierno Políticos situados en el interior (Antioquia, Chocó, Veraguas, Mariquita, Girón, Neiva y Los Llanos) y el “desestimable” distrito de San Faustino, situado en las inmediaciones de Pamplona. Al norte de la provincia de Santa Fe se encontraba el corregimiento de Tunja, compuesto por 85 pueblos de indios, cuatro ciudades, dos villas y 36 parroquias. Finalmente, la provincia de Santa Fe comprendía siete corregimientos de indios, con 52 pueblos[16]. A esta información debe añadirse la gobernación de Popayán, que por alguna razón no está mencionada ni en la información del “plan geográfico” ni en el “estado del virreinato” de Moreno y Escandón.

La dinámica territorial sin embargo era harto más compleja que la división gubernativa. Una situación particular que evidencia cómo la autonomía de las ciudades y provincias se sobreponía a los esquemas de gobierno santafereños fue aquella que presentó Francisco Silvestre en su informe, relativa al corregimiento de Guaduas, del cual dice

El [corregimiento] de Guaduas, que ha sido desde su fundación del Distrito de su Cabildo, aunque hace mucho tiempo que se observa como independiente. He oído que el mismo Cabildo, aunque sin facultad, le concedió la segregación con la calidad de que se compusiese el camino desde el Alto de Sargento hasta el del Aserradero. Pero sea lo que fuere aunque me han dicho, que consta del documento en el cabildo lo cierto es que aquel partido corresponde a la provincia de Santafé que sin embargo están sin subordinación conocida[17].

La misma situación es mencionada para la ciudad de Salazar de las Palmas, que era gobernada por sus alcaldes ordinarios con atribuciones de alcaldes mayores; también el corregimiento de Duitama era de provisión real y por ello se consideraba un territorio independiente de Santafé, lo cual explica Silvestre: “No hay otro motivo, o principio que haberse pretendido en España; y sin otro conocimiento haberse expedido real título, aunque sin sueldo alguno, siguiéndose de aquí, que le sea preciso al corregidor comer de los pleitos, u otros arbitrios; no comer, o hurtar para ellos; pues, aunque administrara los tributos de aquel partido, no podrán darle para ello”[18].

Los esfuerzos por organizar el territorio se enfrentaron a grandes dificultades por controlar el poblamiento de los territorios de frontera. Un ejemplo de ello fue el bajo Atrato, en la provincia de Darién, región de extracción de oro de aluvión que no lograba ser controlado por las autoridades neogranadinas. Las prohibiciones de poblamiento y tránsito por el río Atrato buscaban erradicar el contrabando y el comercio con extranjero, con lo cual ni siquiera se logró impedir que se estableciera una colonia escocesa llamada Nueva Caledonia en dicha región, que si bien tuvo una vida efímera (1699-1701) era una clara evidencia de la debilidad que implicaban estas regiones de frontera para los dominios de la monarquía hispánica[19]. José Polo Acuña por su parte muestra que en la región de frontera del Nuevo Reino se combinaban las amenazas de indígenas hostiles y la acción de contrabandistas extranjeros, quienes en conjunto lograron impedir los procesos de poblamiento y ordenación del territorio proyectados desde Santafé[20], sin embargo parece dejar de lado la acción y omisión de las mismas autoridades de las provincias fronterizas que en los informes dejan ver un interés por mantener el comercio ilegal y subrepticiamente un asocio con las autoridades indígenas con este fin. Regresando al Chocó, Mónica Hernández encuentra que en el enfrentamiento entre las autoridades de las gobernaciones de Chocó y Popayán, “los argumentos hacen sospechar que lo que movía las dos peticiones era el deseo de controlar la entrada de mercancías de contrabando por el puerto de Buenaventura; no necesariamente con el ánimo de evitar dicha práctica, sino para obtener también beneficios de ella”[21].

Las divisiones entonces no son sólo el resultado de un proyecto de la Corona o del virrey sino el resultado de la negociación y el conflicto entre las autoridades de las gobernaciones con las del reino, en este proceso se involucran factores económicos y políticos de control del territorio que no siempre hacen eco de los intereses planteados desde la autoridad del reino. En este sentido, la maraña del gobierno territorial se comprende a partir de su aparente desorden, como un resultado histórico de un proceso de poblamiento y control del territorio en pos de la explotación de sus riquezas humanas y naturales, pero también como evidencia del impulso autonómico de las provincias que desde Santafé se intentaba controlar.

 

Del territorio hispano al territorio nacional

 

Como se señaló anteriormente, la división territorial neogranadina, en el mismo tenor de las demás provincias de Indias, respondió a una lógica histórica. Al transitar estos territorios a la república las divisiones territoriales ya no serían producto de la costumbre sino de la ley[22]. Ahora bien, esta legislación no es algo que surja inmediatamente después de las constituciones, cartas fundamentales que pretendían fundamentar los derechos fundamentales de los ahora ciudadanos[23], se debe en cambio comprender que el proceso de independencia política “no tuvo por efecto la ruptura con el orden jurídico tradicional”[24]. El principal efecto sería la pretensión de la separación de lo político frente a lo jurídico, pero esto en un inicio implicó poco más que eliminar las atribuciones de gobierno de los jueces de la audiencia.

Si bien la ordenanza de intendentes no fue aplicada en el Nuevo Reino de Granada serviría como documento base para la organización política de la nueva república. La ley sobre organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República, del 2 de octubre de 1821, agrupó las provincias en departamentos cuyo gobierno estaría a cargo de un intendente sujeto al presidente de la República. De este magistrado se determinaría que:

en calidad de jefe del departamento tendrá en todo él las mismas facultades que se declaran á los intendentes de Mégico en las cuatro causas de justicia, policía, hacienda y económica de guerra, por la ordenanza é instrucción dada en Madrid á 4 de Diciembre de 1786; la cual se observará por todos los magistrados y súbditos de la República en todo lo que no sea contrario al presente sistema de gobierno, ni esté derogado por la constitución y leyes establecidas, ó que se establecieren[25].

La ley del 12 de octubre de 1821 resolvió que la república se dividiría en tres grandes distritos judiciales: el del norte, formado por los departamentos de Venezuela, Orinoco y Zulia; el del centro, con los departamentos del Magdalena, Cundinamarca y Boyacá; y el del Sur, con los departamentos del Cauca y la provincia de Quito. Cada distrito tendría una corte superior de justicia, con sedes en Caracas, Bogotá y provisionalmente en Popayán, pero con proyección de estar en Quito una vez se lograra controlar por las fuerzas republicanas. A nivel provincial se mantendrían las figuras del gobernador y el alcalde ordinario para administrar justicia dentro de sus límites jurisdiccionales[26]. Para 1825 se promulgó una nueva ley orgánica del poder judicial, en este caso se determinó que “el mismo Poder Ejecutivo designará provisionalmente el territorio á que deban extender su jurisdicción las nuevas cortes que se formen, los lugares en que deban residir, y el territorio á que deban limitarse las antiguas; dando cuenta al Congreso para la resolución que convenga”[27].

Esta organización judicial sería tan efímera como la “Gran Colombia”. Hans-Joachim König ha señalado como el interés de Bolívar estuvo marcado por el deseo de construir una nación extensa territorialmente, lo cual pretendía ser una garantía para la supervivencia económica y el desarrollo político del Estado. Dice König que la pretensión bolivariana era que “por la extensión de su territorio y el volumen de su población obtendría el reconocimiento de los países vecinos y ganaría peso político frente a ellos; finalmente, su estabilidad y la abundancia de sus recursos económicos harían de él un Estado atractivo e interesante, en especial para la potencia económica líder: la Gran Bretaña”[28].

La Constitución de la república de Colombia de 1821 promulgó que el territorio de Colombia estaría dividido por el mismo que comprendían “el antiguo Virreynato de la Nueva Granada y [la] Capitanía General de Venezuela”, así mismo decretó que el territorio de la república estaría dividido en Departamentos, estos en Provincias, aquellas en Cantones y estos últimos en Parroquias. (Título II, Art. 6 y 8) Sin embargo la Constitución aún no determinaba la exacta división del territorio. En su artículo 150 decía: “El Congreso de la República dividirá el territorio de la República en seis ó más departamentos, para su mas fácil y cómoda administración.” En 1821 un mapa publicado por la agencia H.C. Carey I. Lea de Filadelfia realizado por el cartógrafo John Finlayson mostraba la división territorial de la Gran Colombia (ver mapa 1). La república se componía por cuatro entidades provinciales: Quito, Cundinamarca, Venezuela y la Guayana española. El editor hacía la aclaración a sus lectores: “Hay otras divisiones; pero, la república se ha formado recientemente, probablemente serán hechas algunas alteraciones considerables en su organización.[29]

Tomado de la mapoteca digital de la Biblioteca Nacional de Colombia. URL: http://www.bibliotecanacional.gov.co/tools/marco.php?idcategoria=44649

Tomado de la mapoteca digital de la Biblioteca Nacional de Colombia. URL: http://www.bibliotecanacional.gov.co/tools/marco.php?idcategoria=44649

El problema radicaba en que la unión de las provincias que comprendían la jurisdicción del virrey y la capitanía de Venezuela no era tan fuerte como su sentido nacional. Como señala König, los líderes políticos del congreso constitucional colombiano se identificaban respectivamente como venezolanos, neogranadinos, panameños o ecuatorianos; el interés de fundar una tradición histórica compartida a partir de los textos constitucionales no se vería reflejado en una aspiración de unidad centrada en Santafé (sobre todo si estaba centrada en Santafé, una ciudad que simbolizaba el pasado colonial), en cambio sólo se lograron unir por dos motivos: la causa común contra el enemigo externo y la imagen de Simón Bolívar. Precisamente cuando España deja de ser una amenaza para los territorios grancolombianos y la figura de Bolívar se debilita la separación de las antiguas provincias es inevitable[30]; de hecho, sólo gracias a una petición expresa del Libertador el departamento de Panamá accede a seguir vinculado a la república de Nueva Granada iniciando una nueva relación en la cual el istmo estará en una permanente tensión separatista durante todo el siglo XIX hasta su independencia de Colombia en 1903 [31].

La disolución de la Gran Colombia tuvo tal efecto que los legisladores decidieron, el 6 de noviembre de 1831, eliminar la división territorial por departamentos al considera “que aquella viciosa organización solo ha servido para entorpecer la acción del gobierno supremo, i deprimir la autoridad de los gobernadores de provincia”[32]. Las provincias quedarían desde entonces como la división territorial primordial de la república y el gobernador de provincia como su mayor autoridad. Pocos días después se decretó la ley que nombraba a las provincias del centro de Colombia como el estado de Nueva Granada, decretando como límites nacionales “los mismos que en 1810 dividían el territorio de la Nueva Granada, de las capitanías jenerales de Venezuela i Guatemala, i de las posesiones portuguesas del Brasil”[33], un problema mayor se presentaba con la provincia de Popayán, la cual fue anexada a Ecuador después de la disolución de la Gran Colombia, aunque afortunadamente para la Nueva Granada dicha provincia pudo anexarse nuevamente sin necesidad de entrar en conflicto militar.

Para marzo de 1832 la división territorial judicial quedaba signada por el legislativo a partir de una Corte Suprema de Justicia ubicada en Bogotá y cuatro distritos judiciales: “1°. El de Cundinamarca que comprende las provincias de Bogotá, Antioquia, Neiva i Mariquita: 2° el de Boyacá que comprende las provincias de Tunja, el Socorro, Pamplona i Casanare: 3° el del Cauca, que comprende las provincias de Popayán, Pasto, Buenaventura i Chocó; 4° el del Magdalena que comprende las provincias de Cartajena, Santamarta, Riohacha, Mompox, Panamá i Veraguas”[34]. El ejercicio de la justicia en los cantones se realizaría por jueces letrados que tendrían jurisdicción en varios poblados, y en aquellos donde no fuese posible establecer jueces letrados las funciones de justicia en primera instancia estarían a cargo de los alcaldes municipales.

Como observa König es en 1831 cuando el Estado neogranadino puede considerarse formado, la unidad al interior de las fronteras delimitadas históricamente por el Nuevo Reino y judicialmente por el principio de uti possidetis no enfrentó amenazas posteriores a su autonomía. En palabras de König, “La Nueva Granada había conseguido finalmente su condición de república con los esfuerzos de una minoría tendientes a lograr la autonomía y con la participación de grupos de población más amplios, movilizados por dicha minoría”[35]. El problema que quedaría pendiente por resolver para la joven república era combatir la desintegración regional, la inercia de las provincias que buscaba aprovechar los recursos propios siguiendo la dinámica autonómica que de alguna manera había trascendido de las provincias del Nuevo Reino a las de Nueva Granada.

 

Regionalización

 

La corta revisión de la organización territorial en el Nuevo Reino de Granada y su trascendencia a la república neogranadina permite lanzar una hipótesis contraria a aquella que equipara a la provincia con la región[36]. El poblamiento y la construcción histórica de regiones no responden estrictamente a la organización del territorio tal como se proyecta desde el poder político, pero sí hay un cruce entre las dinámicas al interior de la región que impulsan la autonomía frente al poder que intenta limitarla, ya mediante la prohibición, el castigo, e incluso el perdón.

Queda entonces aquí un problema por abordar y es ¿cuáles son las regiones sobre las cuales se sobreponen los distritos judiciales? Marta Herrera propone dos regiones: los Andes centrales y las llanuras del Caribe, la primera incluiría en su espacio a la provincia de Santafé y la jurisdicción de la ciudad de Tunja, la segunda las provincias de Santa Marta y Cartagena. Tales territorios eran los más poblados del Reino y aquellos con mayor peso económico y político, además de sostener entre sí una importante vinculación comercial y política gracias al río Magdalena que servía de línea conectora entre ambos territorios[37]. Otra región sería la demarcada por José Polo Acuña a partir de la frontera septentrional del Nuevo Reino: La Guajira. Esta región estaría demarcada en buena medida por los términos de la provincia de Río de la Hacha, pero también estarían las fronteras de la provincia de Santa Marta y de Maracaibo, caracterizada esta por ser una región con alta presencia indígena, específicamente del pueblo Wayúu[38].

Lina Constanza Díaz Boada ha mostrado recientemente la existencia de la región de Pamplona, parte nororiental de la provincia de Girón, conectada por vía fluvial y terrestre con el puerto de Maracaibo, conformando un circuito agroexportador, y también enlazada directamente con Santafé lo cual le permitía a la élite regional extender sus redes más allá de su espacio geográfico local[39]. Entre Tunja y Santafé se encontraría la región de Girón y del Socorro, ambas integradas a una misma provincia pero con dinámicas sociales y económicas particulares, la primera enmarcada en la exploración aurífera de las minas de aluvión de la ciudad de Girón y del Real de Minas de Bucaramanga, así como de las minas de vetas en la frontera con la jurisdicción de la ciudad de Pamplona; la segunda inserta en la producción agropecuaria, con una importante presencia de población mestiza[40].

Panamá en sí misma constituye una región específica compuesta por las provincias de Veraguas y Panamá, pero que está en estrecha relación con las regiones del Darién y Chocó, la primera articulada en el eje del río Atrato en tanto la segunda se desarrollará a partir de las explotaciones mineras de Nóvita y Cítara[41]. Al sur de estas regiones se encuentra la extensa región del Cauca, que prácticamente se extiende desde Cartago hasta Quito, la cual se ha estudiado a partir del trabajo clásico de Germán Colmenares, así como de los aportes de las subregiones como el Valle del Cauca realizadas entre otros por Alonso Valencia Llano y Francisco Zuluaga[42]. Las regiones de Antioquia, Mariquita y Neiva comprenden prácticamente los mismos espacios que estaban incluidos en los términos de sus provincias[43].

Finalmente se encuentra la gran región de frontera que se denomina actualmente como los llanos orientales, esta zona se encuentra poco estudiada por la historiografía colombiana, en buena medida porque fue una zona de misiones con poca población. Recientemente Andrés Castro Roldán ha abordado la región de frontera articulada con la ciudad de Santiago de las Atalayas, la cual servía de punto de enlace entre las élites de Tunja con las misiones jesuitas de los llanos[44].

 

Relaciones posibles entre el indulto y el espacio

 

La reflexión en torno al espacio en relación con el indulto como forma de perdón general asume una complejidad especial al no tratarse aquí de un fenómeno que involucre lo geográfico de manera directa. El perdonar era una atribución exclusiva del monarca, sólo él tenía la potestad de derogar o conmutar la pena, sin embargo, también podía delegar de manera expresa dicha potestad para que la asumiera otra persona. Dentro de su propia jurisdicción, siempre y cuando se les hubiera otorgado la “potestad graciosa”, los virreyes podían perdonar a “los levantados”; también tenían dicha atribución los Señores y las autoridades eclesiásticas dentro de sus propios fueros[45]. Alcaldes, jueces, chancillerías y audiencias podían perdonar, pero no indultar, esto es, tenían la atribución de mitigar la pena o decidir no condenar, pero al ofrecer el indulto en su jurisdicción no sería más que “el portavoz de la voluntad real”. En este sentido, doctrinalmente, “el rey puede conceder a otro facultades para reinar y para perdonar los delitos, incluidos los de lesa majestad, dentro de un determinado territorio”[46].

Aunque en teoría el virrey era el “alter ego” del rey en Indias, la atribución de conceder perdones en los territorios americanos tuvo mayores limitaciones que la de los virreyes hispanos en Europa. Jesús Lalinde dice al respecto que “en principio, el Virrey, como representante personal del Monarca, disfruta de una amplia potestad graciosa. En la realidad, sin embargo, esta potestad sufre muchas limitaciones, y es sólo teórica”[47]. La disminución de la importancia de esta potestad estaría dada, según Lalinde, por tener que compartir dicha atribución con otras magistraturas, como corregidores y presidentes de audiencia; además, con el tiempo se van suprimiendo facultades de los virreyes, gobernadores y audiencias para perdonar delitos, muchas veces como respuesta a abusos de los magistrados en el uso de la gracia como forma de evitar levantamientos o rodear de prestigio al Virrey[48].

El ámbito del perdón general es tan amplio como el imperio del monarca, pero también es tan acotado como la jurisdicción de sus gobernadores. Con la creación del virreinato de Santa Fe la posibilidad de indultar quedaba en manos de un oficial en la capital del reino, pero los oidores, alcaldes y gobernadores seguían siendo los encargados de transmitir la misericordia del príncipe hasta sus provincias. Durante el siglo XVIII las cédulas de perdón estaban basadas en una fórmula general, con ello se entiende unos requisitos formales ya establecidos que dejaban poco espacio al arbitrio de los tribunales. Dicha fórmula obligaba a aquellos que quisieran acogerse a la gracia de perdón que se presentaran “en las cárceles de las Chacillerías o Audiencias del territorio, o en las de las Justicias Ordinarias ante quienes penden sus causas”[49]. Esta fórmula deja claro que el ámbito de ejecución del perdón se establece en los términos de las audiencias y de la justicia ordinaria (alcaldes y gobernadores[50]).

 

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Notas

[1] “La división política del espacio es un instrumento de poder” António Manuel Hespanha, Vísperas del Leviatán: instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Taurus Humanidades Historia (Madrid: Taurus, 1989), 78.

[2] Alfonso García-Gallo, Los orígenes españoles de las instituciones americanas: estudios de derecho indiano (Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987), 889.

[3] Un ejemplo reciente de lo anterior puede verse en Adolfo Meisel Roca, “Los ingresos fiscales y la economía del virreinato de la Nueva Granada, 1761-1800”, en Iberoamérica y España antes de las independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis, ed. Jorge Gelman, Enrique Llopis, y Carlos Marichal (México: Instituto Mora, Conacyt, El Colegio de México, 2014), 274.

[4] Rafael Diego-Fernández Sotelo, “Las Reales Audiencias Indianas como base de la organización político-territorial de la América Hispana”, en Convergencias y Divergencias. México y Andalucía: siglos XVI-XIX, ed. Celina Becerra Jiménez y Rafael Diego-Fernández Sotelo (México: Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán, 2007), 47. En el mismo sentido, Alonso García Gallo había dicho “que el distrito calificado de virreinato no es de distinta naturaleza que el de una Audiencia cuyo presidente ejerce el superior gobierno” García-Gallo, Los origenes españoles de las instituciones americanas, 856. También José María Ots Capdequí consideró que “No es aventurado afirmar que las Reales Audiencias jugaron en América un papel quizá más importante que el desempeñado en la Metrópoli por el propio Consejo de las Indias.” José María Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, 7a reimpresión, Obras de historia (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), 54.

[5] “Real Cédula mediante la cual se erige el virreinato de Santafe o Nueva Granada y se señala a Veragua en su distrito”. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13667

[6] “No era fácil que prosperasen los ideales unitarios acariciados por algunos de los liberadores. Recordemos, como ejemplo más destacado, el intento de la Gran Colombia defendido por Bolívar. Continuar así, bajo otro signo político, la unidad del Nuevo Reino de Granada era empresa muy difícil, ya que durante el periodo colonial la personalidad política de la capitanía general de Venezuela – con su Audiencia radicada en Caracas – y la del reino de Quito – con su régimen de presidentes y su Audiencia pretorial – había sido muy acusada” Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, 183.

[7] Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, 55.

[8] Carlos Garriga Acosta, “Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV”, en La América de Carlos IV, ed. Eduardo Martiré, Cuadernos de investigaciones y documentos (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2006), 55.

[9] Garriga Acosta, “Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV”, 47.

[10] Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, 2a ed., Sepan cuántos… 45 (México: Porrúa, 1948), 4.

[11] Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, Libro V, Título I, Ley I.

[12] Garriga Acosta, “Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV”, 61.

[13] José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho español en Las Indias y del derecho propiamente indiano (Buenos Aires: Losada, 1945), 365.

[14] García-Gallo, Los origenes españoles de las instituciones americanas, 1023.

[15] Francisco Antonio Moreno y Escandón, “Estado del Virreinato de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada y relación de su gobierno y mando de D. Pedro Mesía de la Cerda, Marqués de la Vega de Armijo, Virrey por D. Francisco Antonio Moreno y Escandón, fiscal protector de indios en dicha Real Audiencia y Juez conservador de Rentas reales” 1772, f. 8v, Biblioteca Nacional de España, http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000087586.

[16] Joseph Aparicio Morata, “Plan Geográfico del Virreinato de Santafé de Bogotá” (Santafé de Bogotá, 1772), http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_262_frestrepo_36/fmapoteca_262_frestrepo_36.htm.

[17] Silvestre, “Apuntes reservados”, 56.

[18] Silvestre, “Apuntes reservados”, 85.

[19] Mónica Patricia Hernández Ospina, “Formas de territorialidad española en la Gobernación del Chocó durante el siglo XVIII”, Historia crítica, núm. 32 (2006): 24–25. Un trabajo de profundidad para observar las dificultades que representaba para el gobierno neogranadino la provincia del Chocó es Orián Jiménez Meneses, El Chocó, un paraíso del demonio: Nóvita, Citará y el Baudó, siglo XVIII (Medellín: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 2004).

[20] José Polo Acuña, “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de la Guajira (1750-1820)”, América Latina en la historia económica, núm. 24 (diciembre de 2005): 87–130.

[21] Hernández Ospina, “Formas de territorialidad española en la Gobernación del Chocó durante el siglo XVIII”, 20.

[22] Véase nota 19.

[23] Para los fines de esta reflexión no se abordarán las pretensiones territoriales de las cartas constitucionales que se promulgaron durante los años de 1810 a 1817. Un documento interesante al respecto del interés por dividir el reino en departamentos para que estos constituyeran gobiernos supremos desde una perspectiva independiente de la corona española, pero aún en monarquía constitucional, fue promulgado por el congreso federativo de Santafé en 1811. En este se denota el afán santafereño por mantener el control centralizado del territorio independiente y evitar la separación de las provincias, así como responder a los alegatos desde las provincias por los supuestos abusos del ejército republicano. Documentos importantes sobre las negociaciones que tiene pendientes el Estado de Cundinamarca para que se divida el Reyno en Departamentos (Santafé de Bogotá: Imprenta Real por Don Bruno Espinosa de los Monteros, 1811).

[24] Carlos Garriga Acosta, “Orden jurídico e independencia política: Nueva España, 1808-México, 1821”, en La revolución novohispana, 1808-1821, ed. Antonio Annino, 1. ed, Serie Historia crítica de las modernizaciones en México 2 (México, D.F: Fondo De Cultura Economica ; CIDE ; INEHRM ; CONACULTA, 2010), 36.

[25] “Ley sobre la organización del régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la república” Título II, Artículo 5°. Cuerpo de leyes de la República de Colombia. Comprende la constitución y leyes sancionadas por el primer Congreso Jeneral en las sesiones que celebró desde el 6 de mayo hasta el 14 de octubre de 1821, vol. I (Bogotá: Imprenta de Bruno Espinosa, 1822), 162.

[26] “Ley sobre organización de los tribunales y juzgados”, Título II, Artículos 8 y 9, Título IX, artículos 94 a 99, Título X, Artículos 100 a 123. Cuerpo de leyes de la República de Colombia de 1821, I:223, 240–245.

[27] “Ley orgánica del Poder Judicial”, Capítulo II, Artículo 8, § 2. Cuerpo de leyes de la república de Colombia que comprende todas las leyes, decretos y resoluciones dictados por sus congresos desde el de 1821 hasta el último de 1827 (Caracas: imprenta de Valentín Espinal, 1840), 371.

[28] Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación: nacionalismo en el proceso de formación del estado y de la nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Santafé de Bogotá: Banco de la República, 1994), 361–362.

[29] John Finlayson, “Geographical, statistical and historical map of Colombia” (Filadelfia: H.C. Carey I. Lea, 1822), http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/6750/0.

[30] John Lynch, Simón Bolívar: A Life (New Haven: Yale University Press, 2006), 276–279.

[31] Una síntesis sobre la permanente tensión entre Panamá y el centralismo colombiano puede verse en Salomón Kalmanovitz, “Por qué se fue Panamá”, Periódico en línea, El Espectador, (el 19 de marzo de 2012), http://www.elespectador.com/opinion/se-fue-panama.

[32] “Ley suprimiendo las prefecturas y departamentos”, Artículo 1. Colección de las leyes dadas por la Convención constituyente del Estado de la Nueva Granada, en las sesiones de los años 1831 y 1832 (Bogotá: Tipografía del Gobierno por J. A. Cualla, 1833), 6.

[33] “Ley haciendo que las provincias del centro de Colombia en un Estado con el nombre de ‘Nueva Granada’”, Artículo 2. Colección de las leyes, 1831 y 1832, 8–9.

[34] “Decreto orgánico de tribunales” Título II, Artículo 4. Colección de las leyes, 1831 y 1832, 89.

[35] König, En el camino hacia la nación, 518.

[36] Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos, siglo XVIII, Colección Espiral (Bogotá,: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Academia Colombiana de la Historia, 2002), 306.

[37] Herrera Ángel, Ordenar para controlar, 306–307.

[38] Polo Acuña, “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de la Guajira (1750-1820)”.

[39] Lina Constanza Díaz Boada, “Alianzas de poder en una región histórica: el caso de la élite pamplonesa  en el Virreinato de la Nueva Granada, 1795-1808”, HiSTOReLo. Revista de historia regional y local 8, núm. 15 (2016): 90–128.

[40] Sobre la región del Socorro véase la descripción de John Leddy Phelan, El pueblo y el rey: la revolución comunera en Colombia, 1781 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 241–242. Para el caso de Girón, Amado Antonio Guerrero Rincón, Poder político local: Cabildo de Girón, siglo XVIII (Bucaramanga: Centro de Estudios Regionales, SIC, Universidad Industrial de Santander, 2000).

[41] Jiménez Meneses, El Chocó, un paraíso del demonio; Hernández Ospina, “Formas de territorialidad española en la Gobernación del Chocó durante el siglo XVIII”.

[42] Germán Colmenares, Popayán: una sociedad esclavista, 1680-1800 (Cali: Universidad del Valle, División de Humanidades, 1973). Alonso Valencia Llano y Francisco Zuluaga, eds., Historia regional del Valle del Cauca (Cali: Universidad del Valle, 2011).

[43] Juan Carlos Vélez Rendón, “El establecimiento local del sistema republicano en Colombia. Gobierno, representación política y administración de justicia en la provincia de Antioquia, 1821-1853” (Tesis doctoral, El Colegio de México, 2011). María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez Gaviria, “Minería, comercio y sociedad en Antioquia, 1760-1800”, Lecturas de Economía, núm. 18 (1985): 53–113.

[44] Andrés Castro Roldán, “Santiago de las Atalayas: una ciudad de la frontera en el Nuevo Reino de Granada (XVI-XVIII)”, Fronteras de la Historia, núm. 12 (2007): 301–39.

[45] La reina también concedió perdones, pero limitados a los vasallos de sus tierras. En todo caso dicha práctica no se extendió más allá del reinado de Isabel la Católica. María Inmaculada Rodríguez Flores, El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII) (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971), 166–167.

[46] Rodríguez Flores, El perdón real, 171.

[47] Jesús Lalinde Abadía, “El régimen virreinosenatorial en Indias”, Anuario de historia del derecho español XXXVII (1967): 210.

[48] Lalinde Abadía, “El régimen virreinosenatorial en Indias”, 211–212.

[49] Rodríguez Flores, El perdón real, 50.

[50] Los gobernadores “tienen facultad de gracia para perdonar delitos comunes, excluyéndose los graves como el de lesa majestad”. Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del derecho indiano, Serie C–Estudios históricos 47 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994), 126.

Cite este artículo: Jairo Antonio Melo Flórez, "Divisiones territoriales en el término de la audiencia de Santa Fe. Desde la segunda creación del Virreinato de Santa Fe hasta la república neogranadina (1739-1832)," en Historia, crimen y justicia, 29/07/2016, http://hccj.hypotheses.org/119.

Jairo Antonio Melo Flórez

Magister en Historia por la Universidad Industrial de Santander (COL) y estudiante de doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán (MEX). Me especializo en la Historia del Crimen y la Justicia. Realizo además exploraciones en Historia Digital e Historia Pública.
Integrante del Grupo de investigaciones históricas sobre el Estado nacional colombiano (Colciencias)

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1 respuesta

  1. 09/11/2016

    […] enfoca en el perdón real como facultad delegada en el virrey aplicada en la jurisdicción de la Audiencia de Santafé, aclarando eso sí que no es con la creación del empleo que la clemencia llega al Nuevo Reino. […]

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